No sé si, como se afirma, la manifestación del sábado pasado sorprendió a sus convocantes. De ser cierto, diría muy poco de la capacidad de análisis de nuestros partidos. Pero, sean cuales fueren las expectativas que había levantado, lo cierto es que el soterrado cambio que se acumulaba desde el 2000 de Aznar ha emergido finalmente. Las señales que lo anunciaban eran evidentes para aquellos que quisieran verlas.
La base de nuestro desencuentro es la profunda transformación de nuestras relaciones económicas con España. Las mutaciones, de gran calado, del tejido productivo catalán, las dificultades que afrontamos en la globalización y la ascensión de Madrid como centro económico así lo atestiguan. El fundamento material sobre el que se asentó el pacto Catalunya-España se ha modificado de forma, probablemente, irreversible. Su reajuste adquirió carta de naturaleza cuando, al inicio del proceso estatutario, el negativo saldo fiscal de Catalunya pasó de los debates académicos a la prensa, y de esta a la calle. Jamás en los últimos 30 años un tema económico, de tanta transcendencia política, había suscitado tantas pasiones. La irrupción en la plaza pública del debate sobre la financiación, y de sus negativas consecuencias sobre el bienestar social y nuestra capacidad competitiva, fue un primer aldabonazo de la profundidad de la mutación operada.
Otras señales de cambio se habían estado acumulando. En los primeros 80, una parte mayoritaria de la intelectualidad catalana se catalogaba de izquierdas y, al mismo tiempo, partidaria de un acuerdo federal con España. Hoy es bastante más difícil encontrar a quienes mantengan esa posición. La convicción de que en Madrid no hay federalistas ha calado. Y ello explica por qué una buena parte de los partidarios de la España plural están huérfanos de argumentos. Cuando a uno le faltan las razones para defender sus posiciones, la batalla política, si no está perdida, comienza a perderse. La alteración, profunda, en las relaciones entre Catalunya y España exigía, y continúa exigiendo, una España de corte federal que, lamentablemente, no parece contar con muchos apoyos más allá de Catalunya. ¿Una España federal sin federalistas? Hemos vivido en esa contradicción, hasta que el Tribunal Constitucional la ha resuelto por la vía jacobina. La realidad es tozuda, y esa dificultad, ¿o imposibilidad?, en la articulación de una España plural ha ido calando.
Esta nueva percepción permite entender algunas razones de la modificación, parcial, en la centralidad político-social del país. Hoy, y de forma creciente, una buena parte de las elites intelectuales y económicas del país se está moviendo, lenta, pero de forma inexorable, hacia posiciones crecientemente nacionalistas. Además, aunque comparto la opinión de que el sentimiento mayoritario del país no es soberanista, el éxito relativo de las convocatorias por la independencia ha sido otra señal, una más, de un mar de fondo cada vez más palpable. Finalmente, la acumulación de desencuentros y los problemas que se oteaban en el horizonte se tradujeron en una iniciativa inédita, la del editorial conjunto de la prensa catalana. Pero tampoco se quisieron ver los riesgos que esta iniciativa denunciaba.
En la última década los problemas se han ido acumulando. En el proceso se han perdido argumentos. Y se han ido ganando desencuentros primero, desencantos más tarde, y una creciente irritación finalmente. La sentencia ha sido el desgarro final. La falla en las relaciones con España, que había acumulado tensiones no vistas desde la Segunda República, se desplazó súbitamente liberando la energía contenida. Y generando el tsunami ciudadano del sábado. Y ahora, ¿qué hacer? La primera ola del maremoto ha pasado. Pero se generarán otras, porque las condiciones de fricción continúan, y continuarán.
Desde Catalunya, la única opción viable, la que puede aglutinar amplias mayorías, la que debe impulsar nuestra clase política, no es otra que la de continuar trabajando por llenar de contenido el rebajado Estatut. Es cierto que, en sectores todavía minoritarios, hay la tentación de dar por concluida esta etapa. Pero si algo ha demostrado la iniciativa estatutaria es que era la única posible, con todos sus problemas, para elevar sustancialmente el techo de nuestro autogobierno. Además, es, también, la única que puede permitir continuar avanzando en nuestras aspiraciones nacionales sin generar una fractura social que, espero, nadie desee. Cualquier otra opción no es, en los próximos 10 o 20 años, posible y, por tanto, políticamente es estéril y socialmente generadora de división. Pero esta línea de trabajo implica un cambio en la conducta de las fuerzas políticas mayoritarias del país. La sentencia muestra que el proceso de construcción nacional de Catalunya va a afrontar mayores dificultades de las esperadas hace unos años. El neocentralismo nos va a obligar. Por ello, el tsunami de la manifestación del sábado ha enviado un mandato, de unidad en lo fundamental, a nuestra clase política. No es momento de divisiones. Ni aquí, ni en Madrid.
Josep Oliver Alonso, catedrático de Economía Aplicada en la UAB.