El presidente de la Generalitat está haciendo todo lo posible para que se impugnen o, en su caso, se anulen, las próximas elecciones autonómicas. En efecto, para explicar tales desvaríos hay que recordar la frase atribuida a Luis XIV, "L' Etat c' est moi", porque también Artur Mas parece haber hecho suya una frase parecida: "A Catalunya la llei sóc jo", con el agravante de que ha creado escuela pues son muchos ya los políticos catalanes que afirman que no cumplirán las leyes que no les gusten. Dicho de otra forma, no se puede llevar a cabo un proceso secesionista en contra de la legalidad democrática vigente en España, pues eso sería volver al estado de naturaleza que expuso Thomas Hobbes hace ya varios siglos... En consecuencia, para demostrar la irregularidad de las elecciones convocadas el 27 de septiembre me voy a detener en cuatro aspectos principales: son un fraude de ley, eluden la responsabilidad política, rompen la neutralidad institucional y aplican un claro arbitrismo en la interpretación de los resultados.
En primer lugar, constituyen un fraude de ley electoral, pues aunque el Decreto de convocatoria señala que "se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña", tanto los gestos como las intenciones de Mas van más allá. Y el número uno de Junts pel Sí, Raül Romeva, acaba de señalar: "Si no leemos el 27-S como un plebiscito, no lo hacemos de forma correcta". Ciertamente, se trata de una simulación que se ampara en la ley electoral con la finalidad de conseguir otro objetivo que no es el propio de esa norma, sino que de manera encubierta busca otro diferente que está prohibido por la Constitución, que no permite ni plebiscitos ni referendos de independencia. Semejante parodia ha quedado de manifiesto por el ridículo acto de la firma del Decreto de convocatoria, al que asistieron varios miembros de su Gobierno y en donde sólo faltó la banda de música. Cuando se convocan unas elecciones, sean locales, autonómicas o nacionales, es suficiente con que estén el firmante y sus ayudantes, y, por supuesto, no se utiliza una pluma estilográfica de espléndida factura con el fin de que se conserve para la posteridad en el Museo Nacional de Cataluña. Del mismo modo, en unas elecciones autonómicas se presentan diversas listas de candidaturas de partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores, pero no una lista única de independentistas, cada uno de su padre y de su madre. Se rompe así con lo que señala el artículo 44.1 de la LOREG, porque curiosamente los nacionalistas catalanes que quieren construir un Estado ni siquiera han sido capaces en 35 años de ponerse de acuerdo con los demás partidos para aprobar una ley electoral propia, como ocurre en el resto de las CCAA, por lo que se ven obligados a aplicar la ley electoral nacional. En definitiva, lo que buscan es que sean unas elecciones "plebiscitarias", algo que no existe en ningún país democrático del mundo. Se trata, por consiguiente, de unas elecciones anómalas, porque nadie discute ya que su finalidad no es elegir proporcionalmente a los representantes de las diversas opciones políticas de los ciudadanos, sino la de enfrentar a los partidarios de la independencia con los que no la quieren. Por ejemplo, Albert Blanchardet, ha escrito lo siguiente: "Si ninguna catástrofe natural (o política) lo impide, todo parece indicar que el día 27 de septiembre se van a celebrar en Cataluña unas elecciones autonómicas de tinte plebiscitario en las que el cuerpo electoral catalán deberá pronunciarse a favor o en contra, no ya de un derecho genérico a decidir sino de una concretísima propuesta de secesión respecto a España en el plazo máximo de 18 meses".
En segundo lugar, las elecciones eluden la responsabilidad política del Gobierno de Mas, sin la cual no hay democracia. Los comicios sirven para que la sociedad elija el mejor proyecto político para los próximos cuatro años, pero también para que se pueda juzgar la labor del Gobierno de la legislatura anterior. Es conocido que Karl Popper señala que la esencia de la democracia reside en lo que él denomina la "destituibilidad", sin la cual las elecciones no tienen sentido. La razón de esta cláusula consiste en que las elecciones democráticas sirven sobre todo para echar, en su caso, a los gobernantes que lo han hecho mal. Pues bien, con el ardid de pasar inadvertido y de evitar el juicio por la corrupción existente y sus dos desastrosos años de gobierno, Artur Mas, con la experiencia de lo que ya le ocurrió en las elecciones de 2012, se ha situado en el cuarto puesto de la lista única, detrás de tres personas que no han tenido responsabilidades de Gobierno. De este modo, esta irregularidad es otro fraude más de las elecciones catalanas, porque Mas no se presenta como cabeza de lista de un partido que ha gobernado en los dos últimos años y que es responsable del fracaso de su política.
En tercer lugar, estas elecciones, tal y como las concibe el president, rompen la neutralidad institucional que establece el artículo 50 de la LOREG, según el cual "los poderes públicos que en virtud de su competencia legal hayan convocado un proceso electoral pueden realizar durante el periodo electoral una campaña de carácter institucional destinada a informar a los ciudadanos sobre la fecha de la votación, el procedimiento para votar y los requisitos y trámite del voto por correo, sin influir, en ningún caso, en la orientación del voto de los electores". Sin embargo, tras la firma del Decreto de convocatoria, Mas hizo ya una declaración tratando de influir en la orientación del voto de los electores, rompiendo así su papel neutral en el proceso.
Por otro lado, la falta de neutralidad de la Generalitat ha quedado demostrada por la utilización al servicio de la causa independentista de TV3, la televisión pública catalana. La cual ha sido acusada de servilismo soberanista por el Colegio de Periodistas de Cataluña. La falta de objetividad por parte de los medios catalanes y, en especial, de la televisión pública, es una demostración del totalitarismo independentista que ejerce el Gobierno catalán, así como muchas entidades al servicio del separatismo. Especialmente, la televisión autonómica catalana trata de imponer la visión secesionista de la lista única, traicionando su deber de informar a todos los espectadores de forma plural y objetiva.
Por otra parte, el hecho de que la campaña electoral comience el día 11 de septiembre con la celebración de la Diada y la manifestación organizada por la Asamblea Nacional de Cataluña, parece de dudosa legalidad según lo que establece el artículo 50.3 de la LOREG, en donde se prohíbe a cualquier persona jurídica, salvo los partidos o coaliciones, que realice actos de propaganda electoral a partir del día de las convocatoria y, con más razón, el día en que empieza la campaña electoral, decisión, por lo demás, que se ha hecho de acuerdo con la Generalitat, violando así la neutralidad exigida.
Por último, estas elecciones son fraudulentas porque demuestran un arbitrismo en la interpretación de los resultados. En efecto, si se tratase realmente de unas elecciones autonómicas no se exigiría una determinada participación mínima, y no habría problemas para señalar que el partido o coalición que obtuviese la mayoría absoluta de escaños fuese quien formase Gobierno. Ahora bien, si se empeñan en llamar plebiscitarias a estas elecciones, lo primero que tendrían que tener claro es qué quorum de participación hay que exigir y qué quorum de decisión sería necesario para ganar. En consecuencia, si tenemos en cuenta el principio ya reconocido en el Digesto de que refertur at universos quod publice fit per mayorem partem (se atribuye a la totalidad lo que públicamente haga la mayoría) es cierto que rige teóricamente en cualquier votación. Ahora bien, si lo que se pretende es la independencia de una región de España, es claro que va a afectar no sólo a todos los españoles en general, sino especialmente a todos los catalanes, sean o no independentistas. De ahí que el quorum de participación debiera ser por lo menos el del 70% del censo. Y en cuanto a la mayoría para declarar la independencia es evidente que no puede ser, como ha dicho titubeante Mas, la mayoría absoluta, sino que sería necesario conseguir los dos tercios de los diputados, como se exige para reformar el Estatuto catalán.
Sin embargo, no se ponen de acuerdo en los requisitos numéricos los propios independentistas, pues se ha llegado a decir, por ejemplo, que lo que quieren los ciudadanos catalanes se medirá sólo en escaños, como se miden todas las elecciones, sin tener en cuenta los votos electorales. Lo cual contradice el carácter plebiscitario que revindican para estas elecciones. Es conocido que el Tribunal Supremo de Canadá estableció que la separación de Quebec, en su caso, exigiría una mayoría cualificada en un referéndum. Pero los nacionalistas catalanes cuentan la feria según les vaya mejor. En efecto, Mas lo tiene ya previsto: las elecciones serán plebiscitarias si gana la lista única, aunque sea por un diputado más de la mayoría absoluta, que es 68, y ello aunque no obtenga ni la mitad de los votos de los ciudadanos. Y, si no es así, serán unas elecciones autonómicas en las que será imposible formar un Gobierno homogéneo, teniendo en cuenta que en la lista única, además de unos pocos políticos de derechas y de izquierda, hay cantantes, actores, futbolistas, juristas extraviados y profesionales del independentismo, esto es, una macedonia política que podría servir para todo, menos para gobernar.
Es posible, por tanto, que estas elecciones no tengan validez, es posible asimismo que la lista única obtenga menos escaños que los demás partidos y es posible también, con todo el derroche de medios con el que están presionando a la sociedad catalana, junto a la tonta pasividad de que viene haciendo gala el Gobierno de Madrid, que ganase la lista única. En cualquier caso, habría que recordar que las dictaduras siempre se presentan acorazadas porque quieren vencer como sea, mientras que la democracia aparece siempre desnuda porque ha de convencer y ese es su gran mérito.
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.