El 17 de junio de 2018, Iván Duque, simple senador desconocido un año antes, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia con la más alta participación de la historia. Con un poco más de 10 millones de votos, este candidato del Centro Democrático venció al de Colombia Humana, Gustavo Petro, representante de la izquierda y exalcalde de Bogotá. Los 8 millones y medio de votos aproximadamente que Petro consiguió fueron insuficientes para derrotar a quien las encuestas preelectorales veían como claro ganador. Estos resultados obligan a preguntarse por qué las fórmulas de los candidatos como el centrista Sergio Fajardo o el candidato liberal, Humberto de La Calle, no convencieron a la ciudadanía en la primera vuelta; si el expresidente Álvaro Uribe sigue siendo un factor importante en las elecciones presidenciales y cuáles son los retos que afronta el presidente electo.
Un Congreso de mayoría conservadora
La primera etapa de la carrera por la presidencia arrancó con las elecciones al Congreso bicameral de la República, formado por el Senado y la Cámara de Representantes. No sólo porque las consultas internas del Partido Liberal, de Colombia Humana y del Centro Democrático se dirimían también en éstas, sino porque se trataba de las primeras elecciones en las cuales participaban las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) como partido político. Los resultados no pudieron ser más decepcionantes para esta organización, muy lejos de aquellos que había obtenido la Alianza Democrática M-19 en las elecciones de 1990 después de su desmovilización. Al final, no obtuvieron ningún escaño (llamado curul en Colombia) por elección popular y solo conservaron aquellas que constitucionalmente le corresponden como consecuencia del proceso de paz, cinco en cada Cámara.
Las elecciones legislativas dejaron un Congreso dividido entre diversas fuerzas políticas, como ha sido el caso desde la reforma política del año 2003. Ésta acabó con el bipartidismo en Colombia y permitió, mediante la modificación de los umbrales electorales y el énfasis en lo regional, el surgimiento de nuevas fuerzas políticas pero, también, de la influencia de organizaciones criminales en los resultados electorales. (1)
Los partidos que apoyaron a Duque en la segunda vuelta -a saber, el Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U- se repartieron de manera equitativa el pastel electoral. Esta coalición suma 78 de los 100 escaños que existen en el Senado de la República. Los 22 restantes van al Partido Verde (10), al Polo Democrático, a la Coalición de la Lista de la Decencia (4) y al Partido MIRA (Movimiento Independiente de Renovación Absoluta) (3). A ellas se agregan las dos correspondientes a la Circunscripción Especial Indígena y las 5 derivadas del Proceso de Paz.
En Cámara existen 166 escaños más cinco de las FARC. Los resultados fueron los siguientes. Para el Partido Liberal 35, Partido de la U 25, Centro Democrático 35, Partido Conservador 21, Cambio Radical 30, para un total de 146 escaños para la coalición de Gobierno. Las restantes están distribuidas así: MIRA 2, Polo Democrático 2, Alianza Verde 9, Opción Ciudadana 2, Movimiento Indígena Alternativo y Social 1, Coalición Alternativa Santandereana 1, Colombia Justa Libres 1 y Decencia 2, para un total de 20.
El nuevo Congreso, que tomó posesión el 20 de julio de 2018, corresponde en su abrumadora mayoría a la coalición de los partidos políticos que llevaron a la presidencia a Iván Duque. Esto no significa necesariamente que la agenda legislativa propuesta por el Gobierno Nacional vaya a funcionar como una apisonadora, pues es sabido que el Congreso de la República de Colombia responde a intereses diversos y no solo a los partidistas. Sin embargo, como en las dos administraciones de Álvaro Uribe, veremos un Congreso mucho más cercano a los intereses políticos y económicos del Gobierno y, por tanto, mucho más proclive a aprobar los puntos esenciales de las propuestas gubernamentales. Esto tendrá consecuencias en temas cercanos al proceso de paz como es la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz y la distribución de la tierra. (2)
Si bien es cierto que existe una oposición relativa en el Senado, en la Cámara de Representantes, en cambio, no pasan del 7% del total de escaños en esa célula legislativa o del 12% si contamos a todos los partidos que no son miembros de esa coalición. Esto significa que, como pasó en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), la oposición tendrá un mero papel de denuncia y no podrá avanzar la agenda legislativa progresista con la que fue elegida.
Primera vuelta y ausencia de alianzas en los partidos no uribistas
La campaña electoral presidencial del 2018 se caracterizó por una estrategia que buscaba diferenciar a los candidatos de sus partidos políticos, con el propósito de fingir que se trataba de una opción ciudadana que los alejaba de las maquinarias tradicionales. El caso más llamativo de esta estrategia fue el de Germán Vargas Lleras, quien lanzó su campaña por firmas pero, para su recogida, contó con el apoyo de su propio partido político, Cambio Radical.
En esta etapa electoral sorprendió la votación recibida por Gustavo Petro, quien, aunque muy por debajo de los votos obtenidos por Duque, logró superar a Sergio Fajardo y por tanto obtuvo el derecho a competir en la segunda vuelta.
Para muchos líderes de opinión, la victoria de los dos candidatos supuso la victoria de los dos populismos existentes en el país: el de derecha y el de izquierda. Otros calificaron estas elecciones como la victoria de los extremos y la derrota del centro político. Sin embargo, los resultados muestran la derrota del candidato de extrema derecha Vargas Lleras al igual que los centristas Fajardo y de La Calle, por lo que no puede afirmarse sin más que los votantes optaron por los extremos.
Los diversos comentarios previos a la elección daban a entender que una victoria de Petro favorecería la campaña de Duque. Era mucho más probable, en efecto, que los diversos candidatos conservadores se unieran en favor de Duque, a que los candidatos de centro derecha y de derecha apoyaran al candidato de izquierda Gustavo Petro.
Lo cierto es que Petro no obtuvo los apoyos que cabía esperar para su candidatura. Desde el Polo Democrático, partido político de izquierda, Jorge Robledo anunció su voto en blanco; lo propio hicieron Humberto de la Calle y Sergio Fajardo. Si bien el número de votos en blanco no alcanzó al millón, sí impidió que las campañas políticas se unieran para conseguir los votos necesarios para contrarrestar los del uribismo, tal y como ocurrió en la segunda vuelta en 2014, que llevó a la elección de Juan Manuel Santos para un segundo periodo.
El censo electoral colombiano es de 36.418.741 personas. Tradicionalmente la abstención es fuerte, cercana o superior al 50%, pero se dan pocos casos de votos en blanco. Sin embargo, este año la tendencia ha cambiado y la abstención ha bajado un poco y se ha podido ver un uso más estratégico del voto en blanco. El siguiente cuadro permite observar el comportamiento que se repite a lo largo de la historia de las elecciones en Colombia:
Por su parte, el Partido Liberal, con el expresidente César Gaviria a la cabeza, el Partido Conservador, Cambio Radical y el partido de la U, ofrecieron casi de manera inmediata su adhesión a la campaña de Duque, con lo que ello suponía en materia de uso de la maquinaría política para obtener votos en todas las regiones del país. El mapa publicado por el diario El Tiempo muestra claramente en qué departamentos venció la campaña de Petro y en cuáles la de Iván Duque. Si bien un análisis más detallado muestra una imagen menos consolidada, Petro ciertamente sólo logró ganar en Bogotá y en Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo, por el lado del pacífico y, en Atlántico y Bolívar en la costa norte de Colombia y en el Vaupés en la Orinoquía.
Un comportamiento electoral que caracterizó la segunda vuelta en Colombia es el de la gente que, en lugar de votar por su candidato, lo hacían en contra del candidato que más temían o despreciaban. En esta campaña, el miedo a Petro superó al miedo a Duque. Además, los apoyos políticos locales dependen del éxito del candidato a nivel nacional. Ello explica que los candidatos derrotados en la primera vuelta hayan buscado una alianza inmediata con quien percibían como el claro ganador para, posteriormente, poder cobrar esos apoyos con presencias en el Gobierno nacional, ya sea con cargos ministeriales, ya con cargos directivos en espacios estructurales claves.
¿Por qué llegó Iván Duque a la presidencia?
Son diversas las razones por las cuales Iván Duque venció a Gustavo Petro en la segunda vuelta. Ya hemos mencionado que Petro se veía como el candidato más débil en la segunda vuelta, debido al temor que existía en la derecha colombiana de apoyar a un candidato que muchos denominaban populista de izquierda. Varios factores resultaron ser los más relevantes para la victoria de Duque.
- El miedo a la situación de Venezuela. Durante toda la campaña presidencial, Petro fue acusado de querer implantar un régimen similar al de Nicolás Maduro en Venezuela. Su defensa de la necesidad de una nueva Asamblea Constituyente llevó a muchos a recordar que en Venezuela ése fue uno de los primeros pasos de Hugo Chávez al llegar a la presidencia. La situación de los refugiados venezolanos en Colombia, la intervención de algunos de ellos en contra de Petro, la difusión de noticias falsas sobre las intenciones expropiatorias de Petro, hicieron del miedo uno de los factores más importantes de la campaña. Incluso intelectuales liberales como Héctor Abad promovieron ese miedo, contribuyendo de manera consciente o inconsciente a la campaña de Duque, anunciando el voto en blanco y negando el apoyo a Gustavo Petro.
- El factor Uribe. Los apoyos que Álvaro Uribe cosechó en el país le permitieron prácticamente elegir al candidato de su partido. Uno de los lemas de la campaña para la elección del candidato o candidata del Centro Democrático era “el que diga Uribe”. Pero la votación del Congreso, donde perdió escaños importantes, muestra que ese apoyo no era garantía absoluta de victoria. Durante momentos de la campaña, la presencia de Uribe fue limitada, dado el rechazo que generaba en amplios sectores de la población. Pese a ello, Duque y su vicepresidenta reconocieron su victoria como la de Uribe.
Como lo mencionábamos antes, los apoyos públicos recibidos por Petro fueron mínimos y no consiguieron elevar la participación para superar a Duque. Pese a ello, consiguió cerca de 5 millones más de votos, lo que le llevó a obtener un poco más de 8 millones de votos. La campaña de Petro parecía estar concentrada en obtener apoyos internacionales como el del economista Thomas Piketty, el del filósofo animalista Peter Singer, el del intelectual de Estados Unidos Noam Chomsky, entre otros. Al mismo tiempo era visible que la campaña de Duque obtenía apoyos de caciques electorales y contaba con la maquinaria local para garantizar su victoria. Los apoyos que Petro recibió de Claudia López, Antanas Mockus, Angélica Lozano e Ingrid Betancourt tuvieron un valor meramente simbólico. No solamente porque llegaron demasiado tarde, sino porque no vinieron acompañados de una maquinaria electoral capaz de conseguir votos para el candidato.
- El apoyo de los caciques locales siempre ha sido un factor de importancia en los comicios presidenciales. En la elección de Santos fueron determinantes los Ñoños en la Costa Caribe y Gina Parody en Bogotá. Y ésta no fue excepción. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación anunció antes de la votación que podría haber habido fraude en las elecciones a Congreso, pero prefirió revelar los detalles de la investigación después del 17 de junio, con lo que afectó de manera clara el curso del proceso electoral. El fiscal anunció que en los comicios del 11 de marzo operó un gran sistema de corrupción mediante compra de votos. Cabe suponer que este sistema persistió con posterioridad y que benefició al candidato vencedor.
Las maquinarias electorales fueron, como en el caso de Santos en el 2014, quizás uno de los factores más importantes en la elección de Duque como presidente de Colombia para el periodo 2018 – 2022.
- Los medios de comunicación de Colombia fallaron en cumplir su papel con imparcialidad. Además de la difusión de bulos sobre Petro, realizaron entrevistas desiguales a los dos candidatos. Mientras a Duque se le invitaba a cantar y a tocar guitarra y destacar sus grupos favoritos de rock; a Petro se le cuestionaba en todos los puntos e incluso se le impedía dar respuesta a las preguntas que se le hacían. Pese a ello el candidato mostró paciencia al momento de enfrentar estos ataques.
- El candidato Duque repitió la estrategia utilizada por Álvaro Uribe para su campaña en 2006: limitar al máximo su participación en los debates, pues su inexperiencia y desconocimiento de los temas lo ponía en una posición de debilidad frente al mucho más experto Petro. Esto permitió que sus mensajes publicitarios circularan con facilidad sin que las intervenciones del candidato constituyeran una interferencia. El silencio durante las elecciones ya había llevado a Pastrana a la presidencia en 1998 y a Uribe en 2002 y 2006, por lo que no sorprende que su candidato haya usado la misma estrategia.
De candidato a presidente: la moderación del discurso y el endurecimiento de la práctica
El candidato Duque representaba a la doctrina más moderna del Centro Democrático. Sus competidores Marta Lucía Ramírez, Rafael Nieto y Alejandro Ordoñez constituían un sector más cercano al uribismo tradicional, en especial los dos primeros que fueron funcionarios del Gobierno de Uribe.
En materia económica, Duque proponía la industrialización del sector agrícola, con el fin, según él, de mejorar las condiciones de vida del campesinado colombiano. El petróleo continúa siendo un recurso natural fundamental para la economía nacional y, frente a la tendencia a implementar el fracking en Colombia, el candidato no ha manifestado rechazo alguno, al contrario de lo que sí hizo Gustavo Petro. Recientemente María Fernanda Suárez, su ministra de minas, se ha manifestado en apoyo de este sistema de explotación del petróleo, sin que su jefe la haya cuestionado.
El candidato apoyó la lucha contra la corrupción que se viene dando en Colombia y ya como presidente electo ha apoyado la consulta promovida por el Partido Verde para realizar transformaciones institucionales tendientes a prevenir y castigar actos de corrupción. Es preciso aclarar que ninguna de las preguntas de la consulta cuenta realmente con la ciudadanía para diseñar una estrategia seria y efectiva para acabar con la corrupción. Además, cinco de las siete preguntas apuntan a medidas que ya existen en la legislación colombiana. Sin embargo, las propuestas del candidato tampoco aportan mucho en materia de lucha contra la corrupción. La consulta fue finalmente celebrada el 26 de agosto y obtuvo un poco más de 11 millones y medio de votos, quedándose corta en 500 mil para convertirse en una consulta válida. Pese a que el jefe político de Duque -el senador Álvaro Uribe- hizo campaña en contra de ésta, Duque decidió apoyarla y votar en favor de ella. (4)
En materia de educación, cultura y seguridad, las propuestas del candidato son vagas y sin mayores ideas para su implementación. Pero es en materia de paz donde sus propuestas han causado mayor controversia. Debe recordarse que el uribismo fue uno de los promotores del voto negativo al referendo por la paz convocado por el presidente Santos para el 3 de octubre de 2016. Como es conocido, el NO venció en ese referendo y por ello debió ser ratificado por el Congreso de la República, con el voto negativo del Centro Democrático.
Duque afirmó durante la campaña que iba a hacer trizas el acuerdo de paz con el fin de firmar uno nuevo, más del gusto de sus partidarios. Dentro de las medidas que propone está la eliminación de todas las Cortes para dejar una sola. Esta medida en sí misma no es novedosa pero, en el contexto colombiano, puede generar pérdida de derechos reconocidos por la Constitución Política. Dentro de las instituciones que Duque propone eliminar se encuentra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Uno de sus ideólogos, Francisco Barbosa, ha sugerido la eliminación de este tribunal, que considera inconstitucional por la forma en que fue elegido, y su reemplazo por mecanismos de la justicia ordinaria, los mismos que durante treinta años fallaron en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos. Además, propone que sea la jurisdicción penal castrense la que juzgue a los militares, con lo que ello supone en materia de continuación de la impunidad estructural que ha caracterizado al Estado colombiano. De hecho, en la votación de la ley de procedimiento de la JEP fue evidente que la coalición uribista quería proteger a los miembros de la Fuerza Pública y limitar los poderes de la JEP sobre sus miembros.
De esta manera, las elecciones para la segunda vuelta estuvieron marcadas por dos temores: por una parte, el temor racional de que el Gobierno de Duque acabara con el proceso de paz y perpetuara las condiciones de impunidad existentes en Colombia; así como que diera al traste con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por la otra parte, por el miedo irracional a que Gustavo Petro convocara una Asamblea Nacional Constituyente para dotarse de poderes absolutos e implementar las mismas políticas económicas y sociales que el Gobierno de Maduro y que están en la base de la crisis en Venezuela.
Durante la noche del 17 de junio, la Registraduría Nacional del Estado Civil reportó la victoria de Iván Duque. El primer discurso del presidente electo duró poco más de media hora y en él reiteró algunos de los mensajes de la campaña. Su mensaje central fue hacer un llamamiento a la unidad nacional, señalando que su objetivo no era ser presidente sino trabajar para el progreso económico del país.
Pero también habló de justicia y se comprometió a no fracturarla y a no destruir los acuerdos de paz, lo que parece constituir un paso atrás en su promesa de hacer cambios substanciales al proceso de paz. Todavía no queda clara en qué consiste la política que el nuevo presidente va a implementar en materia de acuerdos de paz con las FARC o en materia de los diálogos con el ELN. Lo que sí parece claro es que las mayorías con las que contaba Santos en el Congreso han desaparecido y ya han empezado a abandonar el barco del santismo.
Una nueva gobernabilidad
Los partidarios de Petro sostienen que los 8 millones de votos dan legitimidad suficiente para hacer oposición a las políticas del nuevo Gobierno de Duque. Esto puede ser cierto. Pero esos votos no cuentan en el Congreso de la República, en donde los miembros de esta institución no responden necesariamente a la lógica de las elecciones presidenciales e incluso, como en la Cámara, a la lógica de sus partidos.
Duque cuenta con una coalición similar a la de Santos cuando éste creó la Mesa de Unidad Nacional y casi con los mismos partidos políticos. Los conservadores, los liberales, y los miembros de Cambio Radical van a ser fundamentales en la agenda legislativa del nuevo Gobierno. Las mayorías están establecidas y de los repartos burocráticos dependerá el apoyo a los proyectos del Gobierno, pues en materia ideológica todos se encuentran en el mismo lado. Tanto Cambio Radical, como el Partido Conservador y el Centro Democrático, fueron críticos con los acuerdos de paz, por lo que cabe esperar una transformación radical de las instituciones y de las medidas adoptadas. La principal es la reducción temporal y de competencias de la JEP y la protección de la Fuerza Pública de futuras investigaciones por violaciones a los derechos humanos.
El nuevo presidente ha afirmado la necesidad de que los miembros de las FARC se incorporen a la vida social lo más pronto posible. Sin embargo, se ha mostrado muy claro respecto a su deseo de limitar la participación electoral de las FARC. Queda por ver si los resultados electorales obtenidos por las FARC, el hecho de limitar su participación a cinco miembros no elegidos por votación popular en cada Cámara, y la abrumadora mayoría de sus propias fuerzas, no le hacen reconsiderar esta medida por polémica e innecesaria.
En materia de política de drogas, Duque se declara partidario de un enfoque punitivo del problema. En un mundo que cada vez acepta más la legalización, Duque propone, como Uribe en el pasado, la criminalización del consumo. Incluso se ha sugerido de nuevo el recurso a la aspersión aérea, pese a los datos cada vez más claros acerca de su ineficiencia y su posible daño para la salud de las personas que viven con cultivos lícitos en las zonas de cultivos de coca.
Depende de la presión de la comunidad internacional y de los donantes que el nuevo Gobierno colombiano le haga honor a la palabra dada y se implementen los acuerdos. Pero queda por ver si esto será posible, especialmente cuando su alta influencia en el Gobierno de Santos no impidió que éste dejara sin cumplir buena parte de los acuerdos.
Es difícil en este momento afirmar que el Gobierno de Duque será simplemente un Gobierno de Uribe 3.0. Los mensajes que el nuevo presidente está dando son decepcionantes. Por una parte, sugiere que no vivirá en la Casa de Nariño, como si se sintiera sin legitimidad para ser presidente. Y, por la otra, su vicepresidenta ha manifestado que una cosa es el Centro Democrático y otra el Gobierno del nuevo presidente.
El proceso de paz será con toda seguridad el mayor afectado. La palabra paz aparece pocas veces en el programa de campaña de Duque y, en su lugar, se presenta medidas para el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Parece que el nuevo presidente quisiera derrotar a una guerrilla ya desarmada y desmovilizada. Los recursos para la paz se encuentran en entredicho, pues el congreso no ha aprobado aún la reforma de la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, y, por tanto, esta tarea corresponde al nuevo Congreso, que será favorable a las propuestas de Duque.
La paz está en riesgo con el Gobierno de Duque. No porque pueda destrozar lo ya firmado, sino porque sus mayorías en las dos cámaras del Legislativo pueden tomar medidas para desnaturalizarlo o para quitarle fondos que lo hagan irrealizable. Estas elecciones, que fueron las más pacíficas de la historia, parecen estar marcadas por el miedo a la paz. El nuevo presidente tiene ante sí el reto de consolidar los acuerdos de paz con las FARC y de alcanzar uno con el ELN. La izquierda tiene el gran reto de fortalecerse, hacerse atractiva para los electores y eliminar las diferencias entre sus miembros. De todo ello depende que la paz en Colombia finalmente se consolide.
Farid Samir Benavides Vanegas, PhD, Profesor Asociado. Miembro Grupo de Investigación GLOBALCODES, Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales, Universidad Ramón Llull – Blanquerna.
Notas:
(1) Antes de la reforma, los partidos políticos seleccionaban a sus candidatos regionales, controlando así a quienes participaban en las elecciones. Con la reforma, las posibilidades de ser candidato se vuelven más fáciles y, por ello, la relajación de los controles previos es mayor. No es casual que en las elecciones de 2002 y 2006 se hayan producido votaciones atípicas que fueron el resultado de la presión paramilitar. Sobre esto ver, Valencia, León ed. La parapolítica: la ruta de la expansión militar y los acuerdos políticos. Bogotá: Fundación Nuevo Arco Iris, 2007.
(2) En los pocos días de Gobierno de Duque ya se han visto actuaciones en ese sentido: la falta de apoyo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; los anuncios de su vicepresidenta de acabar con el sistema de Justicia y Paz, creado en el 2006 para juzgar a los paramilitares, quizás como una forma de ir pasando todos los procesos a la Justicia ordinaria; y la propuesta de reforma constitucional que impide que la Comisión de la Verdad acceda a los archivos oficiales, entre ellos los de la Fuerza Pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas).
(3) El cuadro original de la Registraduría Nacional contiene un error que queda corregido aquí: en la columna de total de votos para 2002, la cifra correcta es 11.149.734 en lugar de 1.149.734 como aparece en el original.
(4) La exsenadora Claudia López ha impugnado estos resultados por considerar que la Registraduría no ha informado realmente del total de votos sino solo de los votos emitidos para cada pregunta. Es decir, sabemos que las preguntas con más votos se acercan a los 11,5 millones de votos, pero no sabemos cuántas personas votaron en total. Si el número de votantes supera los 12 millones, la consulta resulta vinculante. En todo caso, los representantes del movimiento por la consulta han anunciado que pronto presentarán proyectos de ley para implementar esta suerte de mandato ciudadano.