El tipo único es más justo y eficiente

Por Miguel Sebastián, profesor en la Universidad Complutense de Madrid (EL PAÍS, 03/11/07):

En los últimos 30 años se ha producido una notable redistribución de la renta en España, medida por múltiples indicadores económicos. Sin duda, ésta ha sido una de las numerosas contribuciones de la democracia a nuestro país. Muchos pensarán que esta mejor distribución de la renta se debe al desarrollo de nuestro sistema fiscal, con las sucesivas reformas introducidas desde 1978. Nada más lejos de la realidad. Nuestro sistema fiscal no es progresivo, es decir, no es cierto que paguen una mayor proporción de su renta los que más ganan. De hecho, es proporcional o ligeramente regresivo. La proporcionalidad significa que se paga la misma proporción de la renta, independientemente de lo que gana cada uno. Este fenómeno, común a otros países, se debe a que los impuestos indirectos son regresivos y a que las cotizaciones sociales son básicamente proporcionales, y no se ve compensado por los impuestos directos, que teóricamente deberían ser los progresivos. El tema se agrava porque estos últimos, presentan, además, fuertes distorsiones que hacen que sean ex post menos progresivos de lo que fueron diseñados ex ante.

Vemos el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Es llamativo lo poco conocidos que son los datos del IRPF, el impuesto directo por excelencia, que en teoría recoge todas las rentas percibidas (no sólo las salariales) y que se supone es el paradigma de la progresividad y al que se le asigna el papel de gran herramienta fiscal para la redistribución de la renta. La última decila de dicho impuesto (es decir, el 10 por ciento que declara recibir la renta más alta) y que cualquier persona sensata consideraría los “ricos” de una sociedad, está definida a partir de una renta de 39.000 euros anuales brutos. Es decir, que, según el IRPF, el que gane más de 3.250 euros brutos al mes puede considerarse “un rico de pleno derecho”, porque sólo el 10 por ciento de nuestro país declara recibir una renta igual o superior a ésa.

Y el último percentil (es decir, el 1 por ciento que declara la renta más alta) está definido a partir de una renta de 99.000 euros anuales brutos, es decir, 8.250 euros brutos al mes. Si alguno de los lectores de este artículo gana esa cantidad o una superior puede estar de enhorabuena. Pertenece usted al club de los “riquísimos”, el 1 por ciento “más rico del país”.

En España hay 100.000 personas que declaran situarse en ese percentil de la renta. Conozco a muchas personas en ese tramo de renta y les puedo asegurar que ninguno de ellos tiene un yate ni un chalé de lujo. En cambio, sabemos también que hay miles de ellos -de yates y chalés de lujo, quiero decir- por toda la costa española cuyos propietarios, lamentablemente, no declaran estar en ese tramo del IRPF.

El problema, por tanto, es que, la parte alta de la distribución de nuestro IRPF está casi vacía. Sólo los asalariados (trabajadores por cuenta ajena), en general, pertenecientes a la clase media y media-alta y que están sujetos al control de la Hacienda Pública, figuran en ese registro. No obstante, siempre que se ha propuesto rebajar el tipo máximo del IRPF, pongamos al 30 por ciento, acompañado de una importante subida del mínimo exento que garantice la progresividad de la reforma, muchos políticos de todos los partidos han declarado con estruendo que eso supondría “bajar los impuestos a los ricos”. Nada más lejos de la realidad. El tramo alto del IRPF lo paga la clase media asalariada.

Además de este vacío en la parte alta de la distribución de los declarantes de IRPF, este impuesto se caracteriza por unas deducciones fiscales que lo hacen menos progresivo. Entre ellas destacan dos. La primera, la de compra de vivienda, que beneficia fundamentalmente a los dos tramos más altos de la renta, y la segunda, la aportación a los planes de pensiones, que beneficia al tramo más alto. Un amigo mío, que está en el percentil “de los riquísimos”, siempre comenta jocoso que, una llamada telefónica a su banco en diciembre para transferir 8.000 euros de su fondo de inversión a su fondo de pensiones, le reporta un ingreso inmediato de casi 4.000 euros, a costa del contribuyente medio español. Algo no muy progresivo para tratarse del buque insignia de los impuestos redistribuidores. Las deducciones, además de regresividad, introducen mayor complejidad en el sistema, lo que resulta en más costes de inspección y, por tanto, en más evasión y más inequidad tanto horizontal como vertical.

Finalmente, aunque se ha avanzado en los últimos años, nuestro IRPF sigue desprotegido frente a la inflación, que termina convirtiéndose en el impuesto más distorsionador y regresivo. Se estima que cada punto de inflación supone 400 millones de euros de recaudación extra de IRPF.

Así que permítanme que adelante que, en realidad, es el gasto público y no los impuestos lo que verdaderamente redistribuye la renta. Porque ¿cómo es posible que, con este panorama fiscal, haya mejorado la redistribución de la renta en España en las últimas décadas democráticas? Gracias, sin duda, al gasto público, y fundamentalmente a la construcción del Estado de bienestar en los años ochenta, algo que debe ser reconocido como mérito del Partido Socialista y su líder de entonces, Felipe González.

Los derechos universales (sanidad, educación) mejoran tanto la igualdad de oportunidades como la movilidad social, sin perjuicio para la eficiencia económica y el crecimiento. Las pensiones y el subsidio de desempleo mejoran la equidad. Y, asimismo, las ayudas a la vivienda, siempre que cumplan una serie de condiciones.

En España la cuantía de las prestaciones sociales en las últimas décadas ha sido prácticamente constante en todas las decilas. De este modo, el porcentaje relativo de gasto ha sido muy elevado en las primeras decilas (en torno al 112 por ciento de su renta disponible) y bajo en las últimas (en torno al 10 por ciento). Por tanto, las prestaciones sociales, en su conjunto, han sido claramente redistributivas. También lo han sido las pensiones, el subsidio de desempleo, el gasto sanitario y la educación, aunque ésta en menor medida, por el peso de la educación universitaria.

Las ayudas directas son, de hecho, mucho más redistributivas que los impuestos. El cheque-bebé de 2.500 euros impulsado por el presidente del Gobierno estaría en esta categoría. Es progresivo porque 2.500 euros para una familia millonaria apenas supone nada, pero sí es mucho para una familia que gane 2.000 euros al mes.

¿Qué papel deben jugar entonces los impuestos? Los impuestos deben garantizar la suficiencia recaudatoria y la equidad horizontal y vertical. Deben garantizar la eficiencia económica, que nuestro país siga creciendo y compitiendo en un mundo cada vez más globalizado. Y deben ser progresivos, es decir, que proporcionalmente pague más el que más tenga.

Pero la vieja pretensión de la izquierda de unos impuestos cuyo fin primordial sea la redistribución está condenada al fracaso. Suelen terminar en enormes complejidades -¿recuerdan los especialistas la “fórmula polinómica” de los años ochenta?- en regresividad, en vacíos legales, en evasión y en fraude.

Un sistema justo y eficiente se puede conseguir con un sistema fiscal más sencillo. Muchos países del Este europeo han adoptado el tipo único con la esperanza de mejorar la recaudación, el crecimiento económico y la equidad, garantizada ésta sólo si se dota el sistema de un amplio mínimo exento. El último país europeo en incorporar el tipo único será Polonia, cuyo vencedor en las recientes elecciones ha basado su campaña en dos promesas: la retirada de las tropas de Irak y el tipo único.