El tiempo juega en contra de todos

Por Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional (EL PERIÓDICO, 31/01/07):

No hacía falta que se dijera en ningún documento de naturaleza política, porque, aunque no se dijera, sería así, pero desde el Pacto de Ajuria Enea –a finales de los ochenta– se dejó dicho por todos los partidos firmantes del mismo que no se admitirían otras modificaciones en el ordenamiento jurídico, esto es, en la Constitución y las leyes, que no fueran las aprobadas por los órganos constitucionales y autonómicos legitimados para ello y siguiendo el procedimiento que cada reforma exigiera.
El ordenamiento jurídico en su integridad es un límite político –no solamente jurídico sino también político– para el diálogo que pueda entablarse para poner fin a la violencia. Mientras persista la violencia ningún partido democrático podrá plantearse siquiera introducir cambios en el mismo. Los cambios serán los que tengan que ser según las preferencias que expresen los ciudadanos en las urnas una vez que las elecciones puedan celebrarse en condiciones de igualdad, esto es, en ausencia de violencia.

ESTE HA sido desde siempre el límite para cualquier diálogo con ETA o con Batasuna y continúa y continuará siéndolo. Aquí no ha habido cambios. De ahí que no se entienda muy bien que ETA/Batasuna se sorprenda de que el Gobierno acuda al diálogo con ella con la Constitución y la ley por delante, como nos ha dicho recientemente después del atentado del 30 de diciembre pasado. ¿Es que puede acudir de otra manera? Aunque quisiera acudir de otra manera, no podría. Es posible que ETA/Batasuna no entienda muy bien qué es eso de la división de poderes, pero existir, existe. De la misma manera que existe el derecho a la tutela judicial efectiva, que no solo los protege a ellos, que únicamente pueden ser procesados y condenados con todas las garantías que la Constitución reconoce, sino que protege a todos los ciudadanos, que pueden acudir a los tribunales para hacer valer sus derechos y para iniciar acciones contra quienes hayan cometido actos terroristas. Aunque los fiscales hicieran una huelga de brazos caídos, lo que es inimaginable, no sería posible impedir que se residenciaran ante los tribunales de justicia las conductas de los etarras.
Quiere decirse, pues, que en el diálogo para poner fin a la violencia no se pueden negociar cambios normativos, sino que lo único que se puede negociar son las condiciones de la derrota. ETA/Batasuna ha sido derrotada y no puede pretender a través del diálogo convertir esa derrota en victoria. Por mínima que sea. Ni se puede hablar de Navarra, ni se puede hablar de autodeterminación, se le llame derecho a decidir o se le llame como sea, ni se puede hablar de territorialidad. Mientras se pretenda que el diálogo se extienda a esos extremos, se estará ante un diálogo de sordos.
No sé si ETA/Batasuna considera que existe un cierto margen para fijar los términos del diálogo y que si el Gobierno quiere se puede avanzar. O, dicho de otra manera, que el diálogo es un asunto de voluntad política exclusivamente. Pero si lo considera, está en un error. Ella tiene libertad para continuar haciendo disparates, pero el Gobierno no dispone de dicha libertad. El derecho al disparate es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, terroristas incluidos. En consecuencia, los miembros de ETA/Batasuna podrán continuar ejerciendo ese derecho y cometiendo disparates. Obviamente, el disparate es un disparate, por mucho derecho que se tenga a cometerlo, y será reprimido de la forma prevista en el ordenamiento, de acuerdo con la naturaleza del mismo. Pero un Gobierno no dispone del derecho al disparate. La acción del Gobierno está reglada tanto desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista del procedimiento. Solo puede querer lo que el ordenamiento le permite que pueda querer y únicamente puede quererlo de la forma en que el ordenamiento le permite que lo quiera.

EL GOBIERNO carece de libertad para fijar los términos del diálogo con ETA/Batasuna. El Gobierno dispone de una cierta discrecionalidad para administrar la victoria, lo que, a la inversa, supone que ETA/Batasuna dispone de un cierto margen de libertad para negociar los términos de la derrota. Pero el terreno de la negociación no puede ser otro que el que resulta del contacto entre la administración de la victoria y los términos de la derrota.
Y esto es así por imperativo constitucional y legal. Y lo es cada vez más. Pues la Constitución del 2007 no es la Constitución de 1998. Ha habido un desarrollo normativo de la misma, en parte marcado por la necesidad de hacer frente a la persistencia de una acción terrorista de enorme intensidad y ha habido una interpretación jurisprudencial de la Constitución y de su desarrollo normativo tanto por la jurisdicción ordinaria como por la jurisdicción constitucional, que limitan al Gobierno en el diálogo para poner fin a la violencia.
El margen de maniobra que tiene el Gobierno actual tras el fin del alto el fuego permanente como consecuencia del atentado del 30 de diciembre es menor que el que tuvo el Gobierno que debió hacer frente a la ruptura de la tregua de 1999. Cuanto más se tarde en poner fin a la violencia, menor será el margen de que dispondrá el Gobierno en la negociación y, en consecuencia, más duras tendrán que ser las condiciones en las que ETA/
Batasuna tendrá que negociar su derrota. El tiempo juega en contra de todos.