El Parlamento portugués acaba de dar el pistoletazo de salida para el traslado del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Supremo Administrativo a la ciudad de Coimbra. La propuesta, presentada por la oposición de centroderecha en una Asamblea de la República de mayoría de izquierdas, parece haber sido acogida con agrado por los diferentes partidos y por actores políticos, económicos y sociales de un país, Portugal, caracterizado por su anquilosado y radical centralismo en Lisboa. Comenzar a desconcentrar la macrocefálica capital lusa se ve como un primer paso para vertebrar mejor la nación, aquejada de fuertes disparidades regionales y demográficas.
También desde hace tiempo en España se viene hablando de la necesidad de trasladar instituciones y administraciones de Madrid a la periferia, aunque tales proposiciones nunca terminan de materializarse. Contar con una gran capital es un valor para nuestro país, pero resulta anacrónico seguir manteniendo el modelo de Villa y Corte creado bajo el Antiguo Régimen absolutista, que precisaba de la concentración de todo el poder alrededor de la residencia del monarca, cuando hoy las nuevas comunicaciones y tecnologías permiten la ejecución inmediata de los mandatos de un Estado cada vez más complejo y con presencia efectiva en todo el territorio. Debemos cambiar de paradigma. Que la sede de Salvamento Marítimo esté en Madrid, por poner un ejemplo tan surrealista como real, carece de sentido.
Si se quiere cohesionar mejor España e integrar las distintas perspectivas de sus regiones, integrando también de manera simbólica las diversas periferias geográficas y económicas, se hace del todo punto pertinente la desconcentración de muchas de las instituciones centrales del Estado y su reparto por la vieja piel de toro. Por ello, creemos que debemos seguir la referencia de nuestros vecinos portugueses y sacar al Tribunal Constitucional (TC) de la capital como inicio y acicate de una más profunda descentralización que afecte a otras instituciones y órganos del Estado central. El planteamiento, al margen del ejemplo luso, tampoco es novedoso: el famoso Tribunal Constitucional Federal alemán no está en Berlín, sino en la pequeña ciudad de Karlsruhe, con lo que al mismo tiempo se manda el mensaje de que los jueces constitucionales deben estar lejos de los centros de poder político y de sus potenciales influencias de “mesa y mantel”. En nuestro caso, para evitar una batalla de campanario por ver quién acoge la nueva sede del Constitucional, proponemos la ciudad de Cádiz basándonos en dos conjuntos de argumentos objetivos e históricos.
Primero, si hay un lugar en España vinculado al constitucionalismo y a la historia constitucional española, ese es, sin duda, la llamada tacita de plata. Fue en sus palacios e iglesias donde se debatió y aprobó la primera Constitución patria, la de 1812, en la que por vez primera también aparece la propia nación española como comunidad política de copertenencia. Fue en sus calles y plazas donde, en el Trienio Liberal, se intentó hasta el último momento defender el régimen constitucional frente a las tropas restauracionistas de Angulema y la traición del rey Fernando VII. Fue, por último, en Cádiz, donde el sexenio democrático comenzó mediante el pronunciamiento del almirante Topete, que inauguraría un periodo de la historia nacional especialmente relevante en lo que a las conquistas constitucionales se refiere. Una ciudad ligada al patriotismo y al liberalismo español, tan denostado como desconocido a veces, y que ha aportado algunos de los momentos más brillantes y apasionantes de nuestra historia política.
Segundo, el traslado del TC a una ciudad tan lejana del centro, costera y del sur, incrementaría la capacidad de integración de nuestro sistema constitucional, al verse reflejada una clara periferia geográfica y económica en la conducción misma de la nave del Estado. La provincia y ciudad de Cádiz adolecen de una de las tasas de desempleo más altas de Europa, con niveles de precariedad y abandono inimaginables en otras latitudes del continente. Está, como la mayor parte de las capitales provinciales de España, alejada de los centros reales de poder político, económico y mediático, por lo que la presencia en ella del alto tribunal, con sus magistrados y funcionarios, con sus continuas y a veces polémicas decisiones, contribuiría a atenuar su posición subalterna respecto a las grandes ciudades del país.
En Cádiz surgió la concepción política de la nación española y en Cádiz escucharon por primera vez nuestros antepasados palabras de soberanía, libertad e igualdad. Es hora de que le devolvamos una parte, pequeña pero de un alto valor simbólico, de todo aquello que la Numancia constitucional nos ha legado. Si ha de comenzar un cambio en la concepción territorial de una España que no sólo habla desde Madrid, que ese cambio se inicie en la periferia. Una vez más, Portugal nos marca el camino.
Gabriel Moreno González y Germán M. Teruel Lozano son profesores de Derecho Constitucional en las universidades de Extremadura y Murcia, respectivamente.