El voto responsable es el informado

La Comisión Europea presentó una propuesta de directiva de derechos de autor con dos partes bien diferenciadas: una que desarrolla nuevas excepciones obligatorias; y otra que introduce medidas para corregir la brecha de valor o value gap en el entorno digital. El 5 de julio, el pleno la rechazó con 318 votos frente a 278 y 31 abstenciones. Los eurodiputados discutirán y votarán un nuevo texto en el pleno mañana.

El artículo 11 establece un nuevo derecho conexo para los editores de prensa para facilitar la concesión de licencias de sus publicaciones online, previendo la posibilidad de que reciban un porcentaje de la indemnización por el uso de obras en el marco de una excepción. Algunos se oponen a que introduzca una "tasa al enlace", pero es un argumento falso: no existe tal tasa. Los usuarios que comparten enlaces a publicaciones de noticias no se verán afectados. Todos los actos de enlazar están específicamente excluidos.

A su vez, el artículo 13 introduce medidas para aumentar la transparencia y equilibrar las relaciones contractuales entre los autores y artistas intérpretes o ejecutantes y aquellos a quienes ceden sus derechos, debido a que los primeros tienen siempre la posición negociadora más débil y, además, hay poca transparencia sobre los ingresos obtenidos por la utilización de sus obras. Este artículo, que fija la responsabilidad de las plataformas que permiten acceder a contenidos subidos por los usuarios (user uploaded content, UUC), sigue siendo el principal escollo, también a causa de muchas falsedades.

En primer lugar, la propuesta de Directiva no exige la aplicación de "filtros" para subir contenidos. De hecho, otorga flexibilidad a las plataformas para que, junto con los titulares, impidan contenidos no autorizados. Una de las posibles soluciones tecnológicas, el reconocimiento automático, ya lleva mucho tiempo utilizándose en los servicios UUC y en las redes sociales. Las herramientas de filtrado identifican contenidos protegidos a partir de los metadatos que facilitan los titulares, y la directiva se aplicará exclusivamente a quienes juegan un papel activo (promocionando contenidos o insertando publicidad). También es falso que una identificación incorrecta deje indefenso al usuario, puesto que se establece claramente que dispondrá de mecanismos de reclamación y compensación.

En segundo lugar, la propuesta no modifica la protección de la "libertad de expresión" ni limita la difusión de ideas, creatividad, comentarios políticos, parodia o cualquier otra forma de expresión como los memes o los gif, que ya están y seguirán estando protegidos por las excepciones existentes. Así lo confirmó en su informe del pasado mes de julio el propio Supervisor Europeo de Protección de Datos.

La verdad es que las grandes plataformas tecnológicas tratan por todos los medios de seguir explotando al menor coste posible el contenido que genera el tráfico del que obtienen cuantiosos beneficios (con publicidad o datos de usuarios). Para proteger su injusta ventaja, han ejercido una fuerte presión sobre el Parlamento Europeo. No persiguen asegurar la disponibilidad de los contenidos, sino mantener la actual situación, en la que pueden beneficiarse del trabajo de los creadores europeos sin pagarles una remuneración justa.

Lo que sí pretende el artículo 13 es que las plataformas negocien acuerdos justos con los titulares de derechos. Este es el verdadero problema que a mi juicio quiere enmascarar la campaña SaveYourInternet, organizada por la organización Copyright for Creativity (C4C) y su agencia de lobby en Bruselas, N-Square, que también cuenta con Google entre sus clientes. La C4C tiene 42 miembros aunque está financiada principalmente por la Open Society Foundation (la fundación de George Soros) y la Computer & Communications Industry Organization de Estados Unidos, la asociación que agrupa a Amazon, Cloudflare, Facebook, Mozilla, Google y Uber, entre otros.

Entre las organizaciones que figuran como promotoras de SaveYourInternet se encuentran las españolas X-Net y la Asociación de Internautas, o las estadounidenses Electronic Frontier Foundation o Public Knowledge, todas ellas con larga trayectoria de acciones y manifestaciones encaminadas a socavar los derechos de la comunidad creativa. También OpenMedia, que se autodefine como "grupo de activistas políticos progresistas" aunque no esconde que sus "partners de platino" son Google y Mozilla y tiene en su Junta Directiva a Jacob Glick, el ex jefe de políticas públicas de Google Canadá.

Estos son los actores del mercado que han intentado vender como "movilización de los ciudadanos" lo que en mi opinión ha sido una campaña de desinformación orquestada por una de las partes interesadas. Del mismo modo que en 2012 la desconocida Fight for the Future intentó dar apariencia de movilización popular a la campaña contra la ley SOPA que se puso en marcha con el dinero de los grandes de Silicon Valley tras una reunión en la sede de Mozilla, episodio documentado en el libro #Gorrones de Chris Ruen (Ediciones Quinto 20).

Jean-Marie Cavada (ALDE) asegura que recibieron decenas de miles de correos electrónicos ("casi 40.000 para ser exactos") y que "el 99%" eran los mismos textos, copiados y pegados, "enviados por robots". Udo Bullmann, presidente de los socialistas (S&D), denunció: "No aceptaremos el nivel de abuso e intimidación que se ha generado. [...] Las amenazas de violencia física, o incluso muerte, nunca son aceptables".

Las contradicciones de la política están más presentes que nunca: que la cara visible de una campaña basada en información falsa sea Julia Reda, eurodiputada del Partido Pirata, no debería sorprender, pero no parece coherente atrincherarse un día junto a los taxistas contra el capitalismo salvaje de Uber y al día siguiente apoyarse en Uber contra los artistas, autores, editores y productores europeos.

La manifestación europea del 26 de agosto confirmó que no existe un «apoyo masivo» a la campaña: se reunieron poco más de 200 personas, en total, en más de una decena de ciudades. La gran "movilización ciudadana europea" contra el artículo 13 es en realidad una campaña de bots, como demostró Volker Rieck en el Frankfurter Allgemeine Zeitung (su reveladora investigación está publicada en español en adepi.net).

Los eurodiputados deben recibir información veraz. El voto informado es el único voto responsable, y es el que están obligados a emitir en beneficio de los ciudadanos europeos a los que, ellos sí, representan.

Antonio Fernández es el presidente de Adepi, la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual.

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