El valor de la Justicia

La justicia, junto a la libertad, la igualdad y la solidaridad, constituye uno de los pilares basilares constitutivos y legitimadores del Estado constitucional. Es un componente esencial del sistema democrático. La justicia es una virtud privada y una virtud pública, configurada como valor superior del ordenamiento jurídico. Es un derecho fundamental, que garantiza a todos los ciudadanos el acceso a los tribunales de justicia para resolver los conflictos de forma objetiva y racional. La justicia es una aspiración cívica irrenunciable y una exigencia democrática indispensable para asegurar la convivencia social en libertad. La justicia es una institución u organización pública destinada a hacer operativo el valor y la fuerza garantista del Estado de derecho.

Hacer justicia es una función constitucional que se atribuye a los jueces, a quienes se encomienda la potestad de "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado" en los procesos civiles, sociales o administrativos. A los tribunales de justicia les compete aplicar el ‘ius puniendi’ del Estado, sancionando aquellas conductas tipificadas en el Código Penal atentatorias a los derechos e intereses de la colectividad y de los particulares.

En un Estado social y democrático de derecho, como el que alumbramos en la Constitución de 1978, fundamentado en el respeto al principio de legalidad, hacer justicia no solo apela a los jueces, integrantes del poder judicial. Todas las instituciones estatales –las Cortes Generales, el Gobierno de la nación y el conjunto de poderes públicos territoriales– a quienes corresponde la dirección y ejecución de la política económica y social asumen la responsabilidad democrática de "establecer la justicia", para lo que deben promover un marco jurídico justo y equitativo que garantice el bien común de todos los miembros integrantes de la sociedad, que los jueces –sometidos únicamente al imperio de la ley– deben aplicar.

Hacer justicia requiere una práctica legislativa y judicial acorde con los principios y postulados definidores del Estado social y democrático de derecho. También, hacer justicia exige, como afirmara el premio Nobel de Economía Amartya Sen, "ver que se hace justicia", de forma que las decisiones de los poderes públicos y las resoluciones judiciales susciten la confianza de los ciudadanos.

En el reciente acto solemne de apertura del año judicial, celebrado en el Palacio de las Salesas, sede del Tribunal Supremo, en presencia del Rey, el presidente del Alto Tribunal y la fiscal general del Estado pusieron de relieve que en un escenario de crisis económica, que ha derivado en una crisis de carácter institucional y social, los jueces y fiscales españoles han renovado su compromiso activo con los valores constitucionales y con los derechos fundamentales y libertades públicas, dictando sentencias y promoviendo actuaciones que dan expresividad a la idea de justicia y valor al Estado de derecho, garante de la libertad y de la igualdad.

En este sentido, podemos recordar resoluciones de diversos órganos judiciales y del Tribunal Supremo, así como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta a cuestiones prejudiciales planteadas por jueces españoles, que evidencian un ejercicio responsable de la función judicial. Estas actuaciones han contribuido al progreso del Derecho y de la Justicia, especial y singularmente en ámbitos significativos del Derecho hipotecario, del Derecho bancario, del Derecho penal –lucha contra la corrupción sistémica–, del Derecho administrativo urbanístico y medioambiental y del Derecho laboral, poniendo de relieve que todos –poderes públicos, instituciones y organizaciones privadas y ciudadanos– estamos obligados a cumplir la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, existe la convicción generalizada de que el sistema judicial español sufre y padece desajustes estructurales que obstaculizan su buen funcionamiento, desdibujando la comprensión de la Administración de Justicia como servicio público eficiente. A pesar del designio del poder constituyente de configurar el poder judicial como tercer poder del Estado, la Administración de Justicia sigue sin disponer de las capacidades e instrumentos necesarios para ejercer la jurisdicción de modo eficiente y en un tiempo razonable, dando plena satisfacción al derecho a la tutela judicial efectiva.

Por ello, sigue siendo indispensable que, con urgencia, las fuerzas políticas representadas en el Parlamento acuerden, de forma consensuada con los agentes sociales y los colectivos profesionales, una estrategia común para el fortalecimiento integral de la Justicia que contribuya a reforzar la institucionalidad y la gobernanza del sistema judicial en su conjunto. Una reforma judicial coherente con el principio constitucional de tutela judicial efectiva, que pretenda superar la desafección ciudadana con las instituciones públicas y servir para su regeneración democrática, debería perseguir los siguientes objetivos:

1. Reforzar la independencia de jueces y magistrados, instaurando una carrera profesional basada en el mérito y la capacidad.
2. Dotar a los tribunales de capacidades organizativas, económicas y presupuestarias para articular un sistema judicial operativo, desplazando de estas funciones al poder ejecutivo y dando, por tanto, plena visibilidad al principio de división de poderes.
3. Crear una agencia estatal de medios informáticos, que favorezca la implementación de la Administración de Justicia electrónica.
4. Racionalizar la planta judicial existente mediante la aprobación de un nuevo mapa judicial.
5. Duplicar el número de jueces y fiscales, mediante un plan estratégico decenal, con la pretensión de alinear nuestro sistema judicial con los estándares de los estados miembros de la Unión Europea.
6. Fomentar las buenas prácticas procesales, que aseguren la conducción equitativa del proceso con pleno respeto al derecho del justiciable a un juicio justo y a los derechos de las víctimas.
7. Facilitar la gobernanza del sistema judicial, revisando la estructura, composición y competencias del Consejo General del Poder Judicial.
8. Reforzar la legitimidad democrática del poder judicial, que exige avanzar en la idea de ‘democracia jurídica’, como un sistema jurídico de controles que permita descartar la arbitrariedad y las inmunidades del poder.

Puede parecer exagerado afirmar que el poder judicial sin poder de organización es un poder desnudo, pero resulta incuestionable que el déficit secular de la Administración de Justicia repercute lesivamente en el derecho a la justicia. La reforma del sistema judicial español debe servir para que la jurisdicción, como institución consagrada al aseguramiento de un orden social justo, pueda asumir plenamente su función interpretativa y transformadora del Derecho, en la clave constitucional de hacer realidad que "todos somos iguales en dignidad y derechos", y cumplir así adecuadamente su función de garante de los principios de legalidad y de seguridad jurídica, y de las promesas del Estado social de bienestar.

José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat es magistrado del Tribunal Supremo y miembro de la Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación.