El verdadero significado del segundo acuerdo en la agenda de La Habana

El punto dos de la agenda de conversaciones con las FARC busca poner en marcha una nueva apertura democrática para la paz. Un diseño estratégico de gran alcance: generar un proceso de profundización de la democracia ampliando sus linderos. Ya en la Constituyente de 1991 se avanzó notablemente. Ahora el acuerdo es un nuevo impulso dirigido a recuperar el espíritu reformista.

¿Cuál es su conexión con la paz? Silenciar los fusiles es un paso necesario pero no suficiente. Para lograr una paz sólida es preciso ampliar, modernizar y robustecer nuestra democracia para hacerla más fuerte, más participativa, más pluralista y transparente. La nueva apertura democrática abre el camino para arraigar definitivamente la paz a la terminación del conflicto.

En las 20 cuartillas que contienen el acuerdo se trataron al menos 22 temas relevantes. Muy pronto habrá un informe conjunto para informar con más detalles a la ciudadanía.

En un ejercicio pedagógico se podrían agrupar esos temas en tres capítulos. El primero, se ocupa de garantías: se establece un mecanismo para que los partidos políticos, luego de la firma del acuerdo final, convengan los lineamientos que permitan al Gobierno presentar el proyecto de Estatuto de la Oposición para su aprobación y se logre por fin convertir en realidad un viejo anhelo nacional.

Se reconoce la irrupción de los movimientos sociales. Es un fenómeno mundial inédito hasta hace poco. En esto Colombia sería innovadora sobre la manera de reconocer y regular el papel de estos movimientos, su interlocución con los gobernantes y la instauración de mecanismos que atiendan en forma oportuna las manifestaciones del derecho a la protesta pacífica. A los movimientos que logren una determinada envergadura y que deseen ingresar a la política, se les tendería un puente para facilitar ese tránsito. De igual modo, se establecen mecanismos para la discusión democrática con esos movimientos una vez firmado el acuerdo final.

La dignificación de la política y la seguridad de sus practicantes es algo esencial para una Colombia en paz. Mediante la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política iríamos más allá de las esenciales labores de protección y vigilancia. No es solo una herramienta administrativa. Es, sobre todo, un conjunto de nuevos valores en materia de seguridad cuyo eje es el respeto al opositor. La dignidad de la persona, la tolerancia y la visión pluralista serían la fibra de este sistema el cual debe prevenir, desarticular y neutralizar todas las fuentes de violencia contra quienes ejercen la política. Por fin, se generaría todo un proceso de reconciliación y se crearían los medios para ejecutarla.

El segundo capítulo es el de la participación: se revisaría todo el sistema buscando que no se limite a un ejercicio retórico sino que adquiera un mayor nivel de incidencia en la formulación de políticas públicas, al lado de la vigorización de la planeación participativa y el robustecimiento de las veedurías ciudadanas.

El tercer capítulo contiene los cambios en el sistema político. Desligar el reconocimiento y la vigencia de la personalidad de los partidos de la noción del umbral es un paso significativo. El umbral se deja intacto pero su aplicación se limita al método de asignación de escaños. Se abriría un espacio enorme para partidos que, sin lograr esa representación, poseen una expresión política válida. Se crearía un esquema de reconocimiento escalonado de diversos derechos que incluirían financiación y acceso a medios de comunicación.

La organización y el sistema electoral padecen fallas innegables. Se convocaría una Comisión de Expertos de alto nivel para que aconsejen sobre las líneas de revisión que luego deben ser discutidas por todas las fuerzas políticas para impulsar una reforma tendiente a robustecer la autonomía y apertura de los organismos de dirección de la organización electoral, la claridad en la financiación de la política y la transparencia del voto. Adicionalmente, se buscaría que exista mayor equidad en el régimen de partidos.

Por fin, se crearían las Circunscripciones Territoriales de Paz. Es una idea inédita, bien distinta a iniciativas anteriores. En efecto, no se trata de mecanismos para fomentar la representación del movimiento que surja de las FARC, sino de aumentar en forma transitoria la presencia en la Cámara de Representantes de aquellos territorios que por razón del conflicto se han visto marginados del sistema representativo. Serán a la manera de círculos electorales dentro de los departamentos para que se elijan representantes adicionales. Algunos dijeron que son circunscripciones para las FARC. Falso. Todos los habitantes pueden aspirar a ejercer esa representación a nombre de movimientos u organizaciones tales como víctimas, campesinos, mujeres y sectores sociales, eso sí, diferentes a los partidos ordinarios. Esta es una idea estratégica cuyo objetivo es la integración de territorios marginados y la reparación de ciudadanos excluidos por la fuerza del conflicto.

Todo lo acordado acoge integralmente las líneas esenciales del Estado democrático de derecho. Pero como se ha señalado antes, nada estará acordado si no está acordado todo. Una condición esencial para la puesta en marcha de estas iniciativas es la desmovilización de la guerrilla. En este punto hablamos de democracia, de participación, de equidad, de seguridad y de transparencia del sistema político. Es una apertura democrática conveniente para el país. ¿Que se ha discutido con la guerrilla? Sí. Porque el propósito es terminar el conflicto. Porque, como señalé, el fin del conflicto debe desembocar en transformaciones que permitan arraigar firmemente una paz duradera.

Humberto de la Calle es Jefe del Equipo Negociador del Gobierno colombiano en las conversaciones con la guerrilla de las FARC en La Habana.

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