Verán, fui el afortunado abogado al que le tocó lidiar en Europa con el canon digital; no estuve solo, sino que conté con la ayuda de grandes compañeros juristas. Recuerdo también a grandes periodistas que fueron sensibles a tamaña corrupción; corrupción a medias entre los políticos, mayoritariamente del PSOE, con la connivencia del Partido Popular, y las entidades de gestión encabezadas por Teddy Bautista por parte de la SGAE y Enrique Cerezo por EGEDA.
No hemos de olvidar, que el canon digital fue un invento de José María Aznar, teniendo de vicepresidente primero y portavoz del gobierno a Mariano Rajoy Brey para intentar comprar a los "titiriteros" que se habían posicionado en contra de la Guerra de Irak.
Empezó el procedimiento “Padawan” en Barcelona, después el recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y al final llegó la sentencia del TJUE. Pero después, llegó el cumplimiento de la sentencia. Y llegó justo cuando el PP asumió el poder, el poder absoluto. Meses antes éstos habían cambiado de bando, pasando de defensores del canon digital a convertirse en sus principales detractores. Y eso fue justo, justo, cuando los miembros de la plataforma Todos contra el canon sobrepasamos los dos millones de firmas. En ese momento, nos cambiaron a Beatriz Salmones, defensora a ultranza del canon digital, por una campaña en los ayuntamientos y la creación de la web Ppopular, que indicaba cuántos días faltaban para la finalización del canon, web que desapareció una vez ganadas las elecciones.
Y entraron a caballo en las estructuras del Estado, a las ordenes del Estafermo, pero sobre todo asaltaron Cultura y Justicia, con una visión providencialista que no les ha abandonado los últimos años. “Mando y ordeno porque soy el que escribe el Boletín Oficial del Estado lo que me place” y los jueces “deben obedecerme", porque ellos "deben obedecer al Boletín Oficial del Estado”.
En el tema del canon digital, se limitaron a fijar una cantidad a voleo, a vuelapluma; unos pocos millones, porque no podían no poner nada menos. Las entidades de gestión, mantuvieron, en los primeros momentos, un perfil bajo porque, a cambio de esas migajas, se impediría de facto que los ciudadanos y empresas pudieran exigir el retorno de lo pagado indebidamente desde el año 2003 a 2011, y además poder quedarse con todos aquellos derechos de autor cuyos beneficiarios no son conocidos; y que habrían de haberse revertido por parte de las entidades de gestión al Estado. Ciertamente, una pasta; unos 500 millones de euros que se ahorraron devolver, y otros tantos millones del dinero recaudado sin autor conocido, por los que el Estado, no preguntaba.
A cambio de ello, la cantidad alzada en concepto de canon, que entre todos les hemos dado a las entidades de gestión, ha rondado los cinco millones anuales. Ese importe está muy alejado de lo que, juez en mano, recaudaban las entidades de gestión (200 millones), y también de los mil millones que una empresa de estadística y prospección, de la que Pedro Farré, y Teddy Bautista resultaron ser sus cargos principales, estimaban como “estafa a las entidades de gestión”.
Es decir, y perdonen el atrevimiento; pasamos de que se exigía por parte de las entidades de gestión “lo que les salía de los c...” a darles por parte del Gobierno “lo que les salía de los c...”
Y al tercer año, las entidades de gestión encabezadas por EGEDA, VEGAP y DAMA, entidades de gestión no tan implicadas en la primera sentencia del canon digital, recurren; primero ante el Supremo, y luego ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, quien admite a trámite el recurso.
Para lo que nos interesa, el mecanismo del Tribunal de Justicia de la UE, tiene una especie de fase intermedia, que es el informe del “abogado general”, una especie como de fiscal, más o menos. Su informe, que antecede habitualmente un par de meses a la sentencia del tribunal, establece, en más de un 80% de los casos, cómo va a ser el resultado final de la Sentencia.
Un Estado “normal” lo que hace, inmediatamente después del informe del abogado general, es modificar a toda prisa la legislación de forma que cuando llegue la sentencia del TJUE estén los deberes hechos.
Pues bien, este martes el abogado general ha dictaminado que si bien se puede cargar el canon digital a los Presupuestos Generales del Estado, la estimación del mismo debe hacerse a posteriori, y con un método claro y transparente de cálculo, que pruebe la realidad de lo exactamente calculado. Y de momento vamos de cabeza, de nuevo, a otro desastre, que todos sabemos cómo acabará.
Desgraciadamente, al final, a los ciudadanos no nos han devuelto ni un euro de lo pagado en concepto de canon digital. Luego debo hablar de mi experiencia en otra sentencia en la que he intervenido, que es la del llamado “céntimo sanitario”, que debería haberse devuelto unas docenas de miles de millones por parte del Estado a los ciudadanos y las empresas. En este momento las reclamaciones se acumulan en la Sala Tercera del Tribunal Supremo; lo mismo pasa con las cláusulas suelo, o la estafa de las preferentes, donde bancos y cajas han hecho su agosto cuando pusieron de magistrado de la Sala Primera del Supremo al jefe de Asesoría Jurídica de La Caixa, pudiendo continuar haciendo lo que les placía, o como dicen los castizos, “pasarse el derecho y la justicia por el arco...”.
Desde hace más de cuatro años, diversas sentencias (casi un centenar) del TJUE han sido publicadas sin que el Estado español se haya esforzado lo más mínimo en adaptarse. En unas pocas, las más mediáticas, el cumplimiento de dichas resoluciones ha sido superficial y a regañadientes. Nada ha cambiado, de fondo y en el fondo, sin embargo.
Tanto es así, que en un desplazamiento oficial absolutamente extraordinario a Madrid del propio Tribunal de Luxemburgo trató con los magistrados del Tribunal Supremo Español la cuestión de El valor vinculante de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y las consecuencias de esa inobservancia, según es de ver en la propia nota del TJUE de fecha 24/10/2014 y n.º 141/14
“No hace falta decir nada más” (Bernd Schuster).
Josep Jover es abogado especializado en derechos de autor, propiedad intelectual.