Resumen ejecutivo
Las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre marcaron otro revés en los esfuerzos por forjar una solución pacífica al conflicto político del país. La oposición mayoritaria liderada por el saliente presidente de la asamblea Juan Guaidó boicoteó la votación con el argumento de que no era ni libre ni justa. Tras la victoria del partido de gobierno del presidente Nicolás Maduro, el mandato legislativo de la oposición finalizará el 5 de enero. A partir de ese momento, ésta estará ausente del parlamento y de todas las demás instituciones venezolanas electas popularmente, salvo algunos gobiernos locales y regionales donde su posición es frágil. Muchos de los casi 60 países que apoyan a Guaidó, incluido EE. UU., así como la mayoría de la UE y de los vecinos de Venezuela, han manifestado que no aceptan los resultados de las elecciones. Aunque ambas partes están estancadas en su posición y negociaciones a gran escala son prematuras, los acuerdos parciales que han logrado, especialmente en cuestiones humanitarias, junto con una mayor flexibilidad por parte de las potencias extranjeras y garantías claras para ambas partes aún podrían dar señales de cómo salir de la crisis venezolana.
Tras la campaña de dos años de Guaidó para derrocar a Maduro, el enfrentamiento entre gobierno y oposición solo parece entorpecer la resolución de la prolongada crisis política del país, que es la causa fundamental de su colapso económico y de la emergencia humanitaria que ha obligado a más de cinco millones de venezolanos a emigrar. Maduro ha logrado consolidar un completo control de las instituciones del país, luego de cinco años en los que el parlamento controlado por la oposición (aunque sin poder ejercer sus funciones) creó un espacio para enfrentar al gobierno. En la nueva Asamblea Nacional ampliada los legisladores alineados con el gobierno ocuparán 257 de los 277 escaños.
En respuesta, el liderazgo de la oposición en su mayoría ha apoyado la decisión de Guaidó de insistir en la legitimidad del parlamento actual hasta que se celebren elecciones libres. Pero este intento por extender la vida de la Asamblea estará expuesto a la intimidación estatal. El propio Guaidó podría verse obligado a elegir entre ser judicializado o unirse a la mayoría de sus colaboradores cercanos fuera del país, lo que podría dar lugar a algún tipo de gobierno en el exilio.
Al mismo tiempo, la oposición se está dividiendo una vez más en facciones: un puñado de partidos de oposición más pequeños (incluidos algunos que no son más que apéndices del gobierno) participaron en las elecciones y tendrán algunos escaños en el nuevo parlamento. Algunos grupos favorecen nuevas negociaciones con el gobierno de Maduro con el fin de mejorar las condiciones para futuras elecciones, incluidas las votaciones regionales de 2021, un posible referéndum revocatorio en 2022 y las elecciones presidenciales que se deben realizar en 2024. Otras corrientes desean una intervención militar extranjera. Un liderazgo político exiliado inevitablemente será cada vez más ajeno, y probablemente tendrá diferencias con los que se quedan. Como resultado de estas divisiones internas, será más difícil determinar quién representa a la oposición en una posible negociación.
Aun así, el probado fracaso de la política de “máxima presión”, aplicada por la administración Trump y la oposición liderada por Guaidó en un intento por derrocar a Maduro, junto con la llegada de una nueva administración estadounidense, ofrecen una oportunidad para repensar la estrategia y reestructurar la oposición venezolana. La administración entrante de Biden podría optar por una política más flexible con respaldo multilateral y podría considerar levantar las sanciones que causan daño humanitario. De hecho, a pesar de ganar las elecciones, el gobierno de Maduro se enfrenta a un desastre socioeconómico cada vez más profundo, agravado por el COVID-19; necesita una gran ayuda económica y financiera y tiene muchos incentivos para querer negociar una reducción de las sanciones estadounidenses. La pregunta clave es si estará dispuesto a considerar alguna concesión que reduzca su control del poder.
El gobierno y la oposición están actualmente a kilómetros de distancia, y cualquier intento por retomar de inmediato las negociaciones a gran escala probablemente fracasaría. Pero, aunque la disputa principal parece no poder ser resuelta por ahora, esto no deberían impedir que las partes lleguen a acuerdos parciales entretanto. Medidas para aliviar el sufrimiento humano, bajo los auspicios de la ONU, son el punto de partida obvio, incluida la reducción de las sanciones estadounidenses que producen claros daños humanitarios. El gobierno, por su parte, debería liberar de inmediato a todos los presos políticos y disolver la represiva policía secreta FAES. Los actores externos que respaldan a Guaidó pueden ayudar aprovechando el cambio de administración estadounidense para coordinar sus posiciones, dejando de lado la exigencia de la renuncia de Maduro como condición previa para dar los primeros pasos hacia una transición.
Lo más importante es que el gobierno y la oposición ajusten su pensamiento de todo o nada de acuerdo con la realidad política: el gobierno debe aceptar que la crisis no terminará sin unas elecciones libres y justas, y la oposición debe aceptar que esta contienda solo será posible cuando ambas partes hayan recibido garantías creíbles de que el perdedor estará protegido de abusos por parte de la mayoría vencedora. Lo ideal sería diseñar estas garantías como parte de un proceso de negociación integral con respaldo internacional. Si tales negociaciones se van a llevar a cabo, la oposición tendrá que unificarse en torno a una política que cuente con apoyo popular, y el gobierno tendrá que reconocerla como un interlocutor legítimo.
Las perspectivas de Venezuela después de las elecciones del 6 de diciembre pueden parecer poco prometedoras, pero los ciudadanos del país, que ya han sufrido suficiente, merecen mucho más que una parálisis generada por la desesperación.
Caracas/Bogotá/Bruselas, 21 de diciembre de 2020
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