Cuando hablamos de ciberseguridad, solemos pensar en los antivirus comerciales, en los ataques de ransomware a grandes empresas o en las filtraciones de correos electrónicos políticamente escandalosos. Pero poco se habla de la seguridad pública en el ámbito digital, y eso es un gran problema cuando dependemos cada vez más de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y del Internet de las Cosas (IoT) para realizar nuestras actividades cotidianas ordinarias.
Además, el vertiginoso desarrollo de estas tecnologías ha dado lugar a una hibridación de la delincuencia. Muchas actividades ilícitas se encuentran ahora a medio camino entre el mundo físico y el virtual, lo que ha introducido nuevas condiciones y exige una reconsideración de las estrategias de aplicación de la ley aplicadas tradicionalmente.
Reflexionemos en las sustancias recreativas ilegalizadas. Muchas personas tratan de adquirirlas a través de Internet, ya que la compra en línea suele considerarse más segura que encontrarse con un desconocido en un callejón oscuro. Pero los canales online suelen poner a la gente en contacto directo con los grupos de delincuencia organizada que controlan la mayor parte de la distribución de sustancias ilícitas. Cuando la gente entrega dinero a estos grupos, está contribuyendo involuntariamente a financiar las redes internacionales que también financian el terrorismo y el tráfico de armas, personas y tejidos humanos.
Es bien sabido que la pandemia del COVID-19 aceleró muchas formas de innovación y adaptabilidad digital, y la compra de sustancias en línea no es una excepción. Los estimulantes de tipo anfetamínico y las nuevas sustancias psicoactivas están cada vez más disponibles en la darknet, la web abierta, los mercados de criptomonedas e incluso las redes sociales.
Estos nuevos canales de distribución conllevan tanto riesgos como posibles beneficios. Como aspecto positivo, el análisis de los flujos de datos digitales podría permitir una detección más rápida de nuevas sustancias psicoactivas que supongan una amenaza para la salud pública. Y, por supuesto, realizar transacciones en los mercados de criptomonedas o a través de canales digitales similares puede proteger la integridad física de las personas que usan drogas (PQUD), prevenir la violencia física, el robo, la explotación sexual y el secuestro.
Además, estudios recientes demuestran que las personas que usan drogas y adquieren sustancias a través de las TIC son más propensas a adoptar prácticas de reducción de daños y a promover un uso responsable, generalmente porque actúan desde la privacidad de sus hogares u otros entornos seguros.
Los gobiernos y las fuerzas responsables de la aplicación de la ley deben tener en cuenta estas conclusiones a la hora de crear espacios públicos seguros en línea. Aunque el Estado es el único responsable de definir lo que se considera un delito, la vigilancia de las actividades delictivas no es su único objetivo; también debe garantizar la salud pública y defender derechos fundamentales como la privacidad. Y en el caso de las drogas, concretamente, tendrá que ser más reflexivo sobre quién es realmente un delincuente y quién es una víctima.
En consecuencia, habría que reconsiderar muchas estrategias de aplicación de la ley y reorientar los recursos hacia el fortalecimiento de las competencias de las incipientes unidades de ciberdelitos. En lugar de perseguir a las personas que usan sustancias recreativas y sus mercados, los esfuerzos de investigación deberían centrarse principalmente en las actividades y operaciones delictivas mediadas por las TIC que suponen una amenaza mayor para la población en general.
En este sentido, un nuevo y prometedor modelo es la "desviación policial previa a la detención" o " deflection". Esta estrategia de intervención colaborativa conecta a las agencias de aplicación de la ley, los agentes biopsicosociales y los sistemas de salud pública para crear vías de tratamiento y apoyo basadas en la comunidad, de modo que los consumidores de drogas no tengan que entrar en el sistema judicial. Como explica Jac Charlier, de Treatment Alternatives for Safe Communities, la deflection permite que "las fuerzas del orden sean la fuente de derivación a los servicios comunitarios relacionados con el tratamiento de abuso de sustancias y la salud mental antes de que se produzcan posibles crisis. De este modo, la aplicación de la ley abre nuevos puntos de acceso al tratamiento que antes no estaban disponibles para quienes lo necesitasen".
Pero otro problema es que es difícil encontrar información precisa en línea sobre las vías de apoyo que esté desprovista de estigmas o sofismas prohibicionistas. Esto debe cambiar. Para generar espacios digitales seguros, tenemos que cambiar las acciones públicas vis a vis con las personas que usan drogas de una perspectiva represiva a una educativa. Eso significa aprovechar las unidades especializadas de las agencias de aplicación de la ley y optimizar el alcance de los agentes biopsicosociales. Con estas modificaciones, también podemos empezar a reconstruir la confianza perdida entre este grupo de población y las agencias policiales.
Se sabe que estos métodos reducen el impacto del consumo de sustancias controladas en las comunidades y los hogares, al tiempo que liberan recursos policiales para que se centren en lo que realmente importa, como la financiación del terrorismo, el aumento de los nuevos mercados de opioides, la falsificación de productos farmacéuticos, el tráfico de armas y el material de abusos sexuales contra menores distribuido por Internet.
Pero, debido a la naturaleza híbrida de estas formas de ciberdelitos, la aplicación efectiva de las nuevas estrategias de aplicación de la ley requerirá una coordinación internacional. Las Naciones Unidas han constituido un comité ad hoc para redactar una "Convención internacional comprensiva sobre la lucha contra el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos". Pero para garantizar la seguridad pública en el ciberespacio, la convención tendrá que combinar la mejora de los procedimientos de aplicación de la ley con el tipo de visión humanitaria que sustenta la deflection.
Mientras los Estados insistan en criminalizar las sustancias recreativas, la gente seguirá buscándolas en el mercado negro, y las agencias de aplicación de la ley seguirán librando una ardua batalla. Pero con las estrategias adecuadas, las TIC tienen una enorme capacidad tanto para reducir los daños a las personas que usan drogas como para facultar a las agencias de aplicación de la ley para que se centren en los ciberdelitos más perniciosos. A medida que el mundo se mueve cada vez más dentro del mundo online, debemos reconocer que la ciberseguridad es algo más que la prevención de hackeos y fraudes. También se trata de mejorar la seguridad, la salud y el bienestar de las personas que están detrás de las pantallas.
Martin Ignacio Díaz Velásquez, an ambassador for One Young World, is Co-Founder and CEO of the Knowmad Institut.