El surgir de un nuevo ciclo

Aumentan los indicios de que el régimen que inauguró la Transición pierde capacidad operativa, y con ello, legitimidad, para resolver los problemas que se han ido acumulando. Se precisa de una reforma radical -desde muy diferentes intereses y puntos de vista se ha hablado incluso de una Segunda Transición- que, sin embargo, parece altamente inverosímil que las fuerzas políticas establecidas lleven a cabo.

La crisis mundial puede estar abriendo un nuevo ciclo en nuestra historia contemporánea. Recordemos que desde la invasión napoleónica hemos tenido cuatro. La Primera Restauración, de carácter absolutista, dura de 1814 a 1833 y, como en 1975, acaba con la muerte de la persona que encarna todo el poder del Estado. El segundo ciclo, este ya liberal, aunque muy debilitado por las guerras carlistas, persiste hasta septiembre de 1868 en que Isabel II tiene que salir de España. Sigue una etapa de tanteo e incertidumbre que no logra consolidarse en monarquía constitucional ni en república. Un tercer ciclo liberal, hasta ahora el más largo, se extiende desde la Segunda Restauración en 1875 a la dictadura de Primo de Rivera en 1923. Curiosamente, el Desastre de 1898 no puso en cuestión al régimen, por lo menos a corto plazo, aunque facilitó que emergiese la todavía no resuelta “cuestión catalana”.

Desde 1917 se multiplican las señales de que la Segunda Restauración perecería si no lograba reformarse. La I Guerra Mundial fue el factor determinante para que se planteara este dilema, tanto por el crecimiento económico que los dos primeros años de guerra trajeron consigo, como por la grave crisis social que desencadenó el final. El desmoronamiento de los imperios alemán, austriaco y, sobre todo, el triunfo de la Revolución Bolchevique en Rusia, influyeron de manera decisiva sobre el movimiento obrero europeo; también en España la crisis se sintió con fuerza, donde el régimen liberal alfonsino había impedido la integración social y política de las clases trabajadoras. Después de un largo interregno (1923-1936) en el que tampoco pudo consolidarse la monarquía parlamentaria ni la república, en 1936 empieza un cuarto ciclo autoritario que llega hasta 1975. Se destaca por la estabilidad, debida tanto a la brutal represión de los 20 años posteriores a la Guerra Civil, como al rápido crecimiento económico a partir de los sesenta que transformó España en una moderna sociedad industrial.

Un hecho altamente significativo resalta en esta historia: en los regímenes que mostraron mayor estabilidad, el fernandino (1814-1833), el alfonsino (1875-1923) y el franquista (1936-1976), incluso en el mucho menos estable primer liberalismo (1833-1868), el poder estuvo al servicio de las clases superiores, aunque, obviamente, la evolución socioeconómica llevase consigo una distinta composición tanto de las clases dominantes (latifundistas, industriales, financieras) como de las trabajadoras (ocupadas en el campo, en la industria, en servicios) con un crecimiento lento, pero continuo de los sectores medios.

No es exagerado decir que en España siempre ha gobernado la derecha, hasta el punto de que los partidos de esta tendencia piensan que casi es un derecho natural. Cuando no se respeta la “mayoría natural”, de la que hablaba Fraga, más bien pronto que tarde, se desemboca en la catástrofe. Solo causas excepcionales, como la permanencia de algunos rescoldos del franquismo, llevaron a los socialistas al poder en 1982, o el brutal atentado del 11 de marzo permitió a Zapatero ganar las elecciones contra todo pronóstico y lógica. Sin ello no se entendería que la derecha hubiera quedado en minoría ante una izquierda que, al cuestionar el orden natural, no produciría más que incertidumbre e inestabilidad. Este último año el PP ha vuelto con especial vigor a este discurso: para salvar todas las dificultades, incluida la crisis, basta con que las aguas vuelvan a su cauce natural y gobierne la derecha.

Se amontonan los indicios de que elementos básicos del régimen actual no casan, o simplemente no funcionan, y no cabe descartar que a medio plazo el ciclo llegue a su final. Las señales son tan conocidas, que basta con mencionarlas. La más palpable es el distanciamiento creciente de los ciudadanos, no de la política, sino de los políticos. Nos vamos acercando peligrosamente al sistema de partidos, caciquismo y corrupción, que ya hundió la Segunda Restauración. En la Transición hubo que improvisar a partir de la nada los partidos de la derecha gobernante, y casi de la nada a los de izquierda, con la sola excepción del Partido Comunista que contaba con una cierta presencia en Madrid y Barcelona, pero también casi inexistente en la España rural y provinciana. Para garantizar la mayoría absoluta al partido gubernamental recurrió a una ley electoral muy injusta con los partidos de ámbito nacional que quedasen en tercer y sucesivos lugares; de hecho se implantó un bipartidismo que en algunos aspectos recuerda al que operó en la Segunda Restauración. A ello se suma la financiación pública de partidos, sindicatos, patronales, y organizaciones sociales de todo tipo, de modo que la “sociedad civil” queda reducida, como decía Aranguren, a la “sociedad mercantil”, es decir, a las empresas y sus fundaciones.

Los nacionalismos periféricos empiezan a arreciar al comenzar el siglo XX. La Mancomunidad de Cataluña se establece en abril de 1914 y la dictadura de Primo de Rivera la suprime. Sobre un Estado unitario que mantiene la provincia y sus diputaciones intactas, la Constitución de 1978 levanta las autonomías, una forma muy especial de descentralización administrativa a las que se otorga poder ejecutivo y legislativo. Con la esperanza de acabar con ETA, se establece el concierto económico en el País Vasco y Navarra -luego dicen que no se paga a la violencia terrorista- sin caer en la cuenta de que comporta una dinámica confederal que a medio plazo amenaza con la desmembración del Estado. La crisis ha puesto de manifiesto los costos impagables de la organización territorial que nos hemos dado; incluso los defensores a ultranza de las bondades de nuestra Constitución terminarán por reconocerlo. Ahora bien, cualquier modificación drástica de las autonomías, y no digamos su supresión, traería consigo el final del régimen. Creo que nos encontramos en un momento comparable al que vivió a partir de 1917 la Segunda Restauración. Ante los enormes retos a los que nos enfrentamos -estos sí, bien visibles- es difícil predecir la fuerza que puedan desarrollar los sectores sociales más críticos. En todo caso, los defensores del régimen seguirán ensalzando una Transición que permitió pasar de la dictadura a la democracia “desde la legalidad a la legalidad”, reclamando volver al “espíritu de consenso”, que habría dado tan buenos frutos.

Empero, no toman en consideración dos cuestiones claves. La primera, que el milagro español resultó de tener el reformismo franquista la sartén por el mango y no poder aspirar los vencidos, bajo la mirada vigilante de un Ejército franquista, más que a ser tolerados en un régimen de libertades, que desde la situación de que partimos no era moco de pavo. A ello se sumaba el temor de uno y otro bando de enfrentarse en una nueva guerra civil, tragedia que a toda costa había que impedir, este sí un consenso en el que todos participamos.

Tampoco se toma en cuenta que aquellos barros trajeron estos lodos. La Transición se hizo desde el poder, con los mínimos cambios posibles -únicamente se suprimieron las estructuras directas del Movimiento, prensa, sindicatos verticales, cuyo personal se reintegró en el sector público- manteniendo intocadas todas las demás estructuras del Estado. Una buena parte de los problemas que hoy tenemos en la Universidad, en la judicatura, en las Administraciones centrales y autonómicas, provienen de que hayan permanecido con pocas modificaciones, que en muchos casos solo han servido para empeorarlas.

Desde hace más de un decenio los hijos, y sobre todo los nietos, de la generación que hizo la Transición han hecho público su desacuerdo con el régimen. El distanciamiento, y ahora la protesta en la calle, han ido en rápido aumento. Si a ello añadimos el calado y la duración previsible de la crisis -se ha desplomado nuestro sistema productivo, cayendo en picado la productividad y el empleo, sin que se divise el que lo pueda sustituir ni el tiempo que requiere su instalación- no me parece un disparate prever a medio plazo el final del ciclo.

Ignacio Sotelo, catedrático de Sociología.

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