Hasta las elecciones generales de 2015 la política española se caracterizaba por contar con dos grandes partidos: el PP dominaba, prácticamente, el espacio que iba desde el centro a la derecha, y el PSOE, el del centro a la izquierda. El conjunto lo completaban IU y un pequeño grupo de partidos nacionalistas y regionales. La hegemonía de las grandes formaciones permitía constituir gobiernos estables, bien mediante acuerdos puntuales con alguna de las fuerzas pequeñas, bien por lograr mayorías absolutas.
Las elecciones de 2015 vinieron a modificar ese panorama, al verse mermado el poder electoral del PP y el PSOE, e irrumpir con fuerza Ciudadanos y Podemos. Ahora, las elecciones de 2019 pueden terminar por destruir definitivamente este sistema: la estabilidad que procuró durante años ha desaparecido y la falta de práctica en gobiernos de coalición hará el resto.
Las elecciones del 28-A van a ser las que den lugar al mayor grado de fragmentación del voto, y eso, indudablemente, implicará consecuencias transcendentales en la composición y en el funcionamiento del Parlamento y del próximo Gobierno.
Aunque es cierto que en España una persona vale un voto, hay circunscripciones en las que se necesita obtener menos votos que en otras para conseguir un escaño al Congreso, y mientras hay provincias en las que miles de votos son irrelevantes a la hora de mover un diputado, hay otras en las una papeleta puede decidir un escaño. No es que nuestro sistema electoral sea caprichoso, sino que, como otros tantos, tiene ciertas imperfecciones que erosionan la proporcionalidad.
El problema no reside en la fórmula electoral, la Ley D'Hont, sino en el tamaño de la circunscripción. Lo contaremos brevemente. En las elecciones generales existen 52 circunscripciones, una por cada provincia de España, y a todas ellas les corresponden, de entrada, dos escaños, salvo a Ceuta y Melilla, a las que solo se les concede uno. Los 248 restantes se asignan en función de la población que reside en cada una de las provincias. Esto supone que el modelo tiende a sobrerrepresentar a las provincias más despobladas para equilibrar el peso estratégico de las regiones.
La cuestión es que, en las próximas elecciones, este sistema podría aumentar la desproporcionalidad, y modificar con ello la voluntad ciudadana. Así, por ejemplo, podría ocurrir que algunos partidos lograran menos representación que otros que obtuvieran un menor número de votos.
En las circunscripciones pequeñas los escaños se distribuyen, principalmente, entre los dos partidos más votados. Por ejemplo, en Soria, Teruel, Cuenca, Zamora, Ávila, Cáceres, Palencia, Segovia, Palencia, Salamanca, Guadalajara y Ciudad Real, se reparten 42 escaños, y en las últimas elecciones, las de 2016, el PP obtuvo 28 diputados y el PSOE, 15. Estas provincias son de interior y se caracterizan por tener un perfil más envejecido, rural y conservador que, combinado con el sesgo mayoritario, hace casi imposible que Ciudadanos, Podemos o Vox puedan lograr un escaño.
Esa dinámica solo se rompió 11 veces en las elecciones de 2015, al lograr la tercera fuerza política un escaño en estas circunscripciones. No es algo que carezca de importancia, ya que esas 28 provincias, en las que solo reside el 21,4% del censo, se reparten casi el 30% de los escaños, lo que implica que una buena parte de los votos del electorado caen en saco roto.
A pesar de que en las circunscripciones medianas, en las que se eligen entre 6 y 9 escaños, el reparto es más proporcional, también salen favorecidos los dos primeros partidos. Eso sí, en estas circunscripciones la tercera fuerza encuentra más facilidades para obtener representación, no así la cuarta, que puede no obtener escaño si los dos primeros partidos le duplican en el número de votos. Se pierde así un número importante de sufragios.
Solo en las grandes circunscripciones, aquellas en las que hay en juego más de 9 escaños, la proporcionalidad está garantizada. Pero aquí la disfunción consiste en que, por ejemplo, para conseguir el primer escaño en Madrid se necesitan aproximadamente 137.000 votos, mientras que en Soria bastan 38.000.
El sistema penaliza el exceso de oferta en el mismo segmento ideológico. Así, puede ocurrir que Vox obtenga entre un 6% y un 10% en las circunscripciones pequeñas y medianas, y aun así se quede sin escaño, pero es que además restaría representación al PP o a Cs.
Podría ocurrir, de hecho, que el centroderecha, con cerca del 50% del voto en toda España, no consiguiera la mayoría en el Congreso, y los socialistas podrían reeditar el pacto que les llevó al Gobierno en junio. De la misma manera, la fragmentación del voto en el centroderecha también podría dar al PSOE el control del Senado si Sánchez suma sus escaños a los de Podemos y a los de los partidos nacionalistas e independentistas.
Gema Sánchez Medero es profesora de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid.