Según el Eurobarómetro, los jóvenes de la UE están especialmente preocupados con el desempleo, las desigualdades sociales y el acceso al trabajo. Parecen realistas sus preocupaciones, tanto por los datos actuales como por las transformaciones tecnológicas disruptivas que trae la economía digital. Tres factores condicionarán el trabajo del futuro: la robotización y la consecuente automatización de muchas tareas manuales, la disponibilidad de datos e información casi infinita y el desarrollo de la inteligencia artificial que facilitará enormemente la automatización. Si uno solo de estos factores ya tendría gran impacto, la combinación de ellos afectará de manera determinante al empleo y al concepto mismo de trabajo.
Estudios de la OCDE, la Universidad de Oxford o prestigiosas consultoras coinciden en que la incidencia de estos cambios será menor en los profesionales con educación superior y que solo un pequeño porcentaje de los empleos es susceptible de automatización total. Aunque también afirman que un 60% de los trabajos actuales tienen al menos un 30% de sus tareas automatizables, y que en los próximos 20 años desaparecerán casi la mitad de los actuales empleos en el mundo desarrollado y un porcentaje aún mayor en las economías emergentes. El «big data» y la inteligencia artificial aplicada a la automatización harán innecesario el concurso de seres humanos en muchas tareas, incluidas algunas de las que pasan por ser, hasta hoy, la quintaesencia de lo humano, como conducir vehículos o descifrar manuscritos complejos.
Con todo, las encuestas constatan que hay una mayoría abrumadora de tecnoptimistas en relación a los beneficios que traerá la tecnología. Yo no lo soy tanto, aunque no quiero apuntarme al catastrofismo, ni confío en que la lógica del mercado halle, espontáneamente, soluciones sociales dignas. Es importante saber, además, que el progreso tecnológico no solamente afecta a la estructura ocupacional en términos del número y tipología de los empleos, sino también al cambio de su significado cultural.
Lo más inteligente será formar a las personas en las capacidades necesarias para el futuro laboral: la flexibilidad y adaptación a un cambio constante y rápido de nuestros modos de hacer, el mayor peso analítico en tareas tradicionalmente cualitativas y la necesidad de manejar dentro de la especialidad de cada trabajo conocimientos transversales. La adquisición de competencias cognitivas seguirá teniendo importancia capital, pero no menos el desarrollo de destrezas no cognitivas –soft skills– como el autoconocimiento, el trabajo en equipo, la comunicación, la actitud emprendedora… o el sentido de la integridad moral. La Universidad ha de ser clave en dar respuesta a estos desafíos.
Ahora bien, orientar adecuadamente la formación requiere tener diálogos de calado sobre lo que necesitamos en un medio y largo plazo en materia de políticas en educación, infraestructuras, emprendimiento, comercio, inmigración, investigación, fiscalidad, sistemas de transferencia o incluso nuevos modos de participación democrática... Diálogos que tomen en serio la ética, donde la Doctrina Social de la Iglesia tiene algo importante que aportar desde su tradición, y también que recibir. Desde la primera encíclica social Rerum novarum (1891) hasta la última, Laudato si´ (2015), pasando por Laborem exercens (1981), el trabajo ha estado en el corazón de la reflexión social católica. La Iglesia ha defendido siempre que la producción de bienes (el aspecto objetivo del trabajo), con el consiguiente beneficio, no debe ponerse por encima del objetivo de honrar y cultivar la actividad humana (el aspecto subjetivo). Eso no es minusvalorar la producción efectiva, sino reconocer que cualquier organización del trabajo que reduzca a los seres humanos a meras unidades de producción, más que contribuir al bien común, lo daña. El trabajo es una necesidad y forma parte del sentido de la vida en esta tierra; es camino de maduración y ámbito del múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego la creatividad, la proyección del futuro, el desarrollo de capacidades, el ejercicio de los valores, la comunicación con los demás, incluso la actitud de adoración y respeto por la creación. Por eso el desempleo no solamente afecta a la autoestima de los que lo sufren sino que impacta negativamente en el plano económico porque desgasta el capital social, es decir, el conjunto de las relaciones de confianza, fiabilidad y respeto de las normas, que son indispensables en toda convivencia civil.
Esta concepción se ubica en un marco donde las decisiones e instituciones económicas deben ser juzgadas por cómo promuevan o maltraten la dignidad humana; donde el interés por el bien común no se conforma con el principio utilitarista del «mayor bienestar para el mayor número», sino que reclama no descartar a nadie; y donde la justicia básica pide que se garantice el mínimo nivel para que todas las personas puedan participar activamente en la vida social. De ahí la obligación ética hacia los pobres o los más vulnerables, la cual se vuelve «opción preferencial». Se entiende así que para establecer esos valores éticos haga falta una adecuada antropología. Pienso que no hay materia más clara que el trabajo para verificar esa afirmación de que la cuestión social se ha convertido en antropológica.
Está bastante asumido en nuestra cultura pública que «una tecnología eficiente y útil, capaz de propiciar un cambio disruptivo, nunca debe dejar de utilizarse por consideraciones sociales». Cuando esa idea no prescinde de la justicia social, suscita la pregunta de cómo redistribuir los recursos en un escenario sin trabajo para todos pero con aumento de la productividad y la riqueza. Sobre el tapete se están poniendo dos alternativas: a) una renta mínima para una subsistencia decente (vía que Finlandia está probando), y b) reducir la jornada laboral para que pueda trabajar más gente (Suecia lo está experimentando). No creo que sean las únicas.
En la dialéctica que hay entre «tomar conciencia de que el avance de la ciencia y de la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia» y no «renunciar a las posibilidades que ofrece la tecnología», lo absolutamente no negociable –a mi juicio– debe ser interrogarse por los fines y por el sentido de todo, también por el significado del trabajo y su lugar en una vida buena; por cómo preservar la dignidad del trabajo ante la nueva tecnología. Si no lo hacemos, «legitimaremos la situación vigente y necesitaremos más sucedáneos para soportar el vacío»
(Laudato si´, 113). No creo que debamos dejar esa tarea ni a la tecnocracia de turno, ni a los brillantes emprendedores de Sillicon Valley, que se muestran interesados por la renta básica universal temiendo la miseria de los descartados del sistema y, aún más, la inestabilidad social aparejada.
Estamos obligados a reflexionar sobre el futuro no para detener el progreso sino para discernir cómo ser humanos en los nuevos y desconocidos escenarios. El camino hacia la prosperidad inclusiva exige conversaciones profundas entre líderes políticos, empresariales, sindicales y sociales, con educadores, investigadores y pensadores de diversas áreas, para alumbrar nuevos modelos de organización que elevando la productividad y generando riqueza, creen oportunidades a la gran base social. A fortiori habrán de ser conversaciones plurales en visiones, perspectivas y disciplinas. En vez de esperar pasivamente a que la realidad nos fuerce, tengamos iniciativa para asumir un liderazgo activo, discernido y decidido que en el centro ponga a las personas.
Julio L. Martínez, rector de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE.