El sistema de prestaciones británico se ha vuelto loco

Es probable que Mahatma Gandhi jamás haya dicho que «la grandeza de una nación puede juzgarse por el trato que da a los más débiles». Pero no por eso la frase es menos cierta. Y hoy, el Reino Unido corre riesgo de no pasar el examen.

Según la Joseph Rowntree Foundation, 14,5 millones de personas (el 22% de la población del RU, de 65 millones) viven debajo de la «línea de pobreza» (que se define como ganar menos del 60% de la mediana de ingresos). De los 42 millones que forman la población en edad de trabajar, unos cinco o seis millones de personas (es decir, alrededor del 12%) están desempleadas o subempleadas (quisieran trabajar más y no pueden). Unos ocho millones de ciudadanos en edad de trabajar (el 20% del total) tienen derecho a lo que en el RU se denomina «beneficios» (la provisión total o parcial de sus ingresos por parte del Estado).

Las cifras son aproximadas y algunos de los detalles están en disputa. Pero la imagen general es que (incluso sin la COVID‑19) el sistema capitalista británico no puede proveer en tiempos normales un salario vital a cerca de un quinto de la población del país en edad de trabajar.

Es un cambio enorme respecto de fines de los cuarenta, cuando el RU instituyó su formidable estado de bienestar. Según la filosofía que lo inspiró (reflejada en el Informe Beveridge de 1942) el Estado debía garantizar el pleno empleo, el trabajo proveería los ingresos necesarios para una vida digna, y el sistema de bienestar se encargaría de las «interrupciones» por causas como el desempleo, la enfermedad y la maternidad.

Llegados los años sesenta las interrupciones se habían vuelto mucho más frecuentes, no por un aumento del desempleo, sino porque la cantidad de pedidos de «asistencia nacional» (beneficios no cubiertos por los seguros) creció más rápido que la población en edad de trabajar. Al principio esto se debió ante todo a un incremento de la cantidad de madres solteras y a la extensión de prestaciones por incapacidad. Pero después (incluidos los primeros años de la década de 1980) la causa fue el aumento del desempleo y de la precariedad laboral.

La situación actual, en la que alrededor del 20% de la población en edad de trabajar «vive del Estado» existe desde los noventa. El aumento de las solicitudes tuvo como resultado inevitable una mayor aplicación de condicionalidades (evaluación de la situación económica de los solicitantes, etc.), lo que sumado al reclamo de simplificar un sistema cada vez más fragmentado, llevó a la introducción del actual régimen de crédito universal (cuya larga implementación comenzó en 2011). El nuevo esquema consolidó en un solo pago mensual seis beneficios para personas en edad de trabajar, con o sin empleo.

Pero el cambio fundamental fue antes, en 1995, cuando el gobierno conservador de aquel tiempo sustituyó la prestación de desempleo con la «asignación por búsqueda de empleo» o JSA (Jobseeker’s Allowance). A diferencia del anterior compromiso keynesiano con el pleno empleo, la nueva asignación se supeditó a que el solicitante cumpliera la «actividad laboral» de dedicar 35 horas a la semana (el equivalente de un empleo a tiempo completo) a buscar trabajo. El incumplimiento de la «actividad laboral» necesaria supondría la suspensión o reducción de la asignación (el «salario»).

La filosofía detrás de esta parodia de contrato de trabajo la explicó claramente Neil Couling (un alto funcionario del Departamento de Trabajo y Pensiones, DWP, del RU) en su testimonio ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Cámara de los Lores en marzo de 2021: «Sí, el sistema exige a 2,5 millones de beneficiarios del crédito universal buscar trabajo como condición para recibir el crédito universal. (…) Para conseguir trabajo, hay que buscarlo».

Como explica el DWP: «el compromiso del solicitante, a imagen y semejanza de un contrato laboral, deja en claro que la prestación es otra forma de trabajo». Es decir: «Así como los trabajadores tienen obligaciones respecto de los empleadores, los solicitantes tienen una responsabilidad hacia los contribuyentes».

Pronunciamientos como este son prueba de que la locura (la incapacidad de distinguir la fantasía de la realidad) se ha adueñado del sistema. Es verdad que para conseguir trabajo hay que buscarlo. Pero es imposible encontrarlo cuando no lo hay, ni siquiera dedicando a la búsqueda horas extra. La fantasía detrás del sistema (base además de la economía neoclásica) es el supuesto de pleno empleo (según el cual, todo desempleo es resultado de la preferencia de trabajadores sanos por el ocio).

Además, el sistema de prestaciones británico incluye otro supuesto absurdo: que todos los solicitantes son entendidos en tecnología. En la conmovedora película I, Daniel Blake vemos los intentos cada vez más desesperados que hace un carpintero desempleado con un infarto reciente para presentar una solicitud de ayuda a través de Internet. Su cardióloga le ha prohibido volver a trabajar, pero las autoridades dicen que no tiene «puntos» suficientes para la prestación por incapacidad. Así que Blake tiene que inscribirse para la JSA, asistir a un taller de redacción de CV y entrenarse para salir a buscar empleos que su situación médica le impedirá ejercer.

Blake es un analfabeto digital y va a la biblioteca pública a usar una computadora. La bibliotecaria le dice que «lleve el ratón hacia arriba en la pantalla», así que Blake toma el ratón y lo pasa por el monitor.

Luego escribe un CV a mano y lo presenta ante varios empleadores, que le dicen que no tienen ningún trabajo que darle. Pero los funcionarios de la JSA no se dejan convencer. «No es suficiente, Sr. Blake, ¿cómo sé que usted realmente habló con todos estos empleadores? Demuéstrelo». Esto es puro Kafka: una máquina insensible siguiendo un algoritmo implacable.

Claro que hay método en la locura: el crédito universal se puede ver como una herramienta deliberada para amoldar un sector hoy redundante de la fuerza laboral a la forma requerida por mercados laborales de menor cualificación. Pero hay un error de diagnóstico: el problema es que la demanda agregada de mano de obra es insuficiente, no que haya exceso de oferta de un tipo de mano de obra inadecuado.

La única salida de este sistema es reemplazar la fantasía con la realidad. Si el sector privado británico no puede proveer en tiempos normales empleo digno a todas las personas que quieren y pueden trabajar, el Estado debe intervenir y ofrecer empleo público garantizado. Eso reducirá de inmediato la cantidad de solicitantes del crédito universal que «buscan empleo» y, al eliminar el «ejército de reserva de los desempleados» del que habló Marx, invertirá el sentido de la presión actual a la baja sobre los salarios.

Cualquier trabajo comunitario, por duro que sea, será más gratificante que una búsqueda sin esperanzas, empresa tras empresa, de empleos que no existen. Aunque el trabajo es la única forma real de salir de la pobreza, la clase inútil de trabajo que exige el contrato de prestaciones británico es un camino a ninguna parte para muchos de los miembros más débiles de la sociedad.

Robert Skidelsky, a member of the British House of Lords, is Professor Emeritus of Political Economy at Warwick University. The author of a three-volume biography of John Maynard Keynes, he began his political career in the Labour party, became the Conservative Party’s spokesman for Treasury affairs in the House of Lords, and was eventually forced out of the Conservative Party for his opposition to NATO’s intervention in Kosovo in 1999. Traducción: Esteban Flamini.

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