Una fuente secesionista, cuya identidad no desvelo, me facilita, con una sonrisa cómplice, el argumentario del independentismo catalán. Y añade, sin demasiada convicción, que no lo publicite. Soy hombre de palabra. Y, como se espera, me desvinculo de la promesa. En el texto –título: Del 1 de Octubre a la República catalana. Marchemos de España. No renuncies–, se aprecia la sinceridad de un nacionalismo que se caracteriza por el engaño disfrazado de «astucia». ¿Paradoja? No. El trampantojo que vende ilusión, el maquiavelismo tardío y el oportunismo grosero de un nacionalismo desleal, tramposo e irresponsable, que frecuenta el esperpento, quebranta el Estado de Derecho y pone en peligro la convivencia ciudadana. Sin más dilación, lo transcribo.
«Hablarás de referéndum, aunque se trate de una movilización callejera. Cuando digan que el Tribunal Constitucional lo ha suspendido, responderás que el Tribunal no puede suspender el referéndum, porque la democracia no se puede suspender. Y, además, el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre cuenta con la legalidad emanada del Parlamento de Cataluña de acuerdo con la Ley del Referéndum. No te olvides de recordar que las trabas que sufre el proceso provienen –utilízalos como sinónimos– de España, el Estado, las cloacas del Estado, la operación Cataluña, la guerra sucia, la caverna mediática o la prensa de Madrid.
«Recurrirás al Derecho Internacional afirmando que Cataluña tiene derecho a la autodeterminación. Y cuando te adviertan que la ONU niega la posibilidad de romper o menoscabar, totalmente o parcialmente, la integridad territorial de los Estados
soberanos e independientes, responderás que la autodeterminación de los pueblos es el primero de los derechos humanos. Si te recuerdan que en la Declaración de los Derechos Humanos no aparece tal derecho, replicarás que el derecho a decidir es un derecho inalienable de nueva generación.
«Alegarás que el marco constitucional español posibilita –cita a Francisco Rubio Llorente y Javier Pérez Royo– el principio democrático que reconoce un derecho –el derecho a decidir– que otorga a sus titulares las facultades de discrepar abiertamente del orden constitucional establecido –también de la unidad territorial–, de proponer alternativas expresadas a través de un procedimiento democrático –el referéndum– y de alcanzar de manera negociada con el Estado la consecución del resultado obtenido. Añadirás que el principio democrático permite que el ejercicio de los derechos no dependa de las mayorías, con el propósito de proteger a las minorías. Por eso, el principio democrático ofrece una oportunidad a grupos que por razones demográficas no pueden devenir nunca mayoría. Por eso, el referéndum no es sólo legítimo, porque es reclamado por una inmensa mayoría de la ciudadanía catalana, sino que también es legal, porque el derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña arranca de la Constitución y de una ponderación de sus principios estructurales. Por eso, concluirás que el referéndum también es jurídicamente exigible al Estado. Pero, el Estado español –te quejarás amargamente– le falta voluntad democrática.
«Reiterarás que el Gobierno de la Generalitat tiene el mandato democrático para convocar y celebrar un referéndum de autodeterminación que deriva, no lo olvides, de la nueva legalidad catalana aprobada por el Parlamento de Cataluña. Si insisten en una legislación –puede ser que saquen a colación la Comisión de Venecia– que no contempla dicho supuesto, obviarás sus palabras. Como obviarás –o dirás que no son vinculantes– los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña, así como los informes de los letrados del Parlamento de Cataluña, que afirman que Cataluña no puede convocar y celebrar un referéndum de autodeterminación. Cuando te digan que una mayoría parlamentaria autonómica únicamente habilita para gobernar una comunidad autónoma, o te recuerden que para reformar el Estatuto de Autonomía se necesitan dos tercios del parlamento autonómico, replicarás que el pueblo quiere un referéndum que, además, está en el programa del Gobierno. Sin solución de continuidad, recordarás –con cierta cautela y sin entrar en materia– los casos de Quebec y Escocia.
«Recalcarás que el Estado español no ha dado ninguna respuesta a las justas reivindicaciones democráticas de Cataluña –recuerda: solo hemos recibido amenazas y no propuestas– y por eso no hay alternativa al referéndum. ¿Un golpe a la democracia? Es el Estado quien lo da al no reconocer el referéndum.
«Burlarás o desobedecerás la ley cuando convenga. Las inhabilitaciones y suspensiones nos refuerzan y cohesionan. Si te llaman a declarar, denunciarás a la Policía Nacional o la Guardia Civil por falsedad en documento oficial, por violación de secretos, por vulneración de los derechos individuales y por usurpación de atribuciones judiciales. También, recurrirás las resoluciones del Tribunal Constitucional por abuso de derecho y estar al servicio del Gobierno de España.
«Te victimizarás asegurando que el antidemocrático Estado español ha iniciado una Causa General contra una Cataluña democrática que solo quiere decidir libremente y democráticamente su futuro político en un referéndum vinculante y con garantías. Y si hay detenciones –necesitamos represaliados– afirmarás –amargamente– que en España han vuelto los presos políticos. Como en la Dictadura, concluirás.
«Cortejarás a los comunes y a los sindicatos, porque son necesarios para legitimar el proceso. Toma buena nota de lo que sigue: esfuérzate en señalar a unos y otros que la mejor manera de expulsar a la derecha del poder consiste en apoyar el «derecho a decidir». Y acepta –cuando te lo digan: hay que contentarlos– que estás de acuerdo con un referéndum legal y acordado. Si los comunes y los sindicatos no aceptan nuestra propuesta, dirás que se alinean con la España urnofóbica y represora del PP, el PSOE y Cs.
«Provocarás y desafiarás al Estado español con toda la astucia posible, y todas las artimañas a tu alcance, para conseguir una respuesta desproporcionada del mismo que justifique la victimización del proceso y la descalificación internacional del Estado español. Implementarás acciones que provoquen la reacción del Estado que, a su vez, responderás con nuevas acciones y así sucesivamente. No olvidarás justificar tus actos con la apariencia de legalidad o, en su caso, de legitimidad. Objetivo mínimo: que el Estado recurra todos tus pasos ante el Tribunal Constitucional. Objetivo medio: que se inhabiliten cargos políticos y, si es posible, que desaparezca la unanimidad en el seno del Tribunal Constitucional. Objetivo máximo: que el Estado implemente el artículo 155 de la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional o el estado de excepción.
«Interpelarás –nunca en tono amenazante– a la Unión Europa señalando que la inestabilidad política y económica en Cataluña –un atentado al pueblo catalán– se contagiará al continente. La estrategia: conseguir que la Unión Europea apoye el diálogo –esa es nuestra manera de ser, repetirás– en igualdad de condiciones entre Cataluña y España.
«Excitarás sentimientos, emociones y pasiones –repasa algún manual de conductismo– para que el ánimo no decaiga. Afirma que la República catalana es necesaria para defender derechos y libertades. Y recuerda –cita de uso interno– lo que decía Freud: las ilusiones neutralizan las defensas reflexivas en beneficio de la creencia.
«Culpabilizarás a la España antidemocrática por no dialogar y movilizarás a la gente apelando a la democracia y la libertad. Objetivo: un movimiento de indignados independentistas que ocupe calles, plazas, parques y edificios oficiales. La primavera catalana. Ni un solo paso atrás».
Miquel Porta Perales, escritor.
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