Uno. Las elecciones libres no garantizan necesariamente el respeto del principio democrático. Nuestra ley electoral es un ejemplo de fracaso democrático. Basta repasar los resultados electorales del 20 de diciembre para comprobarlo.
Antes conviene recordar que democracia proviene de los vocablos demos, pueblo, y krátos, poder o gobierno. Es decir, el origen y la justificación del poder reside en el pueblo. Ni dioses, ni reyes, ni sabios, ni antepasados, ni fuegos, ni rayos, justifican ningún gobierno. La voluntad del pueblo soberano, es la única fuente originaria del poder y del gobierno. Aprobar normas de convivencia, aplicarlas e imponer por la fuerza su cumplimiento son facultades que corresponden, en un Estado moderno, al poder legislativo, ejecutivo y judicial. Poderes que son expresión de esa voluntad soberana y, por tanto, actúan por delegación.
Hoy, la democracia directa de la polis griega, ha sido sustituida por la indirecta o parlamentaria: el pueblo soberano elige, por mayoría, a sus representantes y, éstos, por delegación, ejercen los tres poderes del Estado.
Siendo todos los ciudadanos iguales ante la ley, al formar la mayoría, el voto de todos y cada uno de los votantes debe tener el mismo valor. Un ciudadano un voto. Es obvio que esa ecuación de identidad debe trasladarse a la elección de los representantes, a los que ejercen el poder por delegación.
Lamentablemente, en las democracias actuales el ciudadano se limita a ejercer la soberanía en un solo acto y cada cuatro años: cuando se convocan las elecciones para elegir a sus representantes parlamentarios. De todo lo demás, acción legislativa, de gobierno y jurisdiccional, ha sido excluido radicalmente. Si acaso en algún referéndum ocasional se pregunta directamente su opinión, y a veces ni siquiera es vinculante. Se trata de una grave perversión del sistema, pues la democracia indirecta o parlamentaria ha yugulado la democracia original y directa, cuando los modernos medios informáticos permiten trasladar la decisión de no pocas cuestiones cruciales a los ciudadanos.
Las elecciones generales han costado 120 millones de euros y con ese presupuesto se pueden organizar cuarenta consultas en cuatro años, gracias a las nuevas tecnologías. Ese grave déficit democrático puede y debe ser corregido sin demora.
Dos. Las consideraciones anteriores, por elementales y bien sabidas deben ser recordadas al abordar el problema de la relación entre ley electoral y principio democrático. Porque nuestra ley electoral rompe abiertamente la ecuación democrática, un ciudadano un voto, produciendo graves distorsiones en el sistema.
Vayamos a los datos. UP 922.579 votos y 2 escaños. ER 599.289 votos y 9 escaños. DiL 565.501 votos y 8 escaños. PNV 301.585 votos y 6 escaños.
Cualquier niño de primaria que sepa dividir deduce que los votantes de UP han sido proporcionalmente castigados. Correlativamente, los votantes de ER, DiL y PNV han sido generosa e injustamente favorecidos. ¡La desproporción es alarmante y supera todo lo razonable!
Tomando por verdad que para el PNV 300mil votos le proporcionan 6 escaños, a UP con 1millón de votos, es decir, 3 veces más, se le deben asignar 18 escaños, pero la ley electoral le acaba de reconocer solo 2 diputados.
Algo parecido sucede si comparamos ER y UP, la proporción en votos es aproximadamente de 1 a 2 pero en escaños de 2 a 9. Semejante resulta la comparación entre DiL y UP, la relación es de 1 a 2, pero en escaños de 2 a 4. En definitiva, a UP un escaño le ha costado 411.289 votos, a ER 66.587, a DiL 70.687 y al PNV 50.264 votos.
¿Con estos resultados dónde queda el principio un ciudadano un voto?
Tres. El análisis no tiene fisuras y debe ser tomando muy en serio, al margen de otras consideraciones. No obstante, añadiré tres observaciones más.
a) La comparación aritmética afecta a partidos políticos que, por un lado, ER, DiL y PNV, son locales, independentistas y contrarios a la Constitución española, y por el otro, UP, es un partido no local, y bien repartido a lo largo y ancho de la geografía española. Dicho de otro modo, en las elecciones al Congreso de los Diputados, ofrece una dispersión digna de mejor fortuna. Lo digo porque UP recoge sensibilidades de asturianos, canarios, vascos, catalanes, madrileños y así en todas las comunidades autónomas. En contraste con los otros que se concentran exclusivamente en Cataluña y el País Vasco. Es más, ni siquiera se presentan en todos los distritos electorales. Requisito que pudiera exigirse en una ley electoral reformada, aprobada tan democráticamente como la vigente.
De ser así desparecerán de repente los partidos sin amplio espectro nacional. ¿Y por qué no, si hablamos de elecciones a la cámara baja del parlamento del Estado español? Cuestión distinta es cuando se eligen senadores, representantes de la España territorial. Reconozco que esta es cuestión altamente polémica y puede desviar el mensaje principal.
b) Los grandes partidos también se benefician de la vigente ley electoral. Los datos son elocuentes, cotejando partidos con implantación en todo el territorio. Un escaño le ha costado al PP 58.633 votos, al PSOE 61.431, a la coalición Podemos 75.175 y a Ciudadanos 87.451 votos. Cuanto más votos, más escaños y a menor coste. Correlativamente, a medida que disminuye el tamaño en votos cuesta más votos obtener un diputado. La diferencia entre PP y C’s es de 28.819 votos. Por tanto, la desigualdad se confirma por arriba y por abajo.
c) La tercera reflexión va directamente al corazón de la reforma, clave para el buen funcionamiento del sistema democrático. ¿Cómo trasladar el principio democrático “un ciudadano, un voto” a la ley electoral?
Basta con suprimir las 52 circunscripciones electorales y convertirlas en una sola.
Sí. El distrito electoral único es el sistema más garantista del citado principio democrático. Luego se podrán discutir flecos como el reparto de los restos; si aplicamos o no la proporcionalidad de la ley D’Hont; si las encuestas deben marcar el espacio publicitario; si para concurrir se exige una determinada implantación territorial o un porcentaje mínimo de firmas, etc.
Cuatro. Admitido lo anterior no queda sino concluir apuntando cómo y cuándo se ha de hacer la reforma.
Desde luego no será fácil visto que reformar la LOREG exige una mayoría reforzada por ser una ley orgánica, y los partidos mayoritarios, supongo, no querrán modificar un sistema que les favorece abiertamente. Más oposición harán los partidos nacionalistas, que merman, y quizás pierdan el grupo parlamentario.
Pero si queremos ser demócratas de verdad, sin miedo a devolver el poder genuino al pueblo soberano, preguntémosle. Convoquemos un referéndum vinculante para que el pueblo español decida si quiere o no un distrito electoral único para defender el principio de igualdad, que en términos electorales significa, un ciudadano un voto.
Ignacio Arroyo Martínez es catedrático de Derecho mercantil.