Tema
El Salvador celebra este 3 de febrero unas elecciones presidenciales que reflejan y reproducen buena parte de los rasgos que caracterizan el actual momento político-electoral de América Latina desde 2017.
Resumen
Latinoamérica vivió en 2018 un intenso período electoral gracias al cual, entre otros fenómenos, emergieron nuevos liderazgos (Fabricio Alvarado, Jair Bolsonaro e Iván Duque) portando un mensaje contrario al statu quo (López Obrador y Bolsonaro). Estos comicios evidencian la crisis y el desgaste que atraviesan los partidos tradicionales, lo que favorece la emergencia de nuevas fuerzas políticas capaces de encauzar la creciente desafección ciudadana. El malestar es causado por los altos niveles de corrupción y las demandas insatisfechas de un electorado que se resiente ante el mal funcionamiento del estado para proporcionar, de forma eficaz y eficiente, seguridad ciudadana y servicios públicos de calidad.
Las elecciones presidenciales en El Salvador (3 de febrero, la primera vuelta) van a reproducir a escala nacional los rasgos político-electorales latinoamericanos. Entre los más sobresalientes destacan la aparición del liderazgo carismático de “un falso outsider” que enarbola un mensaje anti-establishment y de claros tintes demagógicos (Nayib Bukele) y la crisis de los partidos tradicionales (ARENA y el FMLN) frente a la emergencia de nuevas fuerzas políticas (Bukele encabeza una “alianza de contrarios” formada por el centroderechista GANA y la izquierdista Nuevas Ideas, producto de las pugnas internas del FMLN). La campaña ha girado sobre los problemas (inseguridad, corrupción, tenue crecimiento económico y empeoramiento de los índices sociales) que más golpean a la ciudadanía salvadoreña en particular y a la latinoamericana en general.
Análisis
Los ciudadanos salvadoreños acuden a las urnas el próximo 3 de febrero para elegir un nuevo presidente (2019-2024). Si ningún candidato alcanza el 50% más uno de los votos habrá una segunda vuelta el 10 de marzo. El Salvador inaugura otro intenso año electoral en América Latina, después de los seis comicios presidenciales celebrados en 2018. En 2019 habrá otros seis: el ya citado de El Salvador, Panamá, Guatemala, Argentina, Uruguay y Bolivia. El conocido como “Pulgarcito” de Centroamérica (la nación más pequeña del istmo) celebra sus octavos comicios presidenciales desde la democratización del país en los años 80.
El contexto histórico (1989-2014)
Estas son unas elecciones inéditas en la historia reciente salvadoreña. Por primera vez desde 1994 competirá una tercera fuerza, ajena a la centroderechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y a la antigua guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que puede ganar en primera vuelta, o al menos disputar el balotaje. La Gran Alianza Nacional (GANA) podría romper el duopolio existente si su candidato, Nayib Bukele, resulta vencedor. Areneros y efemelenistas han sido los únicos capaces de alcanzar el poder desde hace tres décadas. ARENA gobernó durante 20 años seguidos (entre 1989 y 2009) y en la última década fue relevado por el FMLN.
El Salvador, como el resto de América Latina salvo Cuba, se democratizó en los años 80. Pero lo hizo con determinadas particularidades compartidas sólo por Guatemala, Nicaragua y Perú: la transición desde el régimen militar autoritario se hizo en plena guerra civil. Esto condicionó a los gobiernos iniciales de la Democracia Cristiana (José Napoleón Duarte, 1984-1989) y también a la primera administración de ARENA (Alfredo Cristiani, 1989-1994). Tras la firma de la paz en 1992 entre el gobierno y el FMLN, las diferentes administraciones de ARENA trataron de modernizar el país con reformas liberalizadoras que en lo esencial fueron mantenidas después de 2009.
De forma paralela se configuró un sistema bipartidista. ARENA y la ex guerrilla del FMLN fueron entre 1994 y 2014 los dos partidos más votados en todas las elecciones presidenciales. Las seis elecciones celebradas desde 1989 han sido ganadas por ARENA (1989, 1994, 1999 y 2004) y el FMLN (2009 y 2014). La ex guerrilla obtuvo la presidencia en la primera vuelta en 2004, pero con menos de tres puntos de ventaja sobre su rival. Volvió a ganar, esta vez en el balotaje, en 2014, por una exigua diferencia de menos de 7.000 votos. En los comicios legislativos –celebrados cada tres años y que no suelen coincidir con las presidenciales, que tienen lugar cada cinco– las dos grandes fuerzas conviven con otros pequeños partidos, clave para alcanzar la gobernabilidad, ya que no siempre ARENA y el FMLN han logrado la mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa.
En estos más de 30 años de elecciones democráticas, El Salvador ha atravesado por tres períodos históricos claramente diferenciados:
- Transición a la democracia (1979-1989). En este primer período se pasó de un régimen autoritario, que de una forma u otra había prevalecido desde los años 30, a otro democrático. Fue un proceso difícil y convulso en plena guerra civil (1980-1992), con una economía afectada por la crisis de la “Década Perdida” y en medio de una escalada de tensiones políticas como evidencian ciertos sucesos traumáticos, como el asesinato de monseñor Romero en 1980 o el de los jesuitas de la Universidad Centroamericana en 1989.
- La hegemonía de ARENA (1989-2009). El segundo período estuvo marcado por la hegemonía de un partido, el centroderechista ARENA, capaz de vencer en cuatro elecciones presidenciales consecutivas, en tres de ellas sin necesidad de disputar la segunda vuelta. En esas dos décadas el país acometió grandes reformas estructurales: firmó la paz con la guerrilla (1992), dolarizó su sistema monetario (2001) y modernizó la economía profundizando el vínculo con EEUU a través de la firma de un Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2006. También se vio sometido a fuertes tensiones sociales (el incremento de la inseguridad derivada de la acción de las pandillas juveniles, las maras) así como a desastres naturales como el huracán Mitch en 1998.
- El predominio del FMLN (2009-). El tercer período se abrió en 2009 con el triunfo de la antigua guerrilla del FMLN y de su candidato, el independiente Mauricio Funes, y se prolongó con la victoria de Salvador Sánchez Cerén en 2014.
Las elecciones de 2019
Las encuestas previas a los próximos comicios sitúan a Bukele como favorito indiscutible, aunque no todas concuerdan sobre si ganará en primera vuelta o habrá una segunda. El sondeo de la Universidad Tecnológica (Utec) conduce al balotaje y apunta al triunfo de Bukele con un 40,4%. En un lejano segundo lugar, con el 24%, figura una coalición de cuatro partidos de centroderecha encabezada por ARENA, que postula al empresario Carlos Calleja. La consulta relega al tercer lugar al ex canciller Hugo Martínez, del gobernante FMLN, con un 8,1% de la intención de voto. El partido minoritario Vamos apenas obtiene un 0,6% para su candidato, el empresario evangélico Josué Alvarado, que no ha logrado el éxito obtenido por los neopentecostales en Costa Rica, México y Brasil. Otros sondeos apuntan a un empate técnico entre Bukele y Calleja, aunque la última encuesta de Cid Gallup da a Bukele como ganador en primera vuelta, sin necesidad de balotaje, con el 57%, muy por delante del 31% de Calleja.
Estos comicios tienen indudablemente rasgos propios, pero a la vez reflejan muchas características político-electorales presentes en la región desde 2015 y más acentuadamente a partir del bienio 2017-2018. La campaña salvadoreña, al igual que las de Costa Rica, Brasil, México o Colombia en 2018, está marcada por la aparición de un liderazgo carismático, de rasgos mesiánicos y polarizantes como el de Bukele, que se presenta como un “falso outsider” que encauza la desafección ciudadana y el voto del enojo que provocan las fuerzas tradicionales (ARENA y el FMLN).
Como en Costa Rica, Brasil, México y Colombia son partidos lastrados por la corrupción y gestiones ineficaces que no lograron acabar con los principales problemas que atosigan a la población: una administración poco profesionalizada penetrada por la corrupción, altos niveles de inseguridad ciudadana, deficientes servicios públicos y una economía sumida en la desaceleración y el bajo crecimiento desde hace una década. Ese malestar de la ciudadanía se traduce en un voto de castigo hacia los oficialismos: el actual partido en el poder, el FMLN, ni siquiera pasaría a segunda vuelta, según las encuestas, y la primera fuerza en el legislativo, ARENA, tendría el peor resultado desde 1989.
(1) El ascenso de un “falso outsider”
El electorado latinoamericano, conformado en una buena medida por unas emergentes y heterogéneas clases medias, acude a las urnas portando una nueva agenda de demandas en torno a la mejora en las políticas públicas: mayor seguridad, compromiso por la transparencia en la lucha contra la corrupción y renovación de los servicios públicos. El sentido del voto en muchos de los procesos electorales viene marcado por la búsqueda de la renovación política y el rechazo a los partidos tradicionales que no canalizan sus demandas en materia económica, de seguridad, salud, transportes y educación.
En tal coyuntura, el votante dirige su voto a quien está (o al menos lo parece) ajeno a la corrupción (Bolsonaro y López Obrador), propone medidas aparentemente eficaces contra la inseguridad (la “mano dura” de Bolsonaro o el pacto con los narcos de López Obrador) o quien ha estado al margen de la clase política tradicional a escala nacional, bien por haber permanecido en la periferia del sistema (Bolsonaro), por ser un recién llegado (Duque), por no haber ocupado cargos a escala nacional (López Obrador y ahora Nayib Bukele) o encabezar fuerzas políticas de reciente creación.
La crisis de los sistemas históricos de partidos latinoamericanos está permitiendo la aparición de liderazgos caudillistas y de tintes demagógicos que abren la puerta hacia nuevos populismos. Bukele es un claro representante de estos “falsos outsiders” que pueblan la región. Se presenta como un líder anti-statu quo y anti-establishment, ajeno a los políticos tradicionales aunque ha sido miembro de esa elite política que ahora rechaza, como alcalde que fue de Nuevo Cuscatlán en 2012 y de San Salvador en 2015. Ganó ambos cargos bajo el paraguas del FMLN, fuerza de la que en 2017 fue expulsado. En 2018 se inscribió como aspirante a candidato a presidente por el partido GANA tras no poder hacerlo con su partido, Nuevas Ideas, ni con Cambio Democrático (CD).
Esa trayectoria guarda ciertos paralelismos con la del mexicano López Obrador, otro “falso outsider”: ambos en política desde mucho tiempo atrás (López Obrador desde los años 80, Bukele –más joven– desde comienzos de esta década); los dos ex miembros de los principales partidos del país (López Obrador del PRI y el PRD/Bukele del FMLN) y alcaldes de las respectivas capitales. Pero más allá de esta clara pertenencia y vinculación a la elite política, en el imaginario del electorado encarnan lo nuevo. Ellos mismos se presentan no sólo como ajenos a la clase política tradicional sino también como sus enemigos. Son la alternativa a “la mafia del poder”, según López Obrador, o de los que, según Bukele “quieren el poder a cualquier coste: los que quieren comprar las elecciones, cancelan partidos políticos, inhabilitan candidatos y no dejan inscribir a partidos que cumplen con los requisitos legales, son ellos los que están comprando las elecciones”.
Bukele, como López Obrador y Bolsonaro, tiene igualmente un discurso rupturista, innovador, basado en una hábil y eficaz utilización de las redes sociales, pilar fundamental de su éxito. También les iguala el marcado caudillismo, personalismo y tendencia a mostrar rasgos autoritarios (poca capacidad para encajar la crítica y tendencia a rehuir la discusión de ideas). Bukele ha renunciado a acudir a varios debates entre candidatos y ha preferido priorizar los mítines y la campaña a través de las redes. Y ha cultivado además una imagen de político no común. Viste de manera informal: usa gorras, ropa deportiva y pocas veces viste con traje y corbata.
Bukele ha tomado ventaja, si la mayoría de las encuestas están en lo cierto, respecto a sus dos principales oponentes a la hora de captar el voto del enojo y a las decepcionadas clases medias. Y eso, pese a que ARENA y el FMLN han presentado como candidatos a hombres relativamente jóvenes, bien preparados, con experiencia y que en ambos casos suponen un relevo generacional. El centroderecha ha elegido a un descendiente de españoles como Calleja: empresario exitoso con estudios superiores en EEUU y vinculado al influyente think-tank de la patronal salvadoreña, Fusades. El FMLN ha optado por apoyar a Hugo Martínez que no es ni un independiente como Mauricio Funes –que lo llevó al poder en 2009– ni un hombre de la cúpula y del aparato de la antigua guerrilla como Sánchez Cerén, presidente desde 2014. En esta oportunidad su apuesta encarna el relevo generacional, tiene experiencia y una sólida carrera: ha sido en dos ocasiones ministro de Exteriores y también secretario general del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).
(2) La crisis de los partidos tradicionales
Las elecciones que han tenido lugar desde 2017 en América Latina evidencian la crisis de los partidos y sistemas de partidos en la región. Esto ha permitido que liderazgos emergentes y fuerzas periféricas hayan pasado al primer plano, como Morena en México, Centro Democrático en Colombia y ahora GANA en El Salvador, todos nacidos desde 2010. También el PSL brasileño y el PRN costarricense, si bien con más años de existencia, siempre fueron partidos minoritarios.
En México, Morena desplazó a las tres agrupaciones que conformaban el sistema de partidos desde los años 90 (Partido de la Revolución Institucional –PRI–, Partido Acción Nacional –PAN– y Partido de la Revolución Democrática –PRD–). Por primera vez un partido ajeno a los dos primeros llevó a su candidato a la presidencia y es mayoritario en el legislativo. En Brasil, Bolsonaro fue candidato de un partido minoritario (Partido Social Liberal, PSL) cuya debilidad acabó siendo su principal virtud. Al haber estado al margen del poder y la corrupción durante las últimas décadas tuvo la legitimidad necesaria para canalizar el voto de rechazo a las dos grandes fuerzas (Partido de la Socialdemocracia Brasileña –PSDB– y Partido de los Trabajadores –PT–). Estas organizaciones gobernaron respectivamente entre 1994 y 2002 y entre 2003 y 2016 y sostuvieron la democracia brasileña y su “presidencialismo de coalición”. Y en Colombia, el duelo final se dio entre dos grandes coaliciones ajenas a los partidos tradicionales (Partido Liberal y Conservador, en crisis desde 2002) y a las fuerzas protagonistas durante los gobiernos de Uribe y Santos (Cambio Radical o Partido de la U). El balotaje midió a Iván Duque del uribista Centro Democrático (apoyado por los conservadores y evangélicos) y Gustavo Petro al frente de una amplia plataforma de fuerzas de centroizquierda.
En El Salvador, la crisis general de los partidos latinoamericanos (fiel reflejo de lo que ocurre en el resto del mundo) también se ha dado y ha sido aprovechada por un líder procedente de la izquierda (Bukele) que ha establecido una alianza con un partido de centroderecha (GANA). Es una “coalición de contrarios” que reúne a Cambio Democrático con una escisión de ARENA (GANA) y una del FMLN (Nuevas Ideas, la fuerza creada por Bukele a comienzos de 2018).
Bukele, como López Obrador, ha construido un discurso polarizante (de buenos contra malos), donde el eje no pasa por la dicotomía derecha/izquierda sino por el enfrentamiento entre cambio y renovación, lo cual ha facilitado la conformación de esa coalición de contrarios donde no importan tanto las ideologías sino otro tipo de clivajes, como el rechazo a la elite política tradicional del FMLN y ARENA. Si López Obrador encabezó una alianza entre la izquierda (Morena) y los evangélicos (Partido Encuentro Social), Bukele, que mirando a la situación española se declara más cercano a Podemos que a Ciudadanos, no duda en acudir a las urnas encabezando una heterogénea alianza entre el centroderecha y el centroizquierda.
Este ascenso de nuevos partidos y liderazgos se ha visto favorecido por el contexto político salvadoreño. Según el Latinobarómetro de 2018, El Salvador es el país en Latinoamérica con más desconfianza hacia los partidos políticos, con sólo un 6% de aprobación. Esta desafección se encuentra detrás del desplome en cuanto al respaldo en favor de las dos grandes fuerzas tradicionales: el voto de castigo que recibe el partido en el poder (el FMLN ronda el 11% de intención de voto) y el fuerte descenso que experimentaría ARENA que apenas supera un tercio en intención de voto.
La consecuencia de toda esta situación es que, si las encuestas no se equivocan, estos comicios van a enterrar, al menos en la presente coyuntura, al histórico bipartidismo salvadoreño (altamente polarizado desde un punto de vista político e ideológico, crecientemente institucionalizado y progresivamente más competitivo) que congregaba más del 70% de los votos en primera vuelta. En 2019, la suma de ARENA y el FMLN rondará el 50%, frente a más del 87% en 2014.
El Salvador posee un sistema bipartidista (ARENA frente a FMLN), que convive desde los años 80 con terceras fuerzas, especialmente en el Parlamento. De hecho, ningún partido cuenta con mayoría en la Asamblea desde 1994. Las grandes fuerzas han debido recurrir a esos “partidos pequeños” para gobernar. Desde 2018 ARENA es el primer partido de la Asamblea con 37 diputados (frente a 23 del FMLN), pero los escaños de GANA (11) y del Partido de Concertación Nacional –PCN– (ocho) junto con los del Partido Demócrata Cristiano –PDC– (tres) y Cambio Democrático –CD– (uno) son claves para alcanzar mayorías en el legislativo.
(3) Campañas marcadas por idénticos temas (corrupción, inseguridad y falta de oportunidades)
Más allá de la heterogeneidad y especificidad de cada país de América Latina, la mayoría de los procesos electorales han girado en torno a tres grandes temas que han acaparado, de manera transversal, la atención del electorado y que explican por qué el voto se ha inclinado, finalmente, hacia un lado u otro:
- La corrupción se ha convertido desde 2015 en el gran tema político en Latinoamérica, capaz de movilizar a una parte considerable de la ciudadanía y provocar la caída de gobiernos como el de Otto Pérez Molina en Guatemala (2015), el de Dilma Rousseff en Brasil (2016) y el de Pedro Pablo Kuczynski en Perú (2018) así como poner en serios aprietos al de Michelle Bachelet en Chile y Enrique Peña Nieto en México.
La corrupción es un asunto político que ha venido para quedarse y ha marcado las diferentes dinámicas políticas y electorales nacionales (y sin duda lo seguirá haciendo en 2019). Sus consecuencias políticas y, sobre todo, electorales son directas. Las victorias de López Obrador en México y Bolsonaro en Brasil no se entienden sin el efecto de los escándalos de corrupción (el Lava Jato como ejemplo paradigmático, pero no único) como detonante del cambio político y de la crisis de la elite y de los partidos tradicionales.
En El Salvador las administraciones de ARENA (1989-2009) y del FMLN (2009-2019) también han sido gravemente afectadas por escándalos de corrupción. En 2018, el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) –de ARENA– pasó a la historia como el primer ex mandatario democrático condenado por corrupción (10 años de prisión y una responsabilidad civil de más de 260 millones de dólares). Casos de corrupción afectan también a las administraciones del efemelenista Mauricio Funes (2009-2014) y del arenero Francisco Flores (1999-2004).Bukele, como López Obrador, Bolsonaro y Duque con su cruzada contra la “mermelada”, se ha alzado con la bandera de la lucha contra la corrupción, centrando su campaña en la denuncia de la clase política por falta de transparencia (“Nuestro país está harto de la corrupción y la impunidad. Estos dos problemas son el origen de la mayoría de problemas que vive a diario nuestro pueblo”). Su propuesta estrella es replicar en El Salvador el experimento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Cuando Bukele viajó a la Organización de Estados Americanos (OEA) para entrevistarse con su secretario general, Luis Almagro, le solicitó crear una CICIES (Comisión Internacional contra la Impunidad) en su país. - Otro fenómeno transversal a toda la región que ha centrado las campañas electorales y condicionado el voto es el de los altos niveles de inseguridad ciudadana, fenómeno que explica triunfos como el de Bolsonaro en Brasil, un adalid de la “mano dura”La inseguridad es el principal problema para los salvadoreños y otro eje en torno al cual gira la campaña. El Estado salvadoreño tiene importantes déficit para ejercer el control territorial. El Salvador, uno de los integrantes del Triángulo Norte –una de las subregiones más violentas del mundo–, continúa siendo un país con un elevado índice de homicidios –61,5 por cada 100.000 habitantes (casi ocho muertos diarios)–. Desde 2005 está por encima de 60 homicidios por 100.000 habitantes, salvo 2012 y 2013, cuando rigió la “tregua” con las maras. El último informe del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal (CCSPJP) sitúa a San Salvador entre las 20 ciudades más peligrosas del mundo, en un país que es además el tercero más peligroso y el segundo con el menor porcentaje de habitantes que se sienten seguros, según un reciente estudio de la consultora estadounidense Gallup. Aunque entre enero y octubre de 2018 los crímenes experimentaron una reducción del 16%, comparado con el mismo período de 2017, la percepción ciudadana va por un sendero diferente: el 62% de la ciudadanía cree que la delincuencia no sólo no disminuye, sino que está aumentando.
Las diferentes administraciones han reaccionado al fenómeno de la inseguridad y de las maras de forma diferente. Han optado por políticas de corte represivo (los “planes de mano dura” de 2003 bajo la presidencia de Francisco Flores y de “mano superdura” de Tony Saca) e incluso se ha pactado una tregua con las maras durante la administración de Funes finalmente fracasada cuando el gobierno de Sánchez Cerén regresó a las políticas de “mano dura”. Las maras (la Mara Salvatrucha, más conocida como MS-13, y su rival Barrio 18, dividida en dos facciones, los Sureños y los Revolucionarios) son ahora mucho más que simples pandillas juveniles pues han incrementado su grado de sofisticación, han construido organizaciones de escala nacional con capacidad de plantear pulsos al Estado y poseen control del territorio hasta convertirse en bandas estructuradas del crimen organizado.
Como señala Carlos Martínez en El Faro, “fue en esos años –de 2003 a 2006– cuando las pandillas construyeron las bases para convertirse en las organizaciones que son hoy: cambiaron incluso su apariencia estridente, dejaron de lucir como la Policía esperaba que lucieran; solidificaron y ampliaron su control territorial y se asumieron como lo que el Estado les dijo que eran: sofisticadas organizaciones criminales. Crearon jerarquías, estructura interna y perfeccionaron mecanismos para obtener y administrar dinero”.
Bukele, a diferencia de Bolsonaro, no propone la “mano dura” sino la implementación de políticas sociales y de prevención ya que “la seguridad no puede ser un proyecto, sino el resultado de las políticas públicas, de educación, de salud, de empleabilidad”, línea que igualmente han seguido los otros dos candidatos con mayor intención de voto. - Las consecuencias sociales de una economía en desaceleración. La corrupción y la inseguridad ciudadana han sido las estrellas de la campaña electoral, pero, como en el resto de América Latina, el gran reto al que se enfrenta el país se encuentra en el ámbito económico-social. A corto plazo dar solución a dos graves problemas económicos (el elevado endeudamiento producto de un alto déficit fiscal) y a medio plazo impulsar las reformas estructurales necesarias para que El Salvador no se quede al margen o en la periferia de la IV Revolución industrial.El Salvador acumula 15 años consecutivos creciendo a una de las tasas más bajas de Centroamérica. Su expansión económica durante los últimos cuatro ha sido incapaz de generar las condiciones para atraer más inversiones, fomentar las exportaciones y absorber las crecientes demandas sociales de empleo de calidad. El crecimiento promedio anual en el actual gobierno ha sido del 2,4%, menor al de la administración anterior, que fue del 2,6%, y al de la pasada década cuando superó el 3,5% de 2005 a 2007.
El país no sólo atraviesa un largo período de bajo crecimiento y desaceleración sino que arrastra problemas estructurales: un déficit fiscal que supera el 3% del PIB (será del 3,7% en 2019), un marcado empeoramiento respecto a 2017 (2,5%). De forma paralela y como consecuencia de ese creciente déficit y la baja presión fiscal que ronda el 15%, la ratio deuda/PIB rondará en 2019 el 77%, de las más elevadas de América Latina. La deuda pública se ha triplicado en los últimos 15 años. En 2003 ascendía a 6.800 millones de dólares y 15 años después supera los 18.000 millones.
Si bien es verdad que la pobreza disminuyó del 39% al 31% entre 2007 y 2016 y la pobreza extrema del 15% al 10% en el mismo período, el Banco Mundial (BM) sostiene que el bajo crecimiento se ha traducido en una modesta reducción de la pobreza que convive con una elevada pobreza rural. Un informe del propio BM, “Los Olvidados: pobreza crónica en América Latina y el Caribe”, señala que alrededor del 25% de la población salvadoreña se encuentra en pobreza crónica y alrededor del 38% en movilidad social descendente.
Conclusiones
De confirmarse lo que vienen señalando la mayoría de las encuestas, las elecciones presidenciales de El Salvador pondrán fin a lo que ha sido un sistema de partidos muy estable y de reducida volatilidad, sostenido en dos grandes fuerzas (ARENA y FMLN) que han gobernado en los últimos tres decenios protagonizando sólo una alternancia política en 2009.
El incremento de la volatilidad y el final del histórico sistema de partidos que se puede dar en El Salvador está en consonancia con lo que ocurre a escala regional: ha pasado ya en Argentina (en 2015 triunfó una fuerza diferente al radicalismo y al peronismo por primera vez desde 1946), en Brasil (victoria de un partido ajeno al PSDB y al PT, predominantes desde 1994) y en México (triunfo de Morena sobre las fuerzas hegemónicas desde 1988). La crisis de los partidos salvadoreños, sumidos en el descrédito, se ha incrementado por las pugnas internas en las fuerzas hegemónicas: hace 10 años la ruptura en ARENA propició el triunfo del FMLN. Ahora la división en el efemelenismo y la convergencia entre las escisiones de un lado y otro explican el favoritismo con el que parte Nayib Bukele.
La emergencia (y posible victoria) de una figura como Bukele va en la línea también de lo ocurrido en otras partes de América Latina y se explica por la creciente desafección ciudadana hacia partidos, políticos e instituciones a causa de la corrupción y de unas políticas públicas ineficaces e ineficientes para resolver la persistentemente alta inseguridad y los bajos niveles de calidad en los servicios públicos. Las expectativas ciudadanas se inclinan por el cambio, como en 2009, pero centradas no en fundamentos ideológicos sino en la mejora de la calidad de vida, dando la oportunidad a una tercera fuerza ajena a las que han sido gobierno desde 1989.
Como en otras partes de la región, las grandes expectativas creadas por un candidato que encarna la renovación y el cambio se alzan como el principal reto para el futuro gobierno. Eso y los problemas para alcanzar la gobernabilidad, ya que Bukele, quien no ha dudado en alimentar esas elevadas expectativas, deberá gobernar con un legislativo en el que los dos partidos con más escaños (ARENA y FMLN) son sus principales rivales; su propia fuerza (Nuevas Ideas) no tiene representantes y sólo puede apelar a un aliado circunstancial con el que no tiene afinidad ideológica (GANA). No quedaría otro camino que concertar con areneros o efemelenistas, o ir a un choque de trenes institucional o esperar que las elecciones legislativas de 2021 le otorguen una mayoría que ahora no posee.
Carlos Malamud, Investigador principal, Real Instituto Elcano | @CarlosMalamud
Rogelio Núñez, Profesor colaborador del IELAT, Universidad de Alcalá de Henares | @rncastellano