El interesantísimo libro de Ross DouthatLa sociedad decadente (con el subtítulo de Cómo nos hemos convertido en víctimas de nuestro propio éxito) ofrece una serie de reflexiones muy interesantes acerca de los problemas de nuestras complejas sociedades democráticas que resultan de mucho interés para entender el momento político que estamos viviendo en los países occidentales en general y en España en particular. Más allá de los problemas muy diagnosticados de nuestros partidos, que funcionan como ecosistemas cerrados donde es difícil promocionar sin renunciar a todo aquello que podría hacer de una persona un buen político y un buen gestor (criterio, solvencia, capacidad de decisión, responsabilidad, etcétera), lo cierto es que cada vez contamos, en general, con gobiernos más inoperantes para resolver los problemas cada vez más complicados que se nos plantean.
El libro de Douthat se centra especialmente en EEUU, pero muchas de sus conclusiones son extrapolables a democracias como la nuestra. La falta de capacidad de los gobiernos no es exclusiva de las democracias, frente a lo que pudiera parecer en una visión un tanto ingenua de la efectividad de las autocracias, pero quizá es más preocupante en la medida en que la mayor o menor confianza de los ciudadanos en el gobierno y en las instituciones es esencial para la legitimidad de un sistema democrático. Pues bien, en el último Eurobarómetro (abril 2021), el 75% de los españoles manifestó desconfiar del Gobierno y del Parlamento, y el 90% de los partidos políticos, muy por encima de la media de la Unión Europea, también bajo mínimos.
Tenemos la sensación, cada vez más intensa, de que, como en una bicicleta estática, los gobernantes pedalean furiosamente para, básicamente, intentar mantenerse en el mismo sitio, es decir, intentar conservar lo que ya tenemos. Si la tesis de Douthat es correcta (a mí particularmente me convence), viviríamos en un periodo deestancamiento económico, social cultural e incluso tecnológico en las sociedades ricas que dura ya al menos una década y que contrasta con la sensación de aceleración y de cambio continuo que percibimos. Pero quizá esa sensación de aceleración puede ser simplemente el resultado de un ecosistema mediático que nos bombardea continuamente con información simple, urgente e inmediata que caduca a las pocas horas y que muchas veces es poco relevante. Mientras tanto, las grandes cuestiones de la transición digital, la transición verde, la transición demográfica, el futuro del trabajo, la redistribución de la riqueza... que no tienen este carácter de inmediatez y de sencillez, que requieren tiempo, debates en profundidad y cierto esfuerzo de comprensión por parte de los ciudadanos, quedan relegadas a blogs especializados o papers sólo para iniciados. Y, sin embargo, son los temas sobre los que necesitaríamos estar debatiendo y sobre los que tendríamos que intentar llegar ya a grandes acuerdos, muchos de ellos de carácter trasnacional. En definitiva, deberíamos bajarnos de la bicicleta estática y empezar a movernos de verdad en una dirección determinada.
No se puede ocultar tampoco que estos cambios habría que abordarlos cuanto antes con transiciones que, inevitablemente, van a generar ganadores y perdedores, por lo que los costes y los sacrificios de la transición ecológica, demográfica o digital deberían ser asumidos y compartidos entre todos si queremos que estos retos no dividan todavía más a nuestras sociedades entre los que pueden seguir adelante y los que pueden quedarse atrás fomentando todo tipo de populismos de izquierdas y de derechas.
Es particularmente relevante que estos grandes temas en los que tanto nos jugamos no suelen estar presentes (más allá de las grandes declaraciones engoladas y de la palabrería hueca) en el debate público nacional. Con independencia de la pobreza del debate parlamentario, que merecería una reflexión aparte, lo cierto es que nuestro debate público, con honrosas excepciones, cada vez se centra más en lo que podríamos denominar burbujas que guardan poca relación con el día a día y las preocupaciones reales de los ciudadanos. Existe una creciente tendencia de los políticos secundadas por muchos medios a refugiarse en cuestiones identitarias que exigen poco más que repetir consignas y que marcan territorio, identificando bien a correligionarios y a adversarios, pero que no permiten avanzar en la solución de los problemas. Inquieta pensar que la razón sea, tal vez, que nuestros políticos y gestores públicos ya no son capaces de hacer otra cosa.
Y es que para reformar el sistema de pensiones, el mercado laboral, el mercado eléctrico o el de la vivienda, por citar cuatro preocupaciones acuciantes de los españoles, muy reales y muy complejas, no bastan las consignas ni los argumentarios ni las buenas palabras. Necesitamos, además de amplios consensos que se mantengan en el tiempo (no es posible reformar un sistema de pensiones quebrado por la demografía pero que cuenta con nueve millones de pensionistas que votan para mantener el status quo sin sacar esta cuestión del debate partidista, como se intentó hacer con el Pacto de Toledo) muchísimo conocimiento experto, mucha neutralidad frente a los agentes económicos y sociales que van a defender legítimamente sus intereses, muchísima capacidad de gestión, mucha transparencia y mucha rendición de cuentas. Lamentablemente, todas estas capacidades cada vez brillan más por su ausencia en nuestros gobiernos, lo que produce la sensación no solo de incompetencia, sino, lo que es peor, de impotencia. Y no parece que se trate de un problema que pueda cambiar, como suponen algunos entusiastas, con un mero cambio de partido político, dado que todos están aquejados de idénticos problemas, formados por el mismo tipo de dirigentes y cuentan, al final, con parecidos instrumentos para abordar los problemas, incluso si surgieran líderes con el coraje de hacerlo, lo que está por ver.
Tenemos varios ejemplos recientes que apuntan en esta dirección. Pensemos por ejemplo en la subida de la factura de la luz, que -más allá de otros aspectos- pone de manifiesto que los problemas estructurales y los errores de diseño del mercado energético del pasado (incluidos los de la Unión europea) no se pueden resolver de la noche a la mañana, siendo difícil que cualquier gobierno pueda adoptar medidas correctoras en el corto plazo con ciertas garantías de éxito. La impresión que recibe el ciudadano sobre la capacidad de sus gobiernos comparado con su nivel de gesticulación es demoledora, máxime si la oposición decide aprovechar políticamente el desgaste que supone esta escalada de precios en un asunto esencial para familias y empresas y que requiere de soluciones estables en el medio y largo plazo.
Incluso cuando excepcionalmente se produce un amplio consenso político como ha pasado con el Ingreso Mínimo Vital, nos tropezamos con la falta de capacidad de nuestras Administraciones Públicas, que impide que los destinatarios reciban estas ayudas en un plazo razonable, generando la consiguiente frustración y enfado. Algo parecido ha sucedido con los ERTES o las ayudas directas a las pymes.
Lo que ocurre, sencillamente, es que ya no tenemos políticos, ni gestores ni una Administración pública preparada para desarrollar políticas públicas complejas, a medio plazo o largo plazo y con una razonable eficiencia. Lo que sufrimos ahora, en el peor momento, es el resultado de años de desidia. Porque la reforma de las Administraciones Públicas y la profesionalización de la dirección pública sigue sin estar en la agenda de los partidos, aunque es crucial para la capacidad de cualquier Gobierno. La realidad es que los partidos siguen prefiriendo ocupar las Administraciones (muchas veces con personas sin ningún tipo de experiencia y formación más allá de la adquirida en los propios partidos) a reformarlas. Esto es pan para los partidos hoy, y hambre para los intereses generales en un mañana muy cercano. Prueba de lo que digo es que ni siquiera tenemos ya un Ministerio de Administraciones Públicas o Función Pública, absorbido por el de Hacienda en la última remodelación ministerial.
Este sí que sería un auténtico cambio estructural que haría un poco más viables todos los demás. Incluso si consiguiésemos por una carambola del destino mejores políticos que consiguiesen llegar a grandes acuerdos transformadores, lo cierto es que no tendrían demasiada capacidad real para poner en marcha sus proyectos. Y esto sí que no se arregla ni con propaganda, ni con consignas ni con discursos vacíos cuando, como es inevitable, el principio de realidad se imponga y comprobemos que la bicicleta sigue parada.
Elisa de la Nuez es abogada del Estado y coeditora de ¿Hay derecho?