El tiempo de la inteligencia

Por Manuel Rico, escritor y autor, entre otras obras, de Trenes en la niebla, 2005, y Por la sierra del agua, 2006 (EL PAÍS, 01/02/07):

Cierta prensa y ciertas tertulias españolas bordean el surrealismo. Cada día nos levantamos con titulares y proclamas que aluden a la supuesta debilidad de la política antiterrorista del Gobierno y a presuntas concesiones políticas a ETA, cuando la realidad lo desmiente rotundamente. La propia ETA, tras el atentado de la T-4, declaró que la Constitución y la legalidad habían sido los límites impuestos por el Gobierno en el llamado proceso de paz; es decir, los establecidos por el Congreso de los Diputados, el Pacto de Ajuria Enea y el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. El sentido común dice que por esa firmeza del Gobierno se produjo, precisamente, el atentado del 30-D. Pues no: el PP afirma lo contrario. Como acto de fe y sin prueba alguna.

Ante esa situación (sin precedente en treinta años de democracia) no son pocas las voces que, a veces desde el progresismo, se colocan en la equidistancia y equiparan la actitud del Gobierno con la de la oposición. “Todos se han equivocado”, tal es su lema. Con ello se elude entrar en el fondo, se alimenta el apoliticismo y, de paso, se corre un tupido velo sobre una política, la de la oposición, que quiebra un consenso estratégico que es norma común en toda Europa en materia antiterrorista. No hay equidistancia posible en un asunto de tanta trascendencia para la estabilidad democrática, que afecta a la médula del Estado y al propio sistema constitucional.

Si los hechos nos dicen que el Gobierno no ha efectuado ni una sola concesión política, ¿qué lleva al PP y a ciertos observadores a satanizar una política que no ha llegado, ni mucho menos, tan lejos como lo hizo, hace casi una década, el Gobierno de Aznar, que no sólo negoció con ETA, sino que, además de calificar a la banda con términos de guerrilla de liberación, acercó presos, suavizó la política penitenciaria y proclamó la necesidad de un diálogo? ¿O fue simple casualidad que, tras el atentado de la T-4, Arnaldo Otegi afirmara ante las cámaras de televisión que Aznar fue “más generoso” que Zapatero?

Es preocupante comprobar cómo las desconfianzas que nunca se hicieron presentes tras el fracaso del proceso iniciado por Aznar florezcan ahora, cuando el fracaso no se acompaña esta vez de la necesidad de reconducir medidas favorables a la banda. “Todos son iguales”. Ése es el mensaje de la equidistancia, pero la realidad no es así. Si los errores esenciales de Zapatero han sido transmitir un optimismo no acorde con la realidad o no haber detectado insuficiencias de información o de interlocución, no son, en absoluto, equiparables con la falta de sentido de Estado del PP ni con los fallos del proceso anterior. ¿Cómo comparar un error de percepción con el acercamiento objetivo a Euskadi de más de un centenar de presos de ETA y con la concesión de beneficios penitenciarios a miembros de esa banda? ¿Cómo poner en el mismo plano el optimismo de Zapatero con la organización de seis manifestaciones no contra ETA sino contra el Gobierno, cinco de ellas cuando no había atentados? ¿Cómo valorar de igual modo una decisión con respaldo parlamentario (en España y la Unión Europea) que daba continuidad a una política antiterrorista aplicada por todos los Ejecutivos de la España democrática con la descalificación permanente y la reiteración de falsedades?

Cuidado con algunos discursos: no todo vale, no todos los políticos son iguales, no es lo mismo el exceso de optimismo que la deslealtad, la deficiencia de información que las concesiones apresuradas a los terroristas…

La actuación no responsable de la oposición ha tenido dos capítulos adicionales: las mociones presentadas para prolongar en el Parlamento un tenso debate sobre terrorismo y la crítica a la discreción con que se desarrolló, el pasado 12 de enero, el encuentro entre Zapatero e Ibarretxe. Cuando los ciudadanos exigen discreción y eficacia en la lucha contra el terrorismo y en el camino hacia la paz, el PP busca la estridencia, el debate sin conclusiones unitarias, la confrontación abierta.

Más allá de la intencionalidad electoralista, se advierte una actitud de resistencia ante los cambios que se han producido en la realidad vasca y española en los últimos años. Se trata de una apuesta nostálgica por el frentismo que informó la política vasca entre 1999 y 2003, que fue inevitable entonces pero terminó proporcionando réditos sin precedentes al soberanismo. Incluso se ha llegado a afirmarque la situación del País Vasco, al tener un carácter excepcional, ha de resolverse con medios políticos excepcionales (¿?), y ello tras recordar la suspensión por Blair de la autonomía del Ulster, pero sin hacer referencia al hecho de que atentados del IRA, con numerosos muertos, no interrumpieron un proceso de paz compartido por conservadores y laboristas. Esa política de excepcionalidad ¿no sería el mejor favor que se podría hacer a la banda terrorista?

Es cierto que el nacionalismo ejerce una presión muy notable en la vida cotidiana del País Vasco. También lo es que el nacionalismo está en las antípodas de la Ilustración y de una concepción universalista del término ciudadanía. Pero el rigor intelectual nos exige actuar con conciencia de la complejidad de los procesos que viven los colectivos humanos, y valorando los cambios, aunque sean pequeños. Y la realidad es que, a pesar del atentado de Barajas y a pesar del tremendismo con que el PP nos despierta cada mañana, el País Vasco ha experimentado cambios en sentido positivo. No debemos olvidar que a principios de 2004 esa comunidad y la política española estaban marcadas por el Pacto de Estella y por el plan Ibarretxe y que desde entonces han ocurrido muchas cosas. Veamos: las Cortes rechazaron el plan Ibarretxe y los vascos confirmaron en las urnas tal rechazo; hoy son más numerosas y claras las voces dentro del mundo abertzale que abogan por la paz (ahí está la firmeza de Aralar); se ha acrecentado el peso de las posiciones menos radicales en el PNV, hasta el punto de que ese partido apoya al Gobierno central; el número de víctimas del terrorismo ha descendido radicalmente; la kale borroka está a años luz de lo que fue a principios de la década… Es más: la ciudadanía, dentro y fuera del País Vasco, soporta mucho menos la violencia, sea de “baja” o “alta intensidad”. Además, la eficacia policial, en Francia y en España, se ha intensificado y la fragilidad de la banda es mayor.

Todos esos son signos que hablan de un avance de la racionalidad y la democracia. Los meses del “alto el fuego” llevaron a que la ciudadanía de Euskadi viviera una experiencia colectiva distinta. En 2006 mejoró la convivencia, se abrieron fisuras en el monolitismo nacionalista, el País Vasco (aunque parezca un aspecto irrelevante, lo creo esencial) fue contemplado como un destino turístico por muchos más ciudadanos de toda España que en años anteriores y avanzó el diálogo cultural entre nacionalistas y no nacionalistas. De esa experiencia positiva, nadie ha salido indemne. Ni siquiera el mundo abertzale, donde las discrepancias comienzan a ser visibles.

Así que no podemos instalarnos en el inmovilismo. Eso llevaría al bloqueo, al establecimiento de dos frentes inconciliables cuyo resultado es nefasto para la convivencia (y, como vimos en 2000, electoralmente ruinoso para las opciones no nacionalistas). No podemos retroceder a un Pacto Antiterrorista que nació de la imposibilidad, en plena era Estella, de sumar plenamente a la lucha contra ETA al PNV, a EA, a EB. Eso sería caminar hacia el pasado cuando la sociedad mira hacia el futuro: sería reeditar un pacto a dos cuando la práctica totalidad de las fuerzas políticas (incluidas gran parte de las que firmaron el Pacto de Estella) quieren comprometerse ahora en la estrategia antiterrorista.

Es obvio que la maquinaria del Estado (policial y judicial) ha de actuar con eficacia y firmeza. Pero también debería serlo que la política es el espacio de la inteligencia: la lucha contra ETA y el aislamiento de los violentos exigen la más amplia unidad, requieren un acuerdo que amplíe el actual Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo. Es decir, algo más parecido al Pacto de Ajuria Enea o al de Madrid que al que PP y PSOE suscribieron en pleno auge del frentismo. Es una exigencia que, según todos los estudios de opinión, cuenta con el apoyo de una amplia mayoría de los ciudadanos del País Vasco y del conjunto de España.

No actuar con ese criterio no ayudará a instalar la racionalidad en Euskadi, ni siquiera a ampliar el espacio de la democracia, el constitucionalismo, el Estatuto. Por el contrario, coadyuvará a un cierre de filas nacionalistas, con el riesgo de reedición del Pacto de Estella (el mejor regalo para el radicalismo). La inteligencia y la prudencia políticas no están reñidas con la firmeza y el rigor en la defensa de la ley y de la Constitución y sus valores.