Elecciones anticipadas (Para que cuanto antes haya un perdedor)

«En España se están creando las condiciones de la Tormenta Perfecta», comentaba el otro día una de las figuras clave del mundo financiero, aludiendo a esa combinación de factores climatológicos extremos que, siendo ya peligrosos de uno en uno, se convierten en devastadoramente letales cuando interactúan entre sí. En la famosa película de George Clooney, inspirada en la novela de Sebastian Junger, los elementos perniciosos que concurren son el choque de una masa de aire caliente y otra de aire frío -los científicos denominan el fenómeno ciclogénesis explosiva-, además de la avería de una máquina congeladora y la proverbial codicia humana. En el escenario de nuestra miserable realidad no es difícil identificar a un gobierno víctima de su incapacidad, a una oposición agazapada en su esclerosis política y a unos agentes sociales convertidos en penosa caricatura de sí mismos.

Todo indica que detrás de la máscara de jovialidad que cubre su rostro impenetrable, Zapatero acaba de cruzar ese punto crítico en el que el capitán de un barco descubre con espanto que ha estado guiándolo en el rumbo equivocado y que si no hace algo pronto, será inevitable estrellarse contra el acantilado. Entonces llegan los golpes bruscos de timón a la desesperada, siempre tardíos o incompletos, que, en la mayoría de los casos, no sirven sino para aumentar la violencia del impacto.

Dos años de advertencias, ante las que ha venido haciendo oídos sordos, han cristalizado estos días en los más demoledores datos de coyuntura: el brutal repunte del paro, el descuelgue de España de la caravana de la recuperación del crecimiento en el mundo desarrollado, el vertiginoso incremento del déficit que vuelve a hacer parpadear a las agencias de rating, la afloración de la inconmensurable -e incobrable- deuda del sector inmobiliario que lastra a los bancos buenos y condena a muerte a las cajas golfas, la pérdida de competitividad agravada por el incremento de unos costes laborales en los que pesan desproporcionadamente las indemnizaciones por despido o la caída de la renta per cápita por debajo de nuevo del nivel de Italia y cada vez más lejos de la envidiada Francia.

Todo esto ha configurado la gélida acogida con que Zapatero se ha encontrado en Davos. Ya no se habla de los PIGS, sino de los PIGSSSS, arrastrando la ese final para enfatizar que los mayores peligros para la eurozona no residen ni en la atonía crónica de Portugal, ni en el ineficiente derroche endémico de Italy ni en la peritonitis aguda de Greece, sino en la frívola marcha de Spain hacia el desastre. Que el jefe del Gobierno se haya visto obligado a subrayar que somos «un país serio», lo resume todo.

Por increíble que parezca, tras lo variado y nutrido que era últimamente el coro de Casandra, todo esto se le ha venido encima a Zapatero como una inesperada y fulminante ducha escocesa. El optimista crónico capaz de cambiar a Solbes por Salgado y quedarse tan ancho, capaz de firmar el irresponsable cheque de la financiación autonómica y quedarse tan ancho, capaz de asumir los dogmas, la retórica y las supersticiones de un sindicalismo y un ecologismo rancios y quedarse tan ancho, acaba de caerse del guindo.

Y así, de repente, sin aviso ni previo, han llegado el bandazo, el mazazo y el pensionazo del incremento de la edad de jubilación, la ampliación del periodo de cómputo y demás recortes sociales. Al margen de la sensación de injusticia que puede embargar a quienes ven cómo les alejan la línea de meta cuando ya afrontan muy justos de fuerzas los últimos tramos de la carrera, son medidas cargadas de racionalidad, pues en estos momentos la esperanza de vida media de quienes llegan a los 65 anda ya en el entorno de los 19 años y, si no se toca nada, el sistema de pensiones entrará pronto en números rojos. Pero la trascendencia de este paso es tal que nunca debería ser fruto de la improvisación y la ocurrencia unilateral como si se tratara de un cheque bebé o una deducción de 400 euros de quita y pon.

He aquí la típica iniciativa que habría adquirido todo su sentido en el contexto de ese gran pacto de Estado que el ministro Miguel Sebastián y yo propusimos en mayo de 2008 en El Escorial. Si los españoles hubiéramos asistido a un ejercicio de responsabilidad colectivo en el que partidos, patronal y sindicatos, gobierno central y autonomías hubieran abordado los grandes problemas económicos de la nación, ofreciendo una receta equilibrada para salir de la crisis a base de sacrificios para todos, esta píldora amarga sería mucho menos indigesta.

Pero no podemos olvidar que quien ahora le mete esta estocada hasta la bola a la sufrida clase media asalariada cuyas espaldas cargan con todos los costes del Estado, es el mismo gobierno que ha estado trasteando con las prejubilaciones a los 52 años para podar el monstruo de la televisión pública o sanear los balances de empresas con miles de millones de beneficios. El mismo gobierno que se ha adornado en el centro de la plaza con las florituras de una Ley de Dependencia propia del máximo estadio de la protección social en el Estado del Bienestar. Y el mismo gobierno que ha salido al quite en ayuda de la demagogia sindical cada vez que se ha planteado una nueva modalidad de contrato con menor coste de despido, con la peregrina alegación de que eso podría acelerar la sustitución de los actuales trabajadores por otros de coste menor.

Que se les pregunte a los empleados fijos si no preferirían que los nuevos contratados sólo tuvieran derecho a 20 días de indemnización por año a cambio de que se respetara el derecho de todos a jubilarse a los 65. Y que se le pregunte a ese 91% de los contratados el año pasado, que lo fueron de forma temporal, si no preferirían esos 20 días volando que el pájaro muerto de la nada que tienen en mano. Y que se les pregunte, en fin, a los cuatro millones de parados si no se darían con un canto en los dientes si alguien les ofreciera un empleo estable en esas condiciones.

Pero los sindicatos están atrincherados contra ese ejercicio de flexibilidad que nos acercaría al coste por despido de Francia o Alemania, porque han hecho de ello una especie de prueba de fuego de su poder fáctico. Y a menos que el Gobierno deje de bailarles el agua, en base a la fantasía de que eso legitima su actitud ideológica ante la crisis, la anunciada reforma laboral está condenada a la irrelevancia de unos ajustes menores en relación a la negociación colectiva, la casuística de los convenios o la reducción de jornada.

Este jueves tuvimos a Cándido Méndez en el Foro de EL MUNDO y, además de constatar que su cercanía al poder no ha nublado su sencillez ni atrofiado su ingenio, pudimos comprobar con enorme preocupación hasta qué punto el líder de UGT ha convertido las ensoñaciones zapateriles sobre la economía sostenible en una coartada para su intransigencia. Se le entre por donde se le entre -véanlo hoy en nuestras páginas- siempre sale con el cambio de modelo que ponga fin a lo que él llama «la sobreexplotación del suelo, el agua y el factor trabajo». No tuve más remedio que decirle que su «modelo, modelo, modelo» recordaba al tan utópico como estéril «programa, programa, programa» de Julio Anguita.

Entre las nubes de que «el mundo ha de cambiar de base» y la realidad de la recesión y el paro, los sindicatos sólo proponen más endeudamiento y más gasto público. O sea, engordar para morir, hipotecando no sólo a los españoles de hoy, sino también a los de mañana. Y si no fuera porque existe algo llamado Pacto de Estabilidad y porque Zapatero tampoco está dispuesto a pasar a la historia como el presidente que consiguió que nos expulsaran del euro, está claro que lo conseguirían.

Desgraciadamente, la CEOE parece empeñada en cargarse de descrédito social, precisamente cuando más necesitamos que sea la genuina representación del empre- sario que lucha con coraje por mantener el empleo sin recurrir a las malas prácticas que van aflorando día a día en la trayectoria de su presidente Díaz Ferrán. Que él se empecine en aferrarse al cargo, bien porque crea que eso le permitirá rehacer su imagen, bien porque piense que le ayudará a pactar con sus acreedores y con las administraciones públicas un trato ventajoso, entra dentro del egoísmo y la ofuscación de la condición humana. Pero que la junta directiva de la patronal le respalde indica que la endogamia, la cooptación y el amiguismo han hecho ya estragos incluso entre quienes teóricamente deberían ser los adalides de la sociedad abierta y el respeto al juego limpio y a las reglas del mercado. Si Ferrer Salat, Rodríguez Sahagún y Cuevas levantaran la cabeza dirían lo mismo que se escucha ahora en cualquier despacho empresarial de peso, incluido el del propio socio del interfecto.

En este entorno la oposición debería ser -vamos a ponernos ya washingtonianos- como la «ciudad brillando en la colina», es decir como un faro de claridad, sensatez y previsibilidad, esas virtudes que tanto ensalza Rajoy, pero luego tan poco practica. Justo cuando en uno de esos flujos espasmódicos propios de la ansiedad que origina la torpeza gubernamental mucha gente principal empezaba a perdonarle a Rajoy sus pasados escaqueos, el líder del PP ha vuelto a las andadas con tres asuntos que no son moco de pavo: la energía nuclear, la inmigración y las propias pensiones.

Empezando por lo último, ¿qué hubieran dicho los lectores de EL MUNDO si en nuestra edición del viernes hubiéramos guardado silencio editorial sobre el aumento de la edad de jubilación o nos hubiéramos limitado a decir que no teníamos formada aún una opinión? ¿O si el sábado, además de descalificar, colmados de razón, la ejecutoria económica de Zapatero no hubiéramos entrado en el fondo positivo del ajuste? Siguiendo por lo primero: ¿cómo se puede desaprovechar una ocasión tan clara para denunciar las contradicciones de la política energética del Gobierno, incurriendo en una mayor y dejando de paso con el pompis al aire a Cospedal y a Arenas como si fueran Acebes y Zaplana? Y terminando por lo de en medio: ¿nos quiere explicar el señor Rajoy que es eso de que cualquier «ser humano» -con papeles o sin papeles, empadronado o sin empadronar- tiene derecho en España a recibir sanidad y educación gratuitas? ¿Y por qué no alimentación y vivienda? ¿Y por qué no vestido y empleo? A ver cómo vuelve a arremeter contra el PSOE por fomentar el efecto llamada…

La situación de España es tan crítica -con el patético Montilla dando otra vuelta de tuerca a su represión lingüística y el Tribunal Constitucional abusando indecentemente de la paciencia pública- que ya sólo puede mejorar. Y lo que la democracia ha estropeado, la democracia lo puede enmendar. No perdamos el tiempo pidiendo mociones de censura, que eso no sirve para nada ni va a ningún sitio. Hay argumentos suficientes para reclamar el adelanto de las elecciones generales de forma que se celebren en 2011, antes, a la vez o inmediatamente después de las autonómicas. Nada ha sucedido como prometió Zapatero en la última campaña, estamos en emergencia económica y encima él no aclara si quiere intentar seguir o no en la Moncloa. Una vez que ya ha descartado el gran pacto con el PP por supuesta incompatibilidad de modelos -menudo sarcasmo tras lo anunciado el viernes-, lo mejor es que las urnas otorguen cuanto antes un nuevo mandato legitimador para que el lastre de quien llegue o continúe sea el menor posible.

Esto no es sólo un deseo, sino una creciente probabilidad. El PSOE se ha quedado sólo con el pensionazo, pero el PP no podrá votar en contra de medidas como esas. En cambio, bastaría que ni CiU ni el PNV apoyaran los próximos presupuestos -es obvio que las minorías de izquierdas no lo harán- para que Zapatero se viera obligado a prorrogar las incumplibles cuentas públicas de este año y a disolver las Cortes el que viene. Los españoles acudiríamos a las urnas con limitado entusiasmo, pero con la fuerza del cabreo y la impepinable garantía de que al menos habría un perdedor: es decir, de que pronto tendríamos un gobierno menos malo o, en el peor de los casos, una oposición manifiestamente mejorada.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.