Desde 21 de julio, la Policía Federal de Brasil ha detenido a 12 sospechosos de preparar atentados e intentar contactar el Estado Islámico. Fue la primera aplicación de la nueva ley antiterrorismo aprobada este año. Los supuestos terroristas se convirtieron en motivo de broma en las redes sociales: no tenían armas ni entrenamiento militar, no se conocían personalmente y hablaban por los servicios de mensajería móvil WhatsApp y Telegram. Sin embargo, masacres como las de Niza o Múnich fueron perpetradas por hombres con un perfil no muy distinto.
En pocos días, Brasil será la sede de las olimpiadas, ¿están preparadas las autoridades y la sociedad para la amenaza de ataques terroristas, como los que sucedieron en los juegos de Múnich en 1972 y de Atlanta en 1996?
En parte, la dificultad de hablar del tema en Brasil tiene una razón histórica. La dictadura de 1964-1985 manipulaba el término terrorista para clasificar así incluso a grupos pacíficos que se oponían a ella. En la democracia, el liderazgo político ha evitado utilizar la palabra. Grupos fundamentalistas, como Al Qaeda o el Estado Islámico, son algo muy lejano de la realidad de los brasileños, que hace más de un siglo conviven con una gran comunidad árabe (entre siete y diez millones, incluyendo al presidente interino Michel Temer, hijo de inmigrantes libaneses), próspera y bien integrada.
La población también se confunde con los discursos contradictorios del gobierno sobre el tema. Los ministros de Justicia y de Defensa ofrecen evaluaciones muy distintas sobre la naturaleza y dimensión de las amenazas. ¿Son grandes, pequeñas, cuántos sospechosos se han detectado? Y algo aún más importante: ¿qué debe hacerse para enfrentarlas? Esas polémicas estuvieron igualmente presentes en los debates sobre la ley antiterrorismo —irónicamente, promulgada en el gobierno de Dilma Rousseff, pues ella misma fue presa política en la dictadura por pertenecer a un grupo armado que la dictadura consideraba como terrorista—.
La percepción en Brasil es que esa legislación es el resultado de la presión internacional, sobre todo por haber sido elegido para albergar los juegos olímpicos. La nueva ley es controversial, con una definición muy amplia y vaga sobre lo que es el terrorismo, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos y por las Naciones Unidas, que temen que sea usada contra los movimientos de la sociedad civil que han organizado las grandes protestas contra los gobiernos brasileños desde 2013.
Los brasileños enfrentan no solo su falta de experiencia con el terrorismo, sino también la escasez de recursos para la seguridad, sobre todo en el nivel local, como en el gobierno de Río de Janeiro, donde se celebrará la XXXI olimpiada. La profunda crisis política actual, con un proceso de juicio de destitución contra la presidenta Rousseff aún sin concluir, y la peor recesión en 25 años hacen a la mayoría de los ciudadanos hostiles o indiferentes a los juegos olímpicos —solo 40 por ciento cree que el evento será bueno para la nación—.
Río de Janeiro enfrenta un colapso financiero y los sueldos de los bomberos, médicos, policías y profesores sufren retrasos de 10 a 30 días, dependiendo del mes. Muchas veces no hay plata para cuestiones básicas como comprar gasolina para los vehículos policiales. Además, la empresa Artel Recursos Humanos, que haría las inspecciones en busca de armas en las instalaciones deportivas, es pequeña, sin experiencia con grandes eventos y no había entrenado a sus funcionarios. El ministro de Justicia canceló este viernes su contrato, a una semana del inicio de los juegos, y pasó esa responsabilidad a la Fuerza Nacional.
El gobierno está concentrado en los riesgos de lobos solitarios que actúan bajo la inspiración de grupos fundamentalistas y tienen como blanco delegaciones extranjeras, como las de Estados Unidos, Francia y Turquía. Hay una intensa cooperación internacional para apoyar a Brasil, el problema es que las policías y el servicio de inteligencia no tienen ni la experiencia ni los especialistas, como Siria o Irak, con conocimiento detallado de cómo funciona el Estado Islámico.
Hay también preocupación con la inseguridad creciente en Río de Janeiro. El estado tuvo casi 2100 homicidios de enero a mayo del 2016, 13 por ciento más que en el mismo periodo de 2015. Un ataque como el de Niza por semana. La Fuerza Nacional, encargada de proteger las instalaciones deportivas en los juegos olímpicos, sufre la coerción de los grupos paramilitares en los barrios pobres donde actúa. Para muchos brasileños, el crimen común es una amenaza mucho más inmediata y cotidiana que el terrorismo. Pero eso no hace al terrorismo una amenaza menos peligrosa y real.
En el contexto de la realización de megaeventos deportivos, se hace evidente que Brasil no puede escapar de la necesidad de preparar su defensa contra el terrorismo. El país necesita invertir en la formación de especialistas, en materiales adecuados para las fuerzas de seguridad. El reto no es solo del Estado, sino también de la sociedad, la prensa y las universidades, y radica en cómo reflexionar sobre el problema desde la perspectiva de la realidad brasileña.
La guerra está en nosotros es una novela del escritor brasileño Marques Rebelo sobre el impacto de la Segunda Guerra Mundial en la vida cotidiana de Río de Janeiro. Así fue. Así es, si tomamos en cuenta las preocupaciones de seguridad en una ciudad ya muy herida por las tragedias de los crímenes comunes, la circulación sin control de armas automáticas y la inadecuación de su policía. Hay que añadir a todo esto el miedo del terrorismo.
Salir airoso de la amenaza de un ataque terrorista es para Brasil una de las mayores pruebas de estos juegos olímpicos. Ojalá lo logre sin víctimas, en un mundo donde eso es cada vez más raro.
Maurício Santoro es doctor en Ciencia Política y profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.