El volcán del Sáhara, de nuevo en erupción

Es cierto que España abandonó el Sáhara, literalmente y en el sentido más negativo, en febrero de 1976, cuando los últimos funcionarios civiles y militares españoles dejaron aquel territorio. Nuestro compromiso con la ONU y el Derecho Internacional era conducir al pueblo de la colonia a un referéndum bajo control internacional que garantizase el sufragio de la población adulta originaria del territorio. España se marchó sin cumplir sus obligaciones internacionales y dejó ilegalmente ese territorio en manos marroquíes tras la Declaración política del 14 de noviembre de 1975, en vísperas de la muerte del dictador Franco, en la que España ponía fin unilateralmente a «los poderes»como potencia administradora del Sáhara.

El Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 16 de octubre de 1975, a petición de la Asamblea General para actuar conforme a Derecho en ese conflicto en que disputaban Marruecos, Argelia y Mauritania, declaraba que no había vínculos de soberanía territorial entre Marruecos y el Sáhara Occidental, aunque hubiera habido ciertas relaciones entre ese pueblo y los sultanes de Marruecos en el pasado, y que tales vínculos históricos no impedían el ejercicio pleno de la autodeterminación mediante un referéndum. Como la propia Corte reconoció, se habían aprobado muchas resoluciones entre 1966 y 1973 en las que ni Marruecos ni los otros Estados de la región habían mencionado que el Sáhara fuera parte de su territorio. La Corte concluyó que el proceso debía ser «acelerado» a través de un proceso basado en un referéndum «mediante la libre expresión de la voluntad de las poblaciones del Sáhara Occidental» para determinar su estatuto político. La única que aceleró fue España no respetando su contenido.

El resto ya se sabe. España de forma unilateral e ilegal abandona su responsabilidad de organizar el referéndum. Se marcha y facilita la invasión militar de Marruecos y con ello desata la guerra. Hoy no somos potencia administradora pero España (no importa qué Gobierno cometió el desaguisado, las obligaciones internacionales continúan) es la responsable última de lo que ha sucedido.

Después de una guerra devastadora para ambas partes se llega a un acuerdo en 1991; se desplaza una misión de la ONU para velar por el fin de las hostilidades y preparar el cumplimiento del plan: el referéndum que había que celebrar en seis meses…

El dictador marroquí de la época, el rey Hasan II, distrajo a la comunidad internacional y a su Consejo de Seguridad con problemas con el censo para enfriar y diluir el proceso. En 1997 se retoma, se readapta en 2004 (Plan Baker aprobado por el Consejo de Seguridad) con un periodo previo de autonomía de cinco años que conduciría al referéndum y de nuevo Marruecos, con su nuevo dictador, el rey Mohamed VI, con engaños para aparentar que siguen en el proceso de paz, aplaza sine die el proceso de autonomía que exige que ese monarca medieval renuncie a su poder absoluto en el Sáhara. Cuantos más años pasen más difícil es organizar el referéndum y lo sabe el lábil sátrapa. Hasta que estalla el volcán de un pueblo harto de promesas legales y reiteradas del Consejo de Seguridad y de las maniobras dilatorias sin fin de Marruecos.

El cinismo de Estados Unidos y Francia es patético: apoyan resoluciones coercitivas sobre el referéndum que deben hacer respetar pero que no están dispuestas a exigir a Marruecos. Y la cobardía moral de todos los políticos españoles, desde los herederos de Franco a los Gobiernos de la democracia, que han sostenido por miedo las tesis marroquíes y como Pilatos se han lavado las manos. Al menos se salvan el pueblo y numerosos militares españoles que han dejado pruebas y testimonios de su compromiso con el pueblo saharaui y su derecho a decidir su destino por sí mismo. Como en Cantar del Mío Cid, «que buen pueblo si oviese buen señor»…

Marruecos viene ocupando pues militarmente el Sáhara desde hace 35 años. Mientras no se produzca el referéndum debe, al menos, respetarse el Convenio IV de Ginebra aplicable en todas las situaciones de ocupación militar y garantizar los derechos de la población saharaui. El artículo 1 de dicho convenio autoriza y promueve que cualquier Estado, por ejemplo, España, exija al infractor el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos de la población civil y el respeto de los combatientes legales. ¿Se atreverá este Gobierno a pedir que se respeten los derechos humanos en el Sáhara Occidental? ¿Habrá un día en el que tengamos un Gobierno digno de los españoles que asuma las responsabilidades que abandonamos en el Sáhara?

Araceli Mangas Martín, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Salamanca.