Ramón Jáuregui, en la actualidad secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, en los tiempo de Ardanza vicelendakari en el Gobierno vasco, es un político incomprensiblemente arrinconado. Siendo yo nacionalista --aunque moderado, porque radical lo soy de otras cosas-- debería alegrarme porque con él de candidato socialista a lendakari el que proponga el nacionalismo vasco para las próximas autonómicas (está por ver quién será), lo tendría mucho mas difícil que con Patxi López, que no tiene la experiencia de gobierno de Jáuregui, su empaque ni conoce el euskera como él.
El 31 de agosto, Jáuregui, en una entrevista al Diario vasco, define al Partido Socialista de Euskadi así: "Queremos trasladar a la sociedad vasca que es un partido perfectamente identificado con las aspiraciones de un país que tiene una fortísima personalidad, una fortísima aspiración de autogobierno, pero reclama que en el siglo XXI las soberanías o son compartidas o son peligrosas".
No sé si la frase destacada en cursiva (por mí) es textual. Me han hecho bastantes entrevistas en mi vida, y personalmente sostengo que solo soy responsable de lo que firmo. Sea lo que sea, la expresión puesta en boca de Jáuregui es, a mi juicio, no solamente acertada (desde una perspectiva, ciertamente obsoleta pero aún vigente, de analizar la realidad política bajo el prisma de la soberanía), sino la que mejor expresa la línea a seguir en la resolución del nudo gordiano del contencioso territorial que vivimos ya demasiados años. Me refiero al contencioso vasco, pero también al catalán y, por supuesto y principalmente, al español. Porque la expresión de Jáuregui, formulada pensando en el nacionalismo vasco, de que "en el siglo XXI las soberanías son compartidas o son peligrosas" debe aplicarse prioritariamente al nacionalismo con mayor fuerza entre nosotros: el nacionalismo espa- ñol. He aquí algunos ejemplos recientes.
En la sesión parlamentaria del 25 de junio, el portavoz del PNV, Josu Erkoreka, pidió al presidente Zapatero que se pronunciara sobre si "ampara el requerimiento cursado al Gobierno vasco para la supresión de la voz Euskal Herria del currículo educativo", en dos meses. El presidente le respondió que la finalidad del requerimiento "se enmarca en el espíritu de respetar el marco jurídico vigente", pues el término no es el problema, sino el uso que se hace de él. Argumentó que acepta su significado "social y cultural", pero rechaza su uso como "una noción de carácter territorial-administrativo". Conviene saber que el artículo 1 del Estatuto de Gernika empieza así: "El pueblo vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno...".
Pocas semanas antes, también en el Parlamento español y a la demanda de Erkoreka de que, como propugnan los socialistas vascos, transfiera las competencias en Ciencia y Tecnología a Euskadi, como se recoge en el incumplido Estatuto de Gernika, Zapatero vinculó las futuras transferencias a Euskadi a que el lendakari, Juan José Ibarretxe, deje de seguir embarcado en su deriva soberanista.
De esto de la deriva soberanista de lendakari podríamos presentar un aluvión de referencias estos últimos años. Baste esta muy reciente del portavoz del PSE, Rodolfo Ares, cuando afirmaba en rueda de prensa (el 27 de agosto) que apoyarían los presupuestos del Gobierno vasco si este cambia "su política soberanista". ¡Qué tendrán que ver las churras con las merinas!
En Catalunya, toda la peripecia del Estatut, tanto en tiempos de Maragall como este mismo verano, con la cuestión de la financiación va en el mismo sentido. Desde el cepillado de lo aprobado por prácticamente el 90% de los parlamentarios catalanes al desplante a lo que presenta el Govern de Montilla para la financiación, estamos en lo mismo. De ahí la irritación de los partidos catalanes hacia Solbes como editorializaba EL PERIÓDICO el domingo pasado. El fondo del problema es que el Gobierno tiene la sartén por el mango y puede decidir, unilateralmente, lo que estime más conveniente.
A todo esto lo llamo yo soberanía no compartida. El nudo gordiano del contencioso territorial español (básicamente con vascos, catalanes y, en tono menor, con los gallegos) estriba en que el Gobierno español entiende que la soberanía reside única y exclusivamente en el Parlamento español. Con los demás, se buscan acuerdos, cuando se buscan, y, si no llegan, se aplica la soberanía única.
La política del lendakadi Ibarretxe, en tantas cosas discutible, especialmente en estos últimos tiempos, propugna la soberanía compartida. Lo demás (que en el fuero interno desee la independencia, por ejemplo) no pasa de ser un juicio de intenciones (equivocadas, a mi parecer). Sin embargo, que el Gobierno de Zapatero practica la soberanía no compartida es una realidad cotidiana. Soberanía no compartida en el interior de España, se entiende, porque en Europa hace años que se comparte ampliamente la soberanía con otros estados. La pregunta se impone: ¿hay que ser un Estado para compartir soberanía? Por favor, piénsese bien la respuesta.
Javier Elzo, catedrático emérito de Deusto.