A finales de agosto, para el regreso a clases, maestros, estudiantes y padres llegaron a la primaria Rafael Veloz en Ciudad Juárez vestidos de blanco, se tomaron de la mano y lloraron. La directora del colegio, Elsa Mendoza Márquez, fue asesinada el 3 de agosto en el atentado de El Paso. Los padres tuvieron que explicarles a sus hijos pequeños por qué ya no iba a estar la profesora. La subdirectora les dijo que Mendoza siempre iba a estar con ellos en su corazón.
Mendoza, de 57 años, fue una de los ocho ciudadanos mexicanos en el saldo de veintidós personas asesinadas en el ataque en que un hombre llamado Patrick Crusius está acusado de haber disparado en una tienda Walmart con un rifle tipo AK-47. La mayoría de las víctimas eran estadounidenses de ascendencia mexicana; una era de ciudadanía alemana. Mendoza había cruzado la frontera para visitar a familiares en El Paso, de acuerdo con reportes, y acudió a la tienda Walmart mientras su marido e hijo esperaban en el auto.
El atentado de El Paso fue de los principales temas tratados en la primera reunión entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el nuevo embajador estadounidense ante México, Christopher Landau, el 26 de agosto. (La última embajadora, Roberta Jacobson, renunció en mayo de 2018 y desde entonces ha sido crítica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump).
La postura de México es que la justicia para las víctimas de El Paso debe incluir una condena al odio que, a decir de las autoridades, llevó a Crusius a cometer el atentado masivo. “Es muy importante perseverar y precisar, y clarificar y exigir que se tomen las medidas para que esto no se repita”, ha dicho Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México.
Ebrard ha solicitado que se presenten cargos por terrorismo contra Crusius y ha sugerido que su país podría pedir la extradición. La Organización de Estados Americanos (OEA) respaldó el 28 de agosto la declaración de que lo sucedido fue un acto terrorista.
El gobierno mexicano tiene razón en llamarlo así. La masacre sí parece haber sido un acto con motivación política pensado para sembrar terror y odio. Fue el tipo de violencia que no solamente genera discordia entre los estadounidenses, sino que podría provocar tensiones entre Estados Unidos y México.
Desafortunadamente, hay pocas probabilidades de que se presenten cargos específicamente por terrorismo por la manera en la que las leyes estadounidenses formulan ese delito, y la extradición de Crusius no parece probable. Sin embargo, aún sin esos cargos, los procuradores y la policía estadounidenses necesitan dejar en claro que este caso fue un crimen político para crear terror en vez de un acto descabellado de una persona desquiciada.
El gobierno de Estados Unidos debe, en todos los niveles, ser firme al condenar este tipo de violencia política, especialmente de cara a la retórica antiinmigrante que surge de la Casa Blanca.
El término terrorismo es uno de los más debatidos en inglés. Algunos abogan porque se aplique a gobiernos que bombardean a civiles y no solamente a grupos insurgentes y a atacantes solitarios que matan a gente. Otros arguyen que se debe aplicar para cualquier responsable de un ataque masivo incluso si no tenía intenciones ideológicas generales.
Sin embargo, la mayoría está de acuerdo con que se habla de terrorismo cuando una persona o grupo asesina a civiles inocentes en nombre de alguna causa política o religiosa. El tiroteo en El Paso parece encajar perfectamente con esa descripción.
Crusius no solamente confesó que quería atacar a mexicanos, según las autoridades, sino que un manifiesto que se le atribuye dice que el ataque no fue por razones personales sino políticas de “defender” al país de lo que llamó el “remplazo cultural y étnico por una invasión”.
El modus operandi en el tiroteo de El Paso fue muy similar a los de otros atentados en masa como el de Las Vegas en 2017 y el de Parkland, Florida, en 2018. Pero, a diferencia de esos siniestros, este tiroteo tuvo una motivación política clara.
El fiscal federal para la región de El Paso, John Bash, incluso les dijo a reporteros que el delito estaba siendo revisado como un caso de “terrorismo interno”. Los procuradores, sin embargo, dicen que es un término usado para las investigaciones, pero no uno que pueda imputarse.
Mientras, los cargos específicamente por terrorismo son presentados contra quienes trabajan en organizaciones extranjeras extremistas. Hay una doble moral cuando se trata de la violencia islámica radical, a la que se responde con cargos terroristas, y cuando hay violencia de supremacistas raciales: no son imputadas igual.
El gobierno de México también enfrenta sus propios enormes problemas de masacres sangrientas, con niveles récord de homicidios en el primer semestre del año. Tan solo hacia la medianoche del 27 de agosto hubo un ataque brutal que ha dejado más de veintinueve muertos al momento y que fue perpetrado, según la policía, por miembros de un cártel. El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en marzo que su gobierno está considerando nombrar a algunos cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas.
Los fiscales en México han presentado cargos por terrorismo contra afiliados de cárteles en el pasado. En el caso de un ataque de 2015, las acusadas eran personas que realizaron los llamados narcobloqueos, cierres de calles con camiones en llamas, la quema de gasolineras y el derribo de un helicóptero militar con un lanzacohetes.
Sin embargo, aun cuando México enfrenta tal violencia en casa, sigue siendo crucial que reaccione al asesinato de sus ciudadanos en el extranjero. Después de todo, Estados Unidos ha condenado los homicidios de estadounidenses en territorio mexicano al mismo tiempo que sigue teniendo tasas de asesinatos altos en su propio país.
El llamado de México para que se condene la violencia política racista puede parecer algo que servirá de poco; no logrará revivir a las víctimas de El Paso. Pero es de esperarse que si los funcionarios estadounidenses reprenden claramente ese tipo de violencia y priorizan castigar el terrorismo racial, puede prevenirse otra masacre del mismo tipo. Y así el regreso a la escuela de niños al sur y al norte del río Bravo estará menos marcada por los intentos de los menores para comprender por qué una maestra, una amistad, un ser querido o un padre ya no está con ellos.
Ioan Grillo, colaborador de la sección de opinión, es autor de El narco: En el corazón de la insurgencia criminal mexicana y, más recientemente, de Caudillos del crimen: de la Guerra Fría a las narcoguerras.