El sistema universitario español, en entredicho

Por segundo año consecutivo ninguna universidad española ha conseguido escalar a los puestos más altos del Ranking de Shanghai, que copan un club selecto de instituciones académicas procedentes, principalmente, de Estados Unidos y del Reino Unido. No es algo de extrañar si tenemos en cuenta que nos hayamos en un subsistema científico que es absolutamente global y, por tanto, se desarrolla en inglés. Por eso es lógico que las universidades que mejor compiten en él sean las anglosajonas y aquellas que llevan años haciendo casi toda su vida académica en inglés, y ahí hay que incluir a una buena parte de las universidades asiáticas, las hebreas y algunas europeas como las holandesas o las de los países nórdicos.

Cada vez que se publica uno de estos rankings y los centros españoles no figuran entre los mejores, comienza a cuestionarse la validez y la calidad de nuestro sistema universitario. El problema es que este debate únicamente se abre de manera puntual y desaparece del espacio público una vez que se acaba el revuelo por las bajas puntuaciones obtenidas. No debería ser así, porque un buen funcionamiento del sistema educativo es esencial para el crecimiento económico y fundamental para la movilidad social y la realización como persona.

Ahora bien, hay que advertir que la universidad española no está carente de calidad. Dispone de buenos profesores -con premios y acreditaciones que les avalan- y con el debido esfuerzo y los recursos necesarios serían capaces de alcanzar metas similares a los conseguidos por esos centros que copan los primeros puestos del Ranking de Shanghái. Tan es así, que en las áreas temáticas y listas por disciplinas sí nos encontramos con universidades españolas entre las cien primeras posiciones.

Entonces ¿qué es lo que está fallando en la universidad española? En primer lugar, la universidad requiere de un verdadero debate en el que participen todos los actores implicados y que los políticos sean capaces de llegar a un Pacto Educativo al margen de intereses partidistas, en contra de lo que ha sucedido hasta el momento. Basta observar la proliferación de universidades en las dos últimas décadas -como mínimo una en cada capital de provincia y con tantas especialidades como fuera menester- para hacerse una idea d ela situación. No importaba el coste, porque se pensaba más en la rentabilidad y los intereses políticos que en los fines que estas instituciones estaban llamadas a cumplir.

En segundo lugar, las universidades carecen de instrumentos ágiles y eficaces para incentivar la excelencia. Por ejemplo, como consecuencia de la crisis existen pocos recursos públicos para investigar, y aun menos privados. Como consecuencia, una buena parte de los doctorandos -los más sobresalientes, por cierto- se ven obligados a marcharse a otros países para poder continuar con sus carreras.

Al mismo tiempo, esa falta de recursos también está impidiendo que los profesores puedan financiar la traducción de sus artículos para presentarlos en revistas de prestigio internacional, o acudir a congresos internacionales para exponer sus avances científicos, a menos que ellos mismos corran con todos los gastos. Esto no solo supone un perjuicio para el profesorado sino para la misma institución universitaria que ve cómo queda limitada su proyección internacional.

Asimismo, si a esta escasez de fondos le sumamos la famosa tasa de reposición impuesta por el gobierno y los intereses de las propias instituciones universitarias, tenemos como resultado que una buena parte del personal docente universitario -principalmente los más jóvenes- se encuentra en una situación de verdadera precariedad e inestabilidad laboral. Unos profesores que, pese a sostener con su esfuerzo las necesidades docentes, ocupan puestos temporales que no corresponden a su acreditación profesional y ven limitada su carrera académica ante las irrisorias oportunidades de promoción que les brinda la universidad.

Las universidades también se han llenado de profesores interinos o de falsos profesores visitantes o asociados que cobran unos sueldos que oscilan entre los 400 y 800 euros mensuales -dependiendo la figura docente que ocupen- y, en el caso de los asociados, ellos mismos tienen que abonar la cuota de autónomos para poder proseguir su carrera académica. Las universidades se han inventado toda una ingeniería de derecho laboral para continuar cubriendo la docencia a un bajo coste.

Por si esto no fuera suficiente, los docentes universitarios españoles se encuentran sometidos a una fuerte carga burocrática que les obliga a dedicar gran parte de su tiempo a cuestiones relacionadas con la gestión (encuestas, evaluaciones, dirigir departamentos, facultades, máster…) debido a la notoria falta de apoyo administrativo.Y ello aun cuando tienen un exceso de carga docente y de alumnos como consecuencia de nuestra interpretación particular de la reforma de Bolonia.

Por otra parte, el sistema obliga a los profesores más jóvenes a conseguir cada vez más méritos, sin tener recursos ni medios, para acceder a las distintas acreditaciones que les permitan seguir sobreviviendo y compitiendo en este mundo universitario.

Otro de los problemas que tiene la universidad española es el de los altos precios públicos de los estudios, por encima de los de muchos países europeos. Si a ello unimos el débil e insuficiente sistema de becas existente, vemos cómo se atenta contra la igualdad de oportunidades. Además, los planes de estudios dejan mucho que desear, porque los grados se quedan cortos para cubrir de forma sólida algunas materias, y los máster no están bien articulados y, en muchas ocasiones, carecen de los contenidos para garantizar una formación especializada que sea válida para el mundo laboral.

Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.

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