Elecciones

Las elecciones tienen mala prensa. Frecuentemente se transmite la imagen de trámite por el que hay que pasar para legitimar un gobierno, que es lo que importa. Pero sin perder demasiado tiempo ni demasiados recursos porque no cambian casi nada. De ahí la supuesta irritación cuando hay que repetir elecciones. O el supuesto cansancio del elector cuando tiene que votar en las generales, europeas, autonómicas y municipales en el plazo de unos meses.

Así surge el discurso demagógico sobre el despilfarro de fondos públicos, que es, en el fondo, desprecio al ejercicio de la democracia. Sobre todo si comparamos el gasto público electoral (otra cosa es la financiación privada, legal o ilegal) con los despilfarros habituales de los gastos de la Administración, tales como las flotas de coches oficiales innecesarios, los gastos de representación suntuarios, los viajes y dietas de nutridas delegaciones al extranjero para promover no se sabe qué, los gastos de publicidad institucional o las consultorías de amiguetes con precios inflados para estudios que harían mejor doctorandos a bajo costo. La necesaria compresión de gasto público inútil no debe incluir la austera financiación de lo que es esencial para la democracia.

Pero ¿es así? ¿Son las elecciones realmente democráticas, cuando se sabe que en casi ningún país, y desde luego no en España, se respeta el principio de “una persona, un voto”? Cada ciudadano puede votar, pero dependiendo de dónde vive (en l’Hospitalet o en Ávila) su impacto electoral es totalmente desproporcionado. Es más, la ley D’Hondt o sus equivalentes se encargan de favorecer a los partidos más fuertes por aquello de la gobernabilidad. Como si lo importante fuera que haya un gobierno, el que sea, y no que sea un gobierno dependiente de un parlamento plenamente representativo de los ciudadanos. Además, críticos de la democracia parlamentaria señalan el partidismo de los medios de comunicación de masas, que reparten su influencia entre los partidos dominantes, con sesgo hacia aquellos que más control tienen sobre el Estado o hacia aquellos grupos empresariales que les pagan. Por eso oponen la democracia real a la democracia realmente existente.

Aun así, aceptando las limitaciones y manipulaciones conocidas del proceso electoral, las elecciones siguen siendo un acto central de la democracia. No es una condición suficiente, pero sí es necesaria. Porque las alternativas para una decisión aceptada de gobernanza pasan todas por rupturas y desgarros que, en situaciones extremas, desembocan en la violencia. Ahora bien, para que las elecciones sean legítimas y mantengan el consenso hace falta corregir las desviaciones de las leyes electorales y acabar con las distorsiones del proceso electoral a partir de una normativa rigurosa. Y si se quiere consolidar esa legitimidad, habría que evitar que una vez hecha la votación el ciudadano no tuviera otra posibilidad que esperar cuatro años para censurar o aprobar. Existen múltiples mecanismos, algunos de ellos puestos en práctica en distintos países, para el control permanente de las ciudadanías sobre los políticos: referendos legislativos a partir de un número de firmas, revocación de mandatos en caso de incumplimiento del mandato electoral, destitución automática en casos (judicialmente probados) de prevaricación o ilegalidad, etcétera. A condición de despolitizar la judicatura, asignatura pendiente de casi todas las democracias.

Pero ¿cómo casa la importancia de las elecciones con el frecuente desinterés de los ciudadanos? Hay datos que nos dicen el porqué. Porque la mayoría de los ciudadanos piensan que los políticos van a la suya y no se ocupan de ellos. Y porque las opciones para elegir son limitadas, generalmente dos y poco más. Y aunque hay diferencias, según los temas el contraste no es excesivo. Por eso la ciudadanía se moviliza en momentos clave (como la transición democrática española o en la crisis económica) y se distancia cuando se resigna. En esos momentos, la movilización electoral refleja una movilización social preexistente. Esa relación entre movimiento social y cambio político se está dando en la Europa del Sur en estos años, con tiempos diferentes según países. La crisis económica del 2008 puso al descubierto fallas fundamentales del sistema: en el sistema bancario, en las instituciones europeas, en el sistema político y en los partidos tradicionales. Los grandes partidos fueron a la vez partícipes de la crisis e incapaces de gestionarla. La sociedad, sobre todo los jóvenes, como siempre, se movilizó fuera de las instituciones. Y, con retraso, porque esa es la experiencia histórica, esos movimientos sociales estimularon la conciencia de la gente y luego cambiaron el sistema político: en Grecia, con el ascenso de Syriza al Gobierno; en Portugal, con un Gobierno socialista apoyado por la extrema izquierda (presente en las instituciones); en Italia, donde se produjo la caída de Berlusconi y de los gobiernos tecnocráticos y donde surge con fuerza un Movimiento 5 Estrellas que, con todas sus ambigüedades, es un desafío al sistema. Y en España, donde las ideas, críticas y propuestas del 15-M han propiciando el surgimiento de los partidos emergentes (en su pluralidad, aunque varios confluyan con Podemos) y han cambiado irreversiblemente el sistema político, liquidando al bipartidismo tradicional y redefiniendo un espacio plural y liminal, en donde se van formando nuevas identidades políticas. Paradójicamente, eso podría llevar a una mayor abstención. No porque la gente se canse de elecciones o porque anhele un gobierno al precio que sea, a pesar del bombardeo mediático que habla en nombre de los mercados, ese dios ignoto al que hay que sacrificar la economía y ahora la política, sino porque ahora ya se sabe que no hay vuelta atrás y que lo que viene está por definir. Confusión, sí. Pero también esperanza de algo distinto, cuyo contenido no está escrito, porque será el que usted y yo decidamos.

Manuel Castells

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