El supervisor se explica

Cuando todo estaba dispuesto para valorar con suficiente perspectiva histórica la crisis financiera española, la emergencia de un nuevo episodio —el derrumbe y resolución con cambio de propiedad del Banco Popular— condiciona las conclusiones definitivas de cualquier análisis. Este tardío coletazo también da por inconclusas las radicales transformaciones operadas en el sistema bancario español, así como a evitar simplificaciones en el diagnóstico, como las que asumen que esa convulsión tenía como único epicentro el subsector de cajas de ahorros.

Lo que el colapso del Banco Popular avala es la presunción de que los problemas en las entidades crediticias españolas han actuado de catalizadores de los experimentos europeos en la gestión de crisis bancarias. La anticipación de la Unión Bancaria, la aplicación de ayudas financieras o rescates sectoriales por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) o la primera instrumentación del Mecanismo Único de Resolución de crisis, han tenido en los problemas españoles sus desencadenantes o primer banco de pruebas. Que lo peor haya pasado no significa que los estudiosos del sistema financiero español den carpetazo a sus investigaciones. Tampoco aquellos otros interesados, como los diputados, obligados a disponer de criterio al respecto.

A unos y otros está dirigido el documento que acaba de difundir el Banco de España: Informe sobre la crisis financiera y bancaria en España: 2008-2014. Su lectura es recomendable al menos por dos razones. En primer lugar, el papel central de esa institución en el seguimiento de la economía y del sistema financiero, en particular del sistema bancario, a la que se le atribuyen responsabilidades en la no anticipación de la crisis y en el seguimiento de los riesgos que asumieron las entidades de crédito. En segundo, por su capacidad analítica para producir una completa descripción de lo ocurrido, de sus antecedentes y del tratamiento en términos de política económica y de supervisión de los operadores bancarios.

El relato no es completo: la descripción de la crisis de Bankia esta inacabada y, obviamente, la protagonizada por el Banco Popular. Algunas de las numerosas preguntas que la mayoría de los ciudadanos, diputados incluidos, se han formulado en estos años, pueden encontrar respuesta en esas páginas. Otras no.

En los periodos por los que transita el informe (2000-2007; 2008-2011; 2012-2013 y 2014) se pasa revista a la evolución del entorno macroeconómico, del sector financiero y de las actuaciones regulatorias, tanto internacionales como españolas. Una crónica bien ordenada y documentada del periodo más aciago de la moderna historia económica del país, que ha generado daños todavía observables en las finanzas públicas, en el tejido empresarial, en el bienestar de la mayoría de los ciudadanos, en la erosión reputacional de las instituciones, públicas y privadas, nacionales y europeas.

El diagnóstico de los desencadenantes de esa severa particularización de la crisis en España es más evidente que la atribución de responsabilidades. Desde la sustitución de la peseta por el euro, de la obligada cesión de la política monetaria, todo conjuró para que las familias y empresas españolas acumularan niveles de endeudamiento sin precedentes. Los principales cómplices fueron unos tipos de interés históricamente bajos y una percepción del riesgo español fuera de nuestras fronteras que también se asimiló al de las economías más estables y solventes con las que compartíamos moneda y Banco Central. Nos endeudamos hasta las cejas con los bancos y cajas de ahorros españoles para comprar activos inmobiliarios, y las entidades bancarias lo hicieron en el exterior para satisfacer de muy buen grado esa demanda de crédito. Y en esto llegó la crisis de las hipotecas basura estadounidenses: la desconfianza entre los bancos, en particular de los acreedores hacia los deudores, y el desplome en el valor de los activos que habían actuado como garantía de esos créditos. En la siguiente fase, a partir de 2011, la crisis se extendió a los mercados de deuda pública, conformando ese “bucle diabólico” que aisló a las economías periféricas, España e Italia incluidas, hasta que el BCE anunció su voluntad de impedir el peor de los desenlaces: haré todo lo que esté en mi mano por evitar la fragmentación o desaparición del euro, advirtió Mario Dragui. Más vale tarde que nunca.

El rescate al sector bancario, mediante la solicitud de una línea de crédito de 100.000 millones de euros, sujeta a una “estricta condicionalidad” , fue administrada, si no por los señores de negro instalados en Grecia, por otros de gris marengo no menos tolerantes con la soberanía de nuestra política económica. La transformación en bancos de las cajas de ahorros, la reducción del número de oficinas y de su personal fueron algunas de las condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento (MoU, por sus iniciales en inglés).

Más relevante que preguntarse por qué no se vio venir la crisis, es hacerlo por la tolerancia a la excesiva concentración de riesgos de cajas y bancos. En diciembre de 2007, las actividades relacionadas con la construcción, el sector inmobiliario y la financiación para la adquisición de vivienda representaban el 62,5% del crédito total al sector privado. Fue esa acumulación de riesgos durante los siete años previos al contagio estadounidense la responsable de la gravedad diferencial de la crisis en nuestro país. El Banco de España disponía de la autoridad suficiente no solo para advertir de esa acumulación, sino para evitarla: no era un ejercicio fácil y no pocos analistas confiábamos en que, en ausencia de choques externos, fuera digiriéndose gradualmente el empacho inversor en la construcción residencial y la actividad inmobiliaria.

No todas las cajas de ahorros cayeron en la tentación inmobiliaria, ni en todas ellas operó de la misma forma la singularidad de su gobierno corporativo, como era la presencia de políticos en sus órganos de administración. Cajas del País Vasco, Andalucía, Aragón o Cataluña sortearon la crisis porque sus directivos evitaron concentraciones de riesgo excesivas. Las regulaciones eran las mismas, pero los comportamientos fueron distintos.

Las lecciones que deja la crisis, muchas de ellas susceptibles de deducir del informe, son valiosas, tanto para los Gobiernos —el nacional y algunos autonómicos— como para el propio supervisor. Las referidas a la suficiencia y mejora de los instrumentos de supervisión son admitidas por el Banco de España, al igual que la necesaria disposición a retirar el ponche de la fiesta cuando esta amenaza con descontrolarse. A pesar de las indecisiones y torpezas de algunas políticas europeas, del informe también es fácil deducir la mayor severidad del desenlace de no haber estado amparados en la comunidad de vecinos de la eurozona.

Emilio Ontiveros es presidente de Afi.

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