El Frente Amplio (FA), la coalición de centroizquierda que gobierna Uruguay, es una referencia para buena parte del progresismo latinoamericano. La elección presidencial del 27 de octubre y la probable segunda vuelta del 24 de noviembre serán pruebas de fuego para medir, en las urnas, la efectividad del modelo que aplicó desde su llegada al poder, en marzo de 2005.
Hace 14 años el mapa político en América Latina era muy diferente: en noviembre de 2005 los presidentes Tabaré Vázquez (Uruguay), Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inácio “Lula” da Silva (Brasil) y Hugo Chávez (Venezuela) se abrazaban en la Cumbre de las Américas de Mar del Plata. Por las calles se paseaban el cantante francés Manu Chao, el director de cine serbio Emir Kusturica, el exfutbolista argentino Diego Maradona y el futuro presidente de Bolivia, Evo Morales. Ellos, junto a miles de personas, protestaban contra la presencia del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
Ha corrido mucha agua bajo el puente. Después de tres administraciones (Vázquez, José Mujica y de nuevo Vázquez) el FA, con mayoría parlamentaria, enfrenta la elección más reñida desde que asumió el gobierno, y todas las encuestadoras prevén un ballotage.
El candidato del oficialismo es el exintendente de Montevideo Daniel Martínez, un ingeniero de extracción socialista; enfrentaría en segunda vuelta al senador y abogado Luis Lacalle Pou, del centroderechista Partido Nacional (PN), que busca por segunda vez la presidencia, y es hijo del último dirigente de ese partido que ocupó el cargo (de 1990 a 1995), Luis Alberto Lacalle.
La alternancia en el poder es sana para la democracia, sostiene Lacalle Pou. La disputa sigue siendo entre progresistas y conservadores, responde Martínez. La confrontación programática entre ambos se ha focalizado en cuatro temas: medidas para reducir un déficit fiscal preocupante, cambios en el sistema educativo, políticas de seguridad pública y reactivación del empleo.
La disputa por un electorado de centro ha bajado el tono del debate, algo que podría cambiar en las próximas semanas. El candidato del PN asegura que, si es elegido, no dará marcha atrás en la “agenda de derechos” que impulsó Mujica (despenalización del aborto, matrimonio igualitario, legalización de la marihuana), ni impulsará virajes significativos en dos buques insignia de las administraciones frenteamplistas: la política salarial y la reforma del sistema de salud.
En términos de la política regional, Martínez reconoce que Lacalle Pou no se compara con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y Lacalle Pou sabe que Martínez tampoco se compara con Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Un ejemplo: en julio, pocas semanas después de que se conociera el Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela, los principales dirigentes del FA se alinearon detrás de una frase: Venezuela es una dictadura.
En relación con el actual presidente argentino, Mauricio Macri, la tregua no es tan nítida: el FA ha intentado —sobre todo mediante acercamientos recientes entre Martínez y el candidato opositor argentino Alberto Fernández— recordar que la oposición uruguaya celebró como propia la victoria de Macri en noviembre de 2015. Lacalle Pou afirma que no es justo que lo comparen con Macri, y que tampoco sería correcto equiparar al FA con el kirchnerismo.
¿Por qué el progresismo latinoamericano miraría entonces con atención el resultado electoral uruguayo? Desde su nacimiento en 1971, el FA ha sido una amplia alianza que abarca desde la democracia cristiana hasta sectores marxistas. Vaticano y Moscú, se decía por aquellos años. No sin dificultades, sobre todo durante el ejercicio del gobierno, la unidad se mantiene. Siguen bajo el mismo techo sectores que, en la España actual, sintonizarían con el PSOE y con Unidas Podemos.
Es indudable que esta fórmula ha sido exitosa en términos electorales, pero tampoco está en discusión que en pocos días enfrentará la prueba más difícil. En 48 años de historia, el FA perdió más elecciones nacionales que las que ganó, pero su última derrota fue en 1999, una referencia lejana para las nuevas generaciones de frenteamplistas. ¿Cómo procesaría la unitaria izquierda uruguaya una salida del gobierno después de tres períodos consecutivos? Nadie lo sabe, pero es una pregunta válida.
Por otra parte, está Cabildo Abierto: un partido de extrema derecha liderado por Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército, que algunas encuestadoras registran en tercer lugar, por encima del histórico Partido Colorado (PC), que gobernó el país durante 175 años.
Si esto refleja la realidad, Lacalle Pou deberá pactar de alguna manera con Cabildo Abierto para asegurar un triunfo en segunda vuelta (en la comparación con España, valdría hablar del Partido Popular y su diálogo con Vox), y los legisladores del partido de Manini Ríos serán decisivos en la próxima legislatura, más allá de quién gane la presidencia.
Desde su fundación en marzo, Cabildo Abierto no ha parado de generar polémica. Manini Ríos, fiel representante de un linaje ligado históricamente a los sectores más conservadores del PC, no oculta sus vínculos con el gobierno de Bolsonaro. Tampoco esconde a seguidores suyos entre los que hay un militar condenado por el secuestro y asesinato del químico chileno Eugenio Berríos, otro denunciado por maltrato a presos y antisemitismo; un dirigente vinculado con grupos neonazis, y otro que defiende a la dictadura que asoló al país de 1973 a 1985.
No deja de ser llamativo que una parte del sistema político uruguayo (que muchas veces se precia de su excepcionalidad) haya decidido, por el momento y debido a cálculos electorales, normalizar esta irrupción de un discurso ultraderechista, xenófobo, mesiánico y negador de los peores crímenes de la dictadura. Es natural la búsqueda de acuerdos para lograr mayorías parlamentarias que garanticen la gobernabilidad, pero pagar cualquier precio para obtenerlas podría generar “grietas” más profundas e insalvables. Y esta no es cualquier prueba de fuego.
Lucas Silva es periodista político y director del periódico La Diaria, de Uruguay, desde 2014.