Una vez más, una crisis humanitaria se está cerniendo sobre nuestra frontera sur, conforme decenas y posiblemente cientos de miles de migrantes llegan de México, Centroamérica y todo el mundo con la esperanza de que el gobierno de Joe Biden los deje entrar y quedarse en Estados Unidos.
El nuevo gobierno sin duda les ha dado a estas personas —y a los traficantes que ganan dinero por llevarlas al otro lado de la frontera— razones para guardar esta esperanza: el gobierno declaró que detendría la mayoría de las deportaciones (una decisión que ya bloqueó un tribunal federal de distrito), frenó la construcción del muro fronterizo, anunció nuevas “prioridades” que limitan de manera considerable la aplicación de las leyes de inmigración, dejó de expulsar a los menores no acompañados en virtud de la autoridad otorgada a las autoridades de salud durante la pandemia para salvaguardar la salud pública y comenzó la eliminación gradual de los Protocolos de Protección a Migrantes, que ayudaron a impedir que las personas abusaran de nuestro sistema de solicitud de asilo y a poner un alto a la última ola de familias que llegaron a la frontera.
Como el más reciente embajador estadounidense en México, no me sorprende en absoluto la concurrencia en la frontera: es una repetición de la crisis humanitaria que atribuló la frontera poco después de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entró en funciones en diciembre de 2018. Su gobierno también empezó por prometer que adoptaría un enfoque más “humano” con respecto a la migración y terminó por desatar una situación inhumana en la frontera. No fue sino hasta que el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles al comercio transfronterizo que el gobierno mexicano cambió de actitud, y a partir de entonces los dos países han cooperado muy de cerca para reducir el flujo de migrantes provenientes de otros países que atraviesan México para llegar a Estados Unidos.
Sin embargo, casi no se ha atendido el factor de más peso detrás de esta afluencia: la voluntad y capacidad de los empleadores estadounidenses de contratar a incalculables millones de inmigrantes no autorizados. La gran mayoría de estas personas vienen a este país por la misma razón por la que siempre han venido: para trabajar (o reunirse con familiares que vinieron a trabajar).
Si no hay una iniciativa real que obligue a utilizar el E-Verify (el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional que les permite a las empresas determinar la elegibilidad de sus empleados) y otros métodos relativamente sencillos para garantizar que las personas contratadas para trabajar en Estados Unidos tengan los documentos para hacerlo, nuestro país seguirá atrayendo a inmigrantes no autorizados y fomentando la inmigración no autorizada.
Los migrantes en potencia, al igual que cualquier persona, basan sus decisiones en una lógica económica racional: sopesan los beneficios de vivir y trabajar en Estados Unidos contra los costos y las probabilidades de realizar con éxito el peligroso viaje a través de México para entrar a nuestro país. Como hemos podido observar, los cambios en las políticas de seguridad de las autoridades mexicanas y estadounidenses que alteran las probabilidades de concluir ese viaje con éxito tienen gran influencia en los flujos migratorios.
Esta es una cuestión interna que no entraba en mi jurisdicción como embajador. Pero sin duda fue incómodo para mí pedirles a mis homólogos mexicanos que tomaran medidas estrictas contra los flujos migratorios no autorizados cuando nuestro propio gobierno no se ha encargado de frenar el motor más importante de tales flujos con seriedad. El Congreso, sin importar qué partido lo controle, jamás ha dado el simple paso de volver obligatorio el uso del E-Verify para todos los empleadores. Asimismo, la burocracia federal —repito, independientemente de qué partido controle el poder ejecutivo— tampoco ha mostrado mucho entusiasmo por hacer cumplir la ley a los empleadores. El Departamento de Seguridad Nacional culpa al Departamento de Justicia, y este le echa la culpa de vuelta.
Mientras no hagamos que los empleadores se responsabilicen por las personas que contratan y no dejemos de incentivarlos para que contraten a inmigrantes no autorizados, no confío en que podamos contener la inmigración ilegal.
No se puede permitir que los empleadores en respuesta arguyan que hay ciertos trabajos que los ciudadanos o los residentes legales no quieren hacer. Si el incremento salarial no sirve de motivación y de verdad necesitamos que estos trabajos los realicen inmigrantes, entonces hay que traer a estos trabajadores por la vía legal con permisos de trabajo y garantizar que gocen de la plena protección de nuestras leyes. Ya existen programas que hacen precisamente esto, como los programas de las visas H-2A y H-2B, que les permiten a los empleadores contratar a trabajadores extranjeros para que realicen labores agrícolas y no agrícolas temporales, o que trabajen en Estados Unidos por periodos únicos, intermitentes, estacionales o de alta carga laboral.
Sin embargo, los incentivos en este caso también están equivocados. Esos programas son onerosos, y al parecer muchos empleadores prefieren contratar a inmigrantes no autorizados que tomarse la molestia de contratar a trabajadores elegibles con documentación legal. Por lo tanto, los empleadores que siguen los procesos al pie de la letra terminan en desventaja competitiva.
Es desalentador ver que el gobierno de Biden afirme que las “causas fundamentales” de la inmigración son la pobreza, la corrupción y la violencia en México, Centroamérica y otros países, y prometa resolver el asunto al combatir estos problemas. Sin duda hay factores que impulsan a la gente a desplazarse, pero su fuerza no es comparable con el gran atractivo de los trabajos disponibles en Estados Unidos con salarios inimaginables en esas otras partes del mundo.
Y es evidente que el gobierno estadounidense tiene mucho más poder para regular la conducta de los empleadores dentro de sus propias fronteras que para resolver problemas sociales tan arraigados en el extranjero. De hecho, Estados Unidos ha estado hablando de mejorar las condiciones en América Latina desde hace más de medio siglo y los resultados han sido muy pocos.
Mientras nuestro país siga incentivando la inmigración no autorizada al hacerse de la vista gorda frente a la contratación de millones de inmigrantes no autorizados dentro de sus fronteras, no podremos jactarnos de tener políticas “humanas”. Esta tendencia migratoria es muy buen negocio para los delincuentes; motiva a las personas más pobres a entregar los ahorros de toda su vida a los traficantes de personas que controlan las rutas. El traslado es infernal. Los migrantes van hacinados y encerrados en tráileres que a veces se dejan abandonados, como los que se descubrieron hace poco en el estado mexicano de Veracruz con unas 233 personas a bordo. El mes pasado, 13 personas murieron cuando una camioneta para ocho pasajeros que llevaba 25 inmigrantes no autorizados chocó con un tráiler enorme muy cerca de la frontera en California. Los migrantes se enfrentan constantemente a violaciones, agresiones y otros delitos. Y los inmigrantes no autorizados que logran llegar a nuestro territorio son forzados a vivir y trabajar en las sombras sin la plena protección de las leyes.
La migración, como le gusta decir a nuestro gobierno, debe ser segura, legal y ordenada. Ahora transformemos esas palabras en acciones.
Christopher Landau fue embajador de Estados Unidos en México de 2019 a 2021.