El simulacro de la reforma constitucional

La reforma constitucional es el último conejo salido de la chistera de José Luis Rodríguez Zapatero. La modificación de la, hasta ahora, intocable y sacrosanta Constitución se presenta como una medida clave para la recuperación económica. Por una vez y sin que sirva de precedente, el Partido Popular, tan conservador con el ordenamiento jurídico, se ha sumado a la propuesta con toda clase de palmeros. Los sindicatos, los regionalistas del peix al cove y la izquierda periférica (no solo geográficamente) únicamente discrepan, al parecer, en cuestiones formales y de procedimientos.

El consenso exhibido entre el PSOE y el PP ante la propuesta llama la atención por su excepcionalidad. Unos y otros llevan lustros sin compartir -en público, se entiende- ni un huevo frito. Casi una década a cara de perro, rayando la locura, como define Paul Krugman la actitud de los republicanos estadounidenses respecto del Gobierno demócrata. Los populares españoles, como los republicanos americanos, han llegado a negar la legitimidad de los respectivos presidentes del Gobierno, envenenando a la opinión publica con insensatas teorías de la conspiración. Esta actitud vociferante, sin embargo, no ha impedido que populares y socialistas hayan ido tejiendo una red de complicidades (poder judicial, sistema bancario, grupos de comunicación, relaciones con el Vaticano, etcétera) que se asemejan mucho al tráfico de influencias. Los dos partidos hacen oídos sordos, además, al control presupuestario y del gasto de los tribunales autonómicos de cuentas, que son, según la Declaración de Pamplona del 2006, los «órganos autonómicos de control externo dedicados a la fiscalización del sector público de sus comunidades, función a la que hay que añadir la de asesoramiento a sus respectivos parlamentos en materias económico-financieras». Por si era poco, unos y otros aplican políticas públicas intercambiables allá donde gobiernan y comparten el mismo diagnóstico -el sector público es culpable de la crisis- y la misma receta: aumentar las medidas recaudatorias en lugar de combatir el fraude y la mala gestión. Un alto cargo con doble militancia política y académica alardeaba hace poco -en la intimidad, por supuesto- de que con un inspector fiscal por cada 5.000 habitantes terminaba con la crisis. La hipocresía institucional ha alcanzado la cima del disparate, provocando la indignación justificada de muchos.

Durante años nos hemos esforzado en creer en la Política (con mayúsculas) como el mejor instrumento de gobierno de los demás poderes en concurrencia en esta sociedad posindustrial y premoderna. En creer que la política deliberativa era el menos malo de los sistemas posibles para resolver las tensiones sociales, a pesar de que la clase política nos lo ha puesto cada día más difícil. Educados en los catecismos igualitaristas, nos rebelamos contra la desafección porque sabemos que la política que no hagamos nosotros se nos dará hecha. Pero la ocurrencia del cambio constitucional -y tanto me da que la idea sea genuinamente española o imposición del eje franco-alemán- es la gota que colma el vaso del autoengaño imprescindible para continuar creyendo en los Reyes Magos de la política parlamentaria. Ante el miedo a la foto de la intervención -a la foto, no a la intervención misma, que es real como la deuda misma-, el Gobierno y su alternativa se lían la misma manta de la reforma constitucional como si esa fuera la panacea salvadora de las crisis que redecoran el mundo y reubican el papel de la política ante los flujos económicos. Los dos grandes partidos, tan reacios al consenso, comparten por fin un mismo diagnóstico. Pero, a mi parecer, la reforma constitucional -que entraría en vigor ¡en el 2020!- es una respuesta mágica que, en realidad, no compromete a nada y que aleja toda autocrítica sobre las políticas públicas ejecutadas por ambos partidos.

Con este despeje a córner, la política entra en el terreno del simulacro definitivo que describió Jean Baudrillard: una representación que pierde toda su conexión con la realidad. Con el falso debate propuesto, las Cortes españolas se convierten en un simple teatro, un espacio dedicado a la simulación o, como decimos en catalán, a la fugida d’estudi. No nos engañemos: las normas legales no cambian la realidad, son solo mecanismos de seguridad cuando fallan otros mucho más importantes: la moral pública, las mentalidades, las ideologías, la sociedad civil o la misma política. Y este es el corolario de un acuerdo que, como diría el semiólogo Paolo Fabbri, es una tregua provisional en un mundo -el de la política realmente existente- donde lo más importante es al parecer el engaño de la sociedad y el secuestro de los temas de debates importantes. ¿Un referendo? ¿Lo convocaron para construir la delirante línea de AVE Cuenca-Toledo o el aeropuerto sin aviones de Castellón? ¿Para triplicar instituciones con el único motivo de comprar voluntades? ¿O se trata, más bien, de echar mano del viejo truco de la cortina de humo para desviar la atención del despilfarro compartido por los partidos de gobierno?

Por Toni Mollà, periodista.

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