Hasta hace poco, pensaba que ser escritora era la profesión más patética que hay, en especial en Brasil. Nadie lee nuestros libros y podemos fácilmente pasarnos toda la vida reclamando lo mismo una y otra vez. En términos generales, los escritores brasileños no tenemos ningún impacto. Un puñado de capibaras que se cree que pueden predecir el futuro inspira más respeto que nosotros.
Pero ahora me encuentro con otro trabajo todavía más desalentador: relator especial de las Naciones Unidas. Los relatores son expertos independientes que trabajan sin recibir un sueldo en representación de la ONU para supervisar países, gobiernos y políticas. Por lo general, su nombramiento tiene una duración de tres años. Se les ignora por completo.
Mis estimados y valientes amigos: entiendo su dolor. Cada vez que investigo un problema local grave relacionado con, digamos, la educación, el medioambiente, la brutalidad policial, el racismo o los derechos de la mujer, me encuentro con una declaración formal, fáctica y exacta de un relator especial que condena la situación. Una y otra vez.
Hace casi dos años, por ejemplo, Juan E. Méndez, un abogado argentino que defiende los derechos humanos y es el relator especial en materia de tortura y otros tratamientos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, exhortó a las autoridades brasileñas a atender de inmediato la sobrepoblación en las prisiones, así como a implementar medidas contra la tortura. Después de visitar muchas cárceles y prisiones brasileñas, Méndez recabó testimonios creíbles sobre tortura y malos tratos de la policía. Recomendó que las autoridades brasileñas establecieran a la brevedad audiencias de custodia para todos los detenidos dentro de las 48 horas posteriores a su arresto y rediseñar esas audiencias para alentar a las víctimas a hablar y permitir que se entregara documentación efectiva que probara tortura o malos tratos.
Pero ¿quién le iba a hacer caso a un argentino? En el año transcurrido desde que el relator emitió ese informe, las cárceles brasileñas han reportado más de una muerte violenta al día. La población de internos ha crecido a un ritmo constante desde el informe del relator especial y, en los primeros quince días de 2017, más de 130 reos fueron asesinados en enfrentamientos entre bandas rivales.
En 2016, Victoria Tauli-Corpuz, una activista de Filipinas nombrada relatora especial de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, visitó Brasil e identificó los problemas que enfrentaba la población nativa, además de dar seguimiento a las recomendaciones hechas por un relator especial anterior. Ella documentó no solo “una perturbadora ausencia de avances en la implementación de las recomendaciones del relator” anterior, sino además un grave retroceso en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Más adelante, Tauli-Corpuz también enfatizó el hecho de que inmediatamente después de su misión, muchas de las comunidades que había visitado registraron un aumento en los ataques.
De tal modo que estos relatores especiales no solo son ignorados, sino que además se les desafía. “Condeno que a pesar de mis alertas previas, las autoridades estatales y federales no hayan tomado medidas urgentes para evitar la violencia contra los pueblos indígenas”, dijo Tauli-Corpuz cuando, apenas tres meses después de su informe inicial, ocurrió otra muerte que pudo haberse prevenido.
Lo mismo ocurrió con una reforma constitucional que establecía un límite en el crecimiento del gasto público. El senado aprobó la reforma con fanfarronería, tan solo unos días después de que Philip Alston, relator especial de la ONU sobre pobreza extrema y derechos humanos, lo condenara en un informe. En opinión de Alston, la ley, que impone un límite de 20 años al gasto federal, “aseguraría un gasto insuficiente y de rápida disminución en servicios de salud, educación y seguridad social, poniendo con ello a toda una generación en riesgo de estándares de protección social muy por debajo de los que actualmente están vigentes”. ¿Qué contestó el gobierno? No pasa nada.
No obstante, los relatores no deben sentirse señalados. No es personal, ¿saben? La capacidad del gobierno brasileño de ignorar a sus críticos es universal.
Según una encuesta de Datafolha, un 60 por ciento de los brasileños se opuso al límite de gasto antes de su aprobación. Siete de cada diez brasileños rechazan los planes para las reformas a las pensiones y, sin embargo, las leyes para modificar las pensiones están a punto de aprobarse. Un legislador dijo que las protestas populares, que han sido muchas, no iban a cambiar sus votos.
El presidente Michel Temer ha declarado que la “modernización de la legislación nacional” continuará y que cualquier “debate amplio y sincero” deberá efectuarse en la arena adecuada: el congreso. Así que de nada sirve protestar en las calles, organizar huelgas, exigir elecciones presidenciales directas o, en tal caso, ser un experto nombrado por las Naciones Unidas. Nadie, aparte de los empresarios o políticos corruptos, cuenta.
El índice de aprobación de Temer cayó recientemente al siete por ciento. El mes pasado, el fiscal general de Brasil lo acusó oficialmente de corrupción. Se están preparando otras acusaciones de sobornos y obstrucción de la justicia. “Quieren detener al país, detener al congreso”, ha dicho Temer, argumentando que dichas acusaciones son un ataque a la presidencia misma. “No dejaré que eso me baje el ánimo”, añadió. Un capibara clarividente sería un líder más democrático.
Así que toda la solidaridad del pueblo brasileño está con los intrépidos relatores especiales de la ONU; vamos a seguir trabajando juntos para que se nos ignore. Como Érico Veríssimo, un novelista brasileño, dijo: “Lo menos que podemos hacer los escritores es sujetar nuestras lámparas en lo alto y sacar a la luz las atrocidades y la injusticia”. Y “si no tenemos una bombilla, encendamos nuestras velas o, como último recurso, encendamos cerillas una tras otra como señal de que no hemos abandonado nuestro sitio”.
Vanessa Barbara, columnista de opinión, es autora de dos novelas y dos libros de ensayo en portugués.