El síndrome del expresidente en prisión

El expresidente de Perú Ollanta Humala es escoltado por policías a la cárcel de Diones, en Lima, donde también está preso el expresidente Alberto Fujimori. Credit Martín Mejía/Associated Press

Un expresidente que va a la cárcel produce una sensación inquietante, un leve desequilibrio, como si en alguna parte del simbólico edificio de la nación se hubiera retirado una pieza y ahora no se sabe cómo se comportarán las restantes.

En los últimos 16 años, el Perú ha tenido una racha de cinco presidentes constitucionales. Récord absoluto en un registro que ya va para los dos siglos. El primero, Valentín Paniagua, fue designado de urgencia en medio del derrumbe del régimen de Alberto Fujimori, dejó un buen recuerdo pero gobernó menos de un año. Alejandro Toledo, su sucesor, tiene orden de captura internacional y vive en California, a la espera que un juez estadounidense decida su destino. El siguiente, Alan García, vive en Madrid, visita Lima y no tiene requerimientos con la justicia, aunque su nombre ha sido mencionado en multitud de casos de corrupción. El último, o penúltimo de la sucesión, Ollanta Humala, junto con su poderosa pareja, Nadine Heredia, acaban de ser detenidos.

El cargo tiene riesgos laborales insostenibles. Se supone que los expresidentes son la voz de la experiencia, en algunos lugares hasta los consideran objetos suntuosos e inútiles como jarrones chinos, pero en el Perú desde hace mucho tiempo, son el centro de encarnizados debates políticos. Es la transfiguración en cuatro o cinco personas de un malestar colectivo, de algo que ocurre en la conciencia de millones de personas: la bancarrota o crisis generalizada de las maneras que los peruanos tienen para organizarse y representarse políticamente. Y apenas es la cumbre de una enorme montaña, debajo de ella se encuentra el país flotante y siempre inesperado, que atraviesa los tiempos sin dirigencias, élites, ejemplos compartidos que marquen un rumbo.

Por eso, las vicisitudes judiciales de la pareja Humala-Heredia deben ser vistas en el plano más amplio de una disolución paulatina, un hundimiento del que no se sabe qué puede resultar. La escalera descendente ha sido proporcionada esta vez por el caso Lava Jato. Hace 16 años fueron los videos que grababa Vladimiro Montesinos como chantaje y autobiografía. Con una periodicidad aproximada a los grandes desastres del fenómeno de El Niño, cada tres lustros los drenajes del sistema político se obstruyen y nos vemos obligados a vivir en la emergencia, hasta que el barro se seca.

Cierto que no deja de ser un consuelo que el sentimiento anticorrupción se haya extendido a los más diversos estratos, aunque cada cual lo haga por distintas razones y la introspección sea muy rara.

Como cada escalón, el último tiene rasgos peculiares y hasta únicos. Se trata de una pareja de esposos, “la pareja presidencial” se les llamaba hace menos de un año. Lo conyugal, desde los chistes sexuales hasta los ataques políticos, ha alimentado a la prensa, la televisión y la maledicencia pública durante cinco años. En general, nadie los defiende, aunque muchos piensan que no son las principales cabezas que hay que cobrar. Están solos, abandonaron a sus aliados y no crearon nuevas alianzas. El aparato de los negocios, los medios, la sociedad mejor establecida, la misoginia nacional, nunca los llegó a aceptar, aunque no fueron ni por asomo el Chávez andino y la Cristina criolla que tanto los desvelaba.

En realidad, no podían ser de otro modo: su impericia política era notable. Eran una pareja afortunada y ambiciosa que volvió a encontrar el modo de cruzar al otro lado del espejo de nuestra representación política. Acto asombroso, demostrado reiteradamente al menos desde los tiempos de Alberto Fujimori, como prueba de lo mágico y profundamente irracional de esas rifas colosales que los peruanos organizan cada cinco años bajo el nombre de elecciones generales.

Esto ocurre en el año uno de la era Trump. Pocos días antes, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva del Brasil, algo así como el CEO de la casa matriz de la corrupción continental, recibió una condena de nueve años de prisión. Ya nadie confía en sus presidentes y el Perú cree tener el privilegio y el espanto de marchar adelante en este fenómeno extendido. Una nueva reedición de la vieja frase del poeta Cesar Moro: “En todas partes se cuecen habas, pero en el Perú solo se cuecen habas”.

Los caminos judiciales son inescrutables, aunque es probable que la detención de los Humala-Heredia no dure mucho tiempo, se discute su carácter “preventivo”. Pero, al menos para él, los problemas con la justicia apenas acaban de comenzar. Se presenta en el horizonte el juicio de Madre Mía, un lugar remoto de la Amazonía donde Ollanta Humala, bajo el seudónimo de Capitán Carlos, sirvió durante los años de la guerra contra Sendero Luminoso. Fosas clandestinas, cuerpos exhumados, testimonios, las pruebas contra él se siguen reuniendo, y si se presentan con todo su aterrador significado, es posible que el juicio de Madre Mía se convierta en la madre de todos los juicios, donde se sopesarán los actos de un hombre, pero también los de una institución y sus formas de hacer la guerra.

Pero todo esto es demasiado difícil de digerir en un solo bocado. Por el momento se le acusa de haber recibido 3 millones de dólares para su campaña electoral. La flagrante hipocresía que envuelve estos procedimientos es que todos saben que los principales candidatos recibieron otros tantos “aportes”, millones más, millones menos, de la misma fuente o de manos todavía más oscuras, como el narcotráfico, la tala de madera o la minería ilegal. Por eso, tal vez, una súbita conmiseración por el caído ha ganado los ánimos de algunos de sus peores enemigos en los últimos días. Después de todo, nadie sufre el síndrome del expresidente preso como otro expresidente que todavía está libre.

Luis Jochamowitz, escritor y periodista, colabora en la revista Caretas, ha escrito Ciudadano Fujimori y Vladimiro, además de libros de crónicas y cuentos.

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