Elecciones en Brasil: Lula rumbo a su segundo mandato

Por Bruno Ayllón, investigador posdoctoral MEC en la Universidad de São Paulo (Brasil) y Víctor García Guerrero, Master in Mass Communications por la Universidad de Leicester y corresponsal de Radio Nacional y Radio Exterior de España en Brasil (REAL INSTITUTO ELCANO, 15/09/06):

Tema: El actual presidente brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva, es el candidato favorito para las elecciones del próximo 1 de octubre. Lula podría conseguir un nuevo mandato de cuatro años ya en la primera vuelta, aunque se verá obligado a llegar a pactos con otras fuerzas políticas para tener mayoría en el Parlamento.

Resumen: Brasil afronta las elecciones de octubre para presidente, gobernadores, diputados y senadores sin las presiones del mercado financiero que marcaron las elecciones de 2002. Los escándalos de corrupción del actual Gobierno han sido asimilados de tal modo por el electorado que el presidente Luis Inácio “Lula” da Silva podría hacerse con un segundo mandato en la primera vuelta de las elecciones. Su partido, sin embargo, pagará la factura por la crisis política, lo que obligará al próximo mandatario a llegar a pactos con organizaciones de diferente signo político para asegurarse un cierto control del futuro Parlamento. La razonable marcha de la economía, la autosuficiencia petrolífera o los programas sociales son los principales triunfos de Lula, cuya política económica seguirá la senda ortodoxa que ha recorrido estos cuatro años aunque es posible que ponga más acento en el desarrollo para intentar que el país crezca más rápidamente y se reduzcan las enormes desigualdades sociales.

Análisis: Casi 126 millones de brasileños están convocados a las urnas electrónicas el próximo 1 de octubre. La tercera mayor democracia del mundo, en número de votantes, elegirá un presidente para gobernar el país los próximos cuatro años. También escogerán 27 gobernadores para otros tantos estados más el distrito federal (Brasilia), 513 diputados federales, 1.059 diputados estatales y a un tercio de los 81 senadores que componen la Cámara Alta.

A diferencia de hace cuatro años, cuando la economía brasileña atravesó un grave periodo de inestabilidad –inflación descontrolada, fuga de capitales, depreciación considerable de la moneda nacional– hoy la situación es muy distinta. Ni el presidente Luis Inácio “Lula” da Silva ni su Partido de los Trabajadores (PT) son vistos como amenazas de ruptura del modelo económico. Los fundamentos económicos de Brasil también son mejores que en 2002. A modo de ejemplo, la Bolsa de São Paulo mantiene una tendencia alcista desde hace meses y el real se cotiza estable y relativamente valorizado con respecto al dólar con independencia del proceso electoral. El riesgo-país, de más de 2.400 puntos antes de las elecciones de 2002, es hoy más de diez veces menor.

Las expectativas populares ante estas elecciones son más difíciles de cuantificar. Algunas estadísticas apuntan a que el interés (o desinterés) del electorado es similar al de 2002. Según una encuesta del Instituto Datafolha, la mitad de la población dejaría de ejercer su derecho al voto si este derecho no fuese, además, una obligación legal. Es la misma cifra registrada hace cuatro años y también en las elecciones de 1994 y 1998. Sólo en 1989, fecha de las primeras elecciones presidenciales directas tras más de dos décadas de dictadura militar, hubo mayor número de brasileños (54%) satisfechos con la idea de acudir a las urnas que al contrario.

Las razones que explican la evidente tranquilidad de los mismos agentes financieros que en 2002 estuvieron a punto de dejar a Brasil en la bancarrota se relacionan con la buena marcha de la economía y la ortodoxia económica aplicada por el Gobierno de Lula. Los puntos presentados en la Carta ao Povo Brasileiro, un documento de campaña lanzado cuatro años atrás para intentar calmar a quienes temían la llegada al poder de un gobierno de supuesto carácter rupturista, se han cumplido sin excepción, fundamentalmente en lo que tiene que ver con los contratos y compromisos firmados por Brasil con inversores privados y organizaciones internacionales de crédito.

Lejos de promover cambios radicales en la administración de la economía brasileña, el Gobierno Lula ha realizado mayores esfuerzos fiscales que el de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso (1994-1998 y 1998-2002). Como media, el Estado brasileño, en sus tres esferas de gobierno, ha dejado de gastar un 4,25% de su Producto Interior Bruto al año para amortizar el pago de los tipos de interés de la gigantesca deuda pública –del orden de 365.000 millones de euros, un 50,3% del PIB en julio de 2006–. El resultado es que la deuda, a pesar de haber crecido en términos absolutos, ha mejorado en su relación al PIB (57,2% a comienzos de 2003). Conviene señalar que la deuda brasileña es, hoy en día, de carácter interno: el Gobierno federal ha conseguido liquidar sus obligaciones con el FMI y negociar favorablemente con sus acreedores privados.

Los razonables resultados macroeconómicos de Lula –inflación controlada por debajo del 4% para 2006, creación de seis millones de puestos de trabajo en el sector formal, crecimiento de la economía superior al 3% de media en cuatro años, crecimiento de las reservas internacionales, además de las citadas práctica desaparición de la deuda pública externa y fin del acuerdo con el FMI, de gran valor simbólico para quien llegó a defender en las calles “Fuera FMI”– son uno de los principales triunfos del antiguo líder sindical, que ha dicho tener que enfrentar una “herencia maldita”, en referencia a las difíciles condiciones recibidas de los gobiernos anteriores.

Pero el hecho de haber conseguido esos resultados con una política económica ortodoxa heredera de la aplicada por Cardoso le ha supuesto, al mismo tiempo, una contradicción y un cierto coste político. Su intento de reforma de la seguridad social, a fines de 2003, basándose en criterios considerados neoliberales según algunos sectores de su propio partido, provocó la expulsión de conocidos representantes del PT, como la senadora Heloísa Helena, hoy líder del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y candidata a las elecciones presidenciales. Helena se presenta al electorado con lo que considera son las banderas tradicionales del PT –intervención directa del Estado en la economía, reducción drástica y por decreto de los tipos de interés y ruptura con el capitalismo financiero– que Lula y su Gobierno habrían traicionado.

La otra gran traición de Lula y el PT, en opinión de sus críticos, y en esto coinciden tanto los que se ubican a izquierda como a derecha, no sería económica sino de comportamiento. Los escándalos por financiación ilegal de partidos políticos, las acusaciones de compra de votos en el Parlamento, o casos como el del dirigente del PT sorprendido en el aeropuerto de São Paulo con una importante cantidad de fajos de dólares escondidos en su ropa interior, han llevado a algunos a hablar de la etapa más corrupta de la historia brasileña. Los ministros José Dirceu y Antonio Palocci, responsables de las áreas política y económica, respectivamente, perdieron sus puestos en diferentes escándalos y Dirceu fue castigado con la pérdida de su mandato de diputado por el Parlamento y no podrá presentarse a ningún cargo electivo hasta 2016.

Sin necesidad de valorar si el Gobierno del PT y sus aliados ha sido el más corrupto de la historia de Brasil, los escándalos conocidos desde mediados de 2005 llegaron a poner al ejecutivo brasileño y al propio presidente Lula en una situación de debilidad. La oposición de centro-derecha flirteó durante meses con la amenaza de presentar el equivalente a una moción de censura en un régimen parlamentario, el impeachment. La medida no fue tomada debido a una más que posible falta de votos en el Parlamento y la ausencia de apoyo popular a una iniciativa tan drástica, sólo implementada una vez en la historia reciente del país –en 1992, contra el entonces presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción–. Los peores momentos de la crisis política han pasado y el ejecutivo ha conseguido llegar a la campaña electoral con índices de popularidad nunca alcanzados durante la legislatura. Más del 50% de la población, según las encuestas, consideran que su gobierno es óptimo o bueno. El mismo porcentaje declara que votará en Lula el 1 de octubre, lo que le daría una nueva presidencia en la primera vuelta.

Candidatos y programas
Junto al Partido Comunista do Brasil (PC do B) y el Partido Republicano Brasileiro (PRB), el PT forma la coalición A força do povo. El candidato a vicepresidente es el actual segundo de Lula, el empresario José Alencar (PRB). El programa de gobierno de Lula para el periodo 2007-2010 está construido en torno a seis ejes de acción: combate a la exclusión social, a la pobreza y a la desigualdad; profundización del nuevo modelo de desarrollo basado en el crecimiento con distribución de renta y sostenibilidad ambiental; educación masiva y de calidad; ampliación de la democracia y diálogo político; e inserción soberana de Brasil en el mundo.

No existen grandes novedades ni medidas o promesas de efecto. El programa insiste, desde una perspectiva realista y pragmática, en la senda recorrida priorizando los programas y políticas sociales. Es en la reforma política donde se pueden detectar algunas de las preocupaciones presentes en el debate político y que se reflejan en el programa de Lula. La reforma serviría para combatir la corrupción y aseguraría “la pluralidad de partidos, la fidelidad partidaria, la financiación pública de las campañas electorales y el voto proporcional –de forma preferencial en listas pre-ordenadas–, además de incentivar la construcción de mayorías necesarias para la gobernabilidad” (véase Lula presidente. Programa de Governo 2007/2010. p. 12, disponible en http://www.pt.org.br).

En el campo económico se mantendrían las grandes líneas de actuación que han permitido reducir la vulnerabilidad externa de Brasil, contener la inflación en niveles históricamente bajos para el país y crear, en opinión del Gobierno pero también de agencias internacionales de calificación de riesgo como Standard and Poor’s, las condiciones para un crecimiento sostenible. Esta es la principal baza electoral de los actuales gobernantes en el aspecto económico. Brasil sigue teniendo los tipos de interés más altos del mundo, lo que hace que el precio del dinero sea muy alto, dificultando el acceso al crédito. Un nuevo Gobierno Lula, según su programa electoral, continuaría promoviendo reducciones graduales de los tipos de interés, y fomentaría medidas para abaratar el crédito.

La importante deuda pública dificulta la capacidad inversora del Estado, lo que se traduce en infraestructuras generalmente mal conservadas o insuficientes para los retos de crecimiento del país. Durante el pasado Gobierno, el PT aprobó una ley por la cual el Estado podrá acordar con empresas privadas inversiones en carreteras, puertos y sistema ferroviario. El primer caso de PPPs (Parcerias Público Privadas), hasta ahora prácticamente inéditas en Brasil pero utilizadas en países como el Reino Unido, se da en São Paulo con la construcción de una línea de metro.

En general, el programa no da señales claras de que se vaya a profundizar en la ortodoxia. Pero tampoco de lo contrario. La previsión de gastos para 2007 indica, en todo caso, que en el Gobierno, desde la caída de Antonio Palocci, han perdido fuerza los sectores más monetaristas y, en contrapartida, han salido ganando los desarrollistas. Un ejemplo es que el programa no discute la autonomía del Banco Central ni mayores índices de esfuerzo fiscal anual de los que ya se practican. El carácter desarrollista también se refleja en la apuesta por ampliar las inversiones en el sector energético y una apuesta clara por el desarrollo de combustibles alternativos, como el biodiesel. Durante el mandato de Lula, Brasil alcanzó la autosuficiencia petrolífera y se hicieron importantes descubrimientos de yacimientos de crudo y gas. Queda pendiente la resolución del conflicto con Bolivia por la nacionalización de los hidrocarburos y sus consecuencias en el precio del gas para las industrias brasileñas.

Un nuevo Gobierno del PT seguiría comprometido, según su programa, con el desarrollo equitativo del agro negocio, pilar del sector exportador, y la agricultura familiar. La reforma agraria, con la distribución de tierras para cientos de miles de familias, seguiría siendo una prioridad que en estos cuatro años no ha estado exenta de críticas por organizaciones como el Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MST), tradicional aliado del PT que ha considerado tibios los pasos dados y ha hablado de un Gobierno de dos cabezas: una que sólo se preocuparía con los beneficios de los grandes productores agrícolas y otra, más débil, que intentaría sacar adelante la reforma agraria.

El crecimiento del agro negocio también plantea problemas ecológicos y conflictos con los pueblos indígenas. La deforestación del Amazonas, motivada por la expansión de la ganadería y las áreas de cultivo, ha continuado creciendo. Organizaciones ecologistas y el Ministerio del Medio Ambiente han cuestionado la falta de capacidad del Gobierno de frenar esta expansión a veces descontrolada. Las organizaciones indígenas han criticado la falta de pulso del Gobierno federal para defender sus derechos frente a las ansias expansionistas de ganaderos y grandes productores agrícolas.

Lula también se presenta a las elecciones con la promesa de continuar el programa Bolsa Familia, un conjunto de ayudas monetarias para las familias más pobres (con la contrapartida de enviar a sus hijos a la escuela y mantener al día su cartilla de vacunación) que incluye el programa Fome Zero. En agosto de 2006, once millones de familias recibían algún tipo de ayuda en el marco de este programa. Es el mismo número de familias que según el Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está en situación de vulnerabilidad social. Para la oposición, Lula se estaría garantizando millones de votos con este programa. El Gobierno y el PT lo consideran el principal instrumento de distribución de riqueza en uno de los países más desiguales del mundo.

El principal candidato de la oposición, Geraldo Alckmin, del PSDB, ha criticado el programa de Lula, al que acusa de ser “vacío, retórico, generalista y hueco”, un ejercicio de voluntarismo y un catálogo de buenas intenciones que no explica, por ejemplo, de donde saldrán los recursos para los fondos sectoriales prometidos en infraestructuras o industria o qué medidas garantizarán que la tasa de inversión privada alcance el 25% –hoy en día la tasa ronda el 20%–.

Alckmin, ex gobernador del estado de São Paulo, se presenta a las elecciones con un discurso que intenta, por un lado, mostrar una supuesta incompetencia administrativa y gestora del Gobierno, prometiendo un “choque de gestión” para resolverla, mientras carga las tintas en los escándalos de corrupción de estos años. Alckmin también achaca al Gobierno la responsabilidad por la crisis de la seguridad pública, especialmente grave en las grandes ciudades. Los atentados de la organización criminal que controla la vida en las cárceles paulistas (el Primeiro Comando da Capital, PCC) dejaron a la ciudad más importante del país en estado de pánico en distintos momentos de mayo, junio y julio. El ex gobernador, promotor de una política de mano dura con los delincuentes –que en opinión de sus críticos sería la responsable de la respuesta igualmente dura del crimen organizado– promete seguir la misma receta como presidente.

La coalición que encabeza Alckmin, formada por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) y el Partido da Frente Liberal (PFL), fue la misma que gobernó Brasil durante buena parte de los años noventa y que se caracterizó por poner en marcha medidas reformistas y aperturistas de la economía –privatizaciones de empresas y bancos públicos o apertura al capital extranjero–. La propuesta económica de Alckmin, que insiste en la necesidad de reducir el papel del Estado y disminuir el gasto público, también aboga por flexibilizar el carácter fluctuante de la moneda y una mayor intervención del Banco Central en el mercado de cambio para evitar pérdidas de competitividad del sector exportador, relativamente perjudicado en los últimos meses por la valorización del real respecto al dólar. Hasta el primer fin de semana de septiembre, a un mes de las elecciones, Alckmin no había presentado formalmente su programa de gobierno.

La intervención directa del Estado en la economía, a través de un Banco Central “autónomo e independiente del capital financiero y subordinado a los intereses nacionales” es la principal propuesta económica de Heloísa Helena, candidata del PSOL. Helena pregona reducir de forma drástica y por decreto los tipos de interés y conseguir un volumen multimillonario de recursos que sería invertido en políticas sociales y obras de infraestructura. Su programa también señala la necesidad de favorecer un crecimiento acelerado para que el mercado de trabajo pueda absorber los excedentes de mano de obra. Propone dar tierra a más familias que el Gobierno Lula y califica a los sectores del agro-business como capitalistas sin escrúpulos que sólo aparentemente colaboran con el desarrollo del país. Por último, Cristovam Buarque, ex ministro de Educación y antiguo militante del PT, se presenta con un discurso basado casi íntegramente en la necesidad de hacer una gran reforma educativa. Buarque, del Partido Democrático Trabalhista (PDT), propone centralizar la enseñanza primaria, hoy en manos de estados y municipios.

El desafío de la gobernabilidad
Es común calificar el sistema político brasileño como un presidencialismo de coalición. Su rasgo fundamental es la dificultad para formar mayorías en la Cámara de los Diputados y en el Senado federal. Para conseguir aprobar sus proyectos y reformas, el ejecutivo necesita negociar con un gran número de partidos de diferentes tendencias y que representan diversos grupos de interés, de carácter corporativo o regional. Con frecuencia, esta negociación adquiere un tinte personal e implica un mercadeo de cargos, transferencias de recursos federales a los reductos electorales de los caciques locales y formas de financiación a campañas políticas con fondos no declarados, la llamada caixa dois. Esta ingeniería política implica altos costes y elevados riesgos para la gobernabilidad, como probó el episodio de la enmienda constitucional que permitió la reelección de Cardoso o, más recientemente, la grave crisis política que ha atravesado el país. La poca habilidad de Lula y de parte del PT para formar una coalición de gobierno con base en un programa, unida a la necesidad de llegar a alianzas con políticos de dudosa fiabilidad, fue el caldo de cultivo de los principales escándalos de corrupción: la supuesta compra de apoyos en el Congreso a cambio de dinero o el cobro de comisiones ilegales en empresas estatales a las que algunos aliados habían llegado como parte de los acuerdos para la formación de una base de gobierno (para un análisis más detallado de estas cuestiones véase el ARI nº 107/2005, “La crisis política en Brasil: la esperanza se transformó en decepción”).

Producir gobernabilidad con base en una coalición cohesionada es el gran desafío al que se enfrentan los gobiernos en Brasil y su ausencia es una permanente amenaza sobre la política brasileña. Cardoso consiguió aglutinar firmemente al PSDB, PFL y PMDB (Partido do Movimiento Democrático Brasileiro) en su primer mandato (1995-1998) pero tuvo muchas más dificultades en el segundo (1999-2002). En 2003, Lula contaba desde el primer momento con el apoyo del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) y del Partido Socialista Brasileiro (PSB). Una vez elegido presidente amplió su coalición con pequeños partidos como el Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), el Partido Liberal (PL) o el Partido Progressista (PP).

La base parlamentaria del ejecutivo se mantuvo relativamente unida hasta 2005. Ese año, las denuncias de corrupción del diputado del PTB Roberto Jefferson la hicieron saltar por los aires: diputados de prácticamente todos los partidos aliados estaban comprometidos en diversos escándalos de corrupción investigados por comisiones parlamentarias que, a su vez, monopolizaban la actividad del Congreso. Sin gobernabilidad, Lula realizó un movimiento estratégico con un doble objetivo: atraer a los sectores del PMDB, el partido mayoritario en el Congreso, más proclives a una alianza con el Gobierno, ofreciendo a cambio algunos ministerios –lo que acentuaba de paso la división interna y la implosión de la candidatura pemedebista a la presidencia– y recomponer la maltrecha articulación política para frenar los ímpetus oposicionistas en la investigación de las denuncias. La táctica de Lula tuvo éxito. A fines de 2005, el ejecutivo consiguió elegir a aliados para presidir la Cámara de los Diputados y el Senado, y reorganizó su base de apoyo, y pudo entrar en 2006 con un Congreso que si bien sigue siendo en cierta medida imprevisible ya no es completamente hostil.

La mala experiencia de depender casi exclusivamente de pequeños partidos y de los caprichos de sus líderes puede inclinar a Lula a negociar con un gran partido en un hipotético segundo mandato. Ese partido sería el PMDB, fundamentalmente su sector oficialista, encabezado por el actual presidente del Senado, Renan Calheiros, y el ex presidente de la República, José Sarney. Calheiros, político habilidoso y en alza, fue una pieza clave para minimizar los efectos negativos de la crisis política para Lula y ayudó a neutralizar en el seno del PMDB el lanzamiento de un candidato propio. En cualquier caso, todo dependerá de los resultados de las elecciones parlamentarias. En esta convocatoria existe una cláusula de barrera que impedirá alcanzar representación parlamentaria a aquellos partidos que no consigan, como mínimo, un 5% de votos –de los cuales el 2% debe haber sido obtenido en al menos nueve estados– en las elecciones a la Cámara de Diputados.

Debido a esa nueva norma, es factible pensar en una reducción a la mitad de los 17 partidos que hoy tienen representación. Por la izquierda, algunos corren peligro de ser absorbidos por el PSB y por el PT. El Partido Popular Socialista (PPS), una escisión del antiguo Partido Comunista, camina a integrarse en el PSDB. Por la derecha, puede producirse una desbandada de miembros del PL, PP y PTB hacia el PMDB, que reforzaría su carácter de “cajón de sastre” y se convertiría en el fiel de la balanza de la política brasileña.

Aunque no existan encuestas sobre intención de voto al Congreso y al Senado, algunas estimaciones apuntan a una disminución de un 20% de los escaños del PT, que pasaría de 91 electos en 2002 a unos 70 en 2006. Los partidos de oposición, PSDB y PFL, elegirían entre 120 y 130 diputados. El PMDB podría alcanzar entre 90 y 100 representantes. El PDT y el PSB totalizarían unos 30 parlamentarios cada uno. Eso arrojaría un Congreso fraccionado donde ningún partido, por sí mismo, tendría mayoría. En cuanto al Senado, todo apunta a que la oposición tendrá una representación amplia si bien el PT, en alianza con el PMDB, puede llegar a controlarlo.

La cuestión reside en saber cual será el precio que Lula estaría dispuesto a pagar a cambio del apoyo del PMDB. Se especula con un acuerdo que cedería al PMDB las presidencias de la Cámara de los Diputados y del Senado federal, un número importante de ministerios –entre cuatro y seis– y un abultado porcentaje de cargos en organismos administrativos y empresas públicas. La fragmentación partidaria, el riesgo de fracaso de la coordinación política y el temor a una excesiva dependencia de un PMDB poco previsible por ser proclive a disputas internas y con voracidad de cargos y ministerios, pueden estar en el origen de algunas propuestas recientes, como la realización de un gran pacto de conciliación política nacional lanzado por Lula en una reciente reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social. Este pacto, no formalizado concretamente, apunta hacia algún tipo de entendimiento con los sectores desarrollistas y menos radicalizados de la oposición, especialmente José Serra y Aecio Neves, que además competirán por ser candidatos a las presidenciales de 2010. Los términos de este acuerdo se orientarían a lograr una “gobernabilidad madura” que incluyese el fin de la reelección para presidente, gobernadores y alcaldes, retornando a los mandatos de cinco años, y la adopción de medidas que asegurasen la fidelidad partidaria y la financiación pública de las campañas. La reforma de la Seguridad Social, de la administración pública, de la legislación laboral y sindical, así como una amplia reforma tributaria que unifique las decenas de impuestos cobrados en el país, se encuentran también entre las prioridades de este pacto que ha sido impulsado por Tarso Genro, actual ministro de Relaciones Institucionales.

A la complicación de negociar, gestionar y mantener una base de apoyo durante cuatro años se añade un factor fundamental: el peso de los estados y de los gobernadores en la política nacional. Si las elecciones de 2002 no fueron buenas para el PT en el ámbito regional, pues apenas consiguió el gobierno de tres estados de poco peso político y económico, las perspectivas para 2006 tampoco son halagüeñas para el partido de Lula. La clave de nuevo estará en el PMDB, al que las encuestas auguran óptimos resultados en los estados del sur, una victoria amplia en Río de Janeiro y triunfos en otros estados menos importantes. São Paulo y Minas Gerais serán de la oposición social-demócrata con bastante probabilidad. El PFL, el partido de oposición más acentuadamente derechista, dominará algunos estados del nordeste, en especial Bahía, y estados del norte amazónico. Ante esta situación, el reto del próximo presidente pasará por practicar una política que reduzca las tensiones producidas por la guerra fiscal entre estados, y entre estos y la unión. De ello depende no sólo una coexistencia institucional pacífica, sino también el proyecto de reforma tributaria que debe contemplar la unificación de algunos tributos y los mecanismos de recaudación, así como su redistribución posterior.

Conclusiones: A menos de treinta días de las elecciones, todas las encuestas realizadas en Brasil dan al actual presidente unas intenciones de voto que rondan el 50% y a su inmediato perseguidor, Geraldo Alckmin, un máximo de 28%. La izquierdista Heloísa Helena tendría en torno de 10%. Eso haría de Lula vencedor de las elecciones del 1 de octubre sin necesidad de una segunda vuelta. La campaña, hasta el momento, se caracteriza por un clima desapasionado entre los candidatos y de cierta apatía en el electorado. La crisis desatada en 2005 supuso un bombardeo de información política poco habitual en Brasil, lo que, según los analistas de opinión, habría saturado a la gran mayoría de los votantes, quienes lejos de escandalizarse con las denuncias de corrupción, habrían pasado a asimilarlas como algo inherente al sistema. La oposición tampoco consiguió comprometer directamente a Lula en ninguno de los hechos denunciados. El presidente goza de una elevada popularidad, similar a la que disfrutaba al comenzar su mandato.

Las razones que explican la probable victoria de Lula, además de su aparente invulnerabilidad a las denuncias, tienen que ver también con su carisma, con su habilidad para comunicarse con el pueblo, especialmente con las clases más pobres, y con los beneficios cotidianos que siente esa parcela de la población: la cesta básica es hoy más barata que hace cuatro años, los precios están bajo control, el salario mínimo ha aumentado sensiblemente, el crédito se ha expandido y los programas sociales dan cobertura a más de cuarenta millones de brasileños. La clase media, a priori más refractaria a la figura de Lula y, sobre todo, a la estrella roja del PT, también se ha visto beneficiada por el control de la inflación, la expansión del crédito y la valorización del real, que ha aumentado su poder de compra. Grandes bancos y empresas del sector exportador han obtenido lucros extraordinarios en estos cuatro años. Aunque los accionistas de estas empresas e instituciones financieras no sean ni serán votantes de Lula, tampoco tienen motivos para quejarse.

Por otro lado, Geraldo Alckmin se ha presentado al electorado brasileño desde la plataforma que le daba el gobierno de São Paulo. Su primer desafío fue hacerse conocido a nivel nacional y, particularmente, en el Nordeste, donde su origen paulista podría ser un handicap y donde siete de cada diez ciudadanos están dispuestos a votar a Lula, afincado en São Paulo pero nacido en Pernambuco. Sin embargo, tras semanas de exposición mediática, los índices de popularidad de Alckmin siguen en el mismo nivel y, lo que es peor para sus aspiraciones, ha crecido el número de electores que no le votarían bajo ningún concepto. Sus propuestas, hasta ahora, son desconocidas y se le achaca una importante falta de carisma. La propia elección de Alckmin como candidato en un proceso llevado a cabo por la cúpula del PSDB, sin contar con las bases y en detrimento de José Serra, que en aquel momento –principios de 2006– aparecía en las encuestas por delante incluso de Lula, supuso un guiño del partido a los sectores más conservadores de la propia formación y del principal aliado, el PFL. La consecuente derechización del PSDB apartó a la clase media.

Ante un más que probable segundo mandato de Lula, lo que se empieza a debatir en Brasil son las perspectivas para 2010. El actual presidente no se presentará de nuevo y trabajará para que un candidato de su confianza continúe al frente de Brasil. A día de hoy, los que cuentan con más opciones son la ex alcaldesa de São Paulo, Marta Suplicy, la ministra de la Casa Civil, Dilma Roussef, el senador Aloízio Mercadante, el ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro, y el ex ministro de Integración Nacional y candidato en 2002, Ciro Gomes.

En las filas de la oposición, si se confirma la derrota de Alckmin, quedaría libre el camino para el probable gobernador de São Paulo, José Serra, y para el gobernador de Minais Gerais, Aécio Neves. Los dos pueden ganar en primera vuelta, lo que les hará fuertes políticamente y les conducirá a un inevitable conflicto de ambiciones en el seno de su partido. Sin duda, las discusiones para suceder a Lula en 2010 marcarán el segundo mandato del actual presidente. Más allá de ese debate, los desafíos de hacer crecer sosteniblemente al país, distribuir la riqueza e incluir socialmente a millones de ciudadanos seguirán siendo el telón de fondo de cualquier discusión política.