Un controvertido acuerdo parajudicial entre Irán y Argentina sobre un atentado terrorista en una organización judía en Buenos Aires ha relanzado el debate sobre la creciente presencia de Irán en América Latina. Ese atentado causó la muerte de 85 personas en 1994.
En América Latina, las tensiones mundiales que repercuten en su vida política son a menudo ignoradas por sus dirigentes. En los años de la Guerra Fría, las acciones de cubanos y soviéticos, promoviendo movimiento guerrilleros, y las respuestas de Estados Unidos, apoyando a los “militares anticomunistas”, no formaban parte de las explicaciones habituales cuando se trataba de comprender las décadas de violencia insurgente y terrorismo de Estado que vivió la región. La democracia va cerrando las heridas de esos dramas pero la dificultad para incorporar lo que sucede en el mundo en el análisis político nacional, continúa. El vínculo con Irán, sus derivaciones y costos, no son una excepción
Hace un par de años, Mahmud Ahmadinejad visitó cuatro países de la región, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Cuba. Estos gobiernos que se declaran progresistas recibieron, sin inquietarse por la incoherencia, a un dirigente que milita en contra de la existencia histórica de Holocausto, que reprimió y mató a manifestantes que objetaban el último resultado electoral en su país y que exhibe orgulloso las posiciones más reaccionarias sobre libertades individuales. ¿Qué hay de seductor, para cierta izquierda, en este presidente homofóbico? ¿Se entusiasman porque está en contra de Estados Unidos? ¿Ser antiamericano excusa todos los pecados y justifica todas las amistades? Quizás la respuesta sea más simple: a menudo no es la comunidad de ideas y valores la que reúne a los individuos sino, más bien, las mutuas conveniencias del poder y el dinero.
Hace algún tiempo, cuando le pregunté a un canciller latinoamericano el motivo del romance iraní, no me contestó. Luego de mi insistencia, logré que frotara el índice contra su pulgar en un ademán que en estas partes del mundo quiere decir dinero.
Sea cual fuere la razón, otra vez se ignora que cada vez que las cuestiones de seguridad de Estados Unidos entraron en América latina nuestra región se convirtió en un infierno. ¿Cuál es el sentido de que América Latina vuelva a convertirse en zona de seguridad estratégica por los cálculos comerciales de algunos de sus países?
En este marco surge ahora la sorpresiva celebración de un acuerdo entre Argentina e Irán para “avanzar“ en la investigación del atentado contra la Asociación de Mutuales Israelíes de Argentina (AMIA), acuerdo que no tendrá valor judicial sino, en todo caso, simbólico.
Tras una intrincada investigación, la justicia argentina identificó hace años como los principales sospechosos del atentado a la AMIA a varios miembros del gobierno iraní. Teherán siempre negó su responsabilidad y rechazó que los sospechosos fueran indagados en el marco del proceso judicial.
De forma inesperada, se abrieron negociaciones secretas que concluyeron hace pocos días con la firma de un memorándum de entendimiento entre los cancilleres de los dos países para formar una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación.
El gobierno argentino afirma que lo acordado permitirá destrabar el juicio contra los sospechosos del atentado de la AMIA. Sin embargo, el memorándum no hace ninguna concesión en materia de actuación de la justicia argentina. Lo único que admite es “el análisis de los documentos aportados” por las dos partes y las preguntas a algunos de los principales personajes de historia. El texto dice: “nada en este acuerdo podrá perjudicar los derechos de los individuos garantizados por la ley”. La ley iraní y la constitución, a su vez, establecen que los ciudadanos iraníes sólo pueden ser citados a comparecer por una corte competente iraní sobre la base de una evidencia firme. Esto cierra la discusión sobre el carácter para-judicial de la comisión de la verdad y sobre la continuidad del procedimiento.
La presidenta Cristina Kirchner calificó el hecho de “histórico”. Quizás tenga razón porque el retroceso que implicaría este memorando puede marcar la historia de la justicia del país. Ambos gobiernos, inexplicablemente, se han comprometido a que el memorándum sea ratificado por los parlamentos, lo cual lo transformaría en ley, elevándolo a la categoría de tratado. Un tratado no se deshace por un simple acto administrativo. Así, los argentinos y sus futuros gobiernos quedarán atados a un texto que cierra el camino de la justicia.
Curiosamente, en Argentina ni los defensores ni los detractores del acuerdo se preguntan por qué el negacionista Ahmadinejad, súbitamente, abre el camino para que se discuta (en Teherán) el asesinato de 85 personas, la mayoría judía.
En octubre pasado, Ahmadinejad declaró a la agencia FARS: “sólo cuando el tema de estas investigaciones sea aclarado, estarán dadas las condiciones para la expansión de los vínculos entre Irán y Argentina”.
Esto es lo más claro de esta confusa historia: el gobierno argentino quiere aumentar el comercio (hoy exporta 1.200 millones de dólares e importa 20 millones) y el presidente iraní quiere lavar una grave sospecha que lo perjudica en la región.
Si los iraníes son los que concibieron el atentado, el acuerdo bloqueará a la justicia. Y si un verdadero proceso judicial un día probara que no fueron ellos, esta parodia habrá sido una excelente y sofisticada estafa política.
Dante Caputo, a former Argentine foreign minister and a member of parliament, was Secretary for Political Affairs of the Organization of American States and representative of the United Nations and the OAS in Haiti in 1992.