El 27 de octubre Colombia celebrará sus primeras elecciones regionales desde la firma del acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y los rebeldes de las FARC. En estas preguntas y respuestas, la experta de Crisis Group, Elizabeth Dickinson, explica qué está en juego políticamente y por qué la campaña electoral ha estado acompañada de tanta violencia.
¿Qué nos dicen estas elecciones sobre cambios en la política colombiana?
La antesala a las elecciones regionales de este año, que ha estado marcada por un aumento en la violencia, permite dar una mirada a la evolución de la política colombiana tres años después del histórico acuerdo de 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Como regla general, las elecciones de autoridades territoriales en Colombia (celebradas cada cuatro años) han atraído una gran participación electoral. Los electores de las grandes ciudades tienden a concentrarse en preocupaciones urbanas como el transporte público y la delincuencia. Los electores rurales tienden a estar más interesados en temas como el estancamiento de la reforma agraria y la persistencia de grupos armados y bandas criminales en sus regiones. Familias acaudaladas con una influencia desbordada en distintas partes del país y grupos armados ilícitos también juegan un papel importante en estas elecciones y, a menudo, tratan de influenciar los resultados mediante la financiación de campañas y coerción.
En comparación con elecciones regionales anteriores, el cambio más significativo de este año puede estar en la diversidad ideológica de los candidatos, que representan un espectro de opiniones mucho más amplio que en años anteriores, especialmente en la política de izquierda. La izquierda en Colombia ha sido durante mucho tiempo una de las más débiles de América Latina, en parte porque el público la asocia con una insurgencia violenta de orígenes ideológicos marxistas-leninistas. Con el acuerdo de paz comenzando a disipar ese estigma, los candidatos de izquierda de las rebautizadas FARC, el Partido Verde, grupos indígenas y organizaciones sociales se están postulando para elecciones este año. La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (un partido nacido de las ahora disueltas FARC) tiene más de 300 candidatos aspirando a alcaldías, concejos municipales y asambleas departamentales.
Al mismo tiempo, en el otro extremo del espectro político, el Centro Democrático, el partido de derecha del presidente Iván Duque, con tan solo cinco años, está tratando de consolidar sus bases de poder regionales. Enfocado en la seguridad, el partido tiene como objetivo lograr cargos departamentales y municipales en regiones donde aún no cuentan con una presencia local significativa, como el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela.
Aunque el acuerdo de 2016 ha cambiado sustancialmente el panorama político, algunas de las reformas electorales que contemplaba se han estancado. En mayo, el gobierno abandonó debido a la resistencia en el congreso, reformas que habrían ayudado a proteger a los partidos políticos de la influencia desproporcionada de actores acaudalados y poderosos, a través de una mayor transparencia en la financiación de las campañas.
Casi dos docenas de candidatos fueron asesinados durante el año previo a estas elecciones y 605 candidatos reportaron haber recibido amenazas. ¿Qué está pasando?
La violencia ha empañado casi todas las elecciones colombianas en las últimas cuatro décadas. Amenazas y asesinatos, incluso de varios candidatos presidenciales, han aumentado y disminuido según la intensidad del conflicto armado. En comparación con las elecciones regionales de 2015 y 2011 (ambas antes del acuerdo de paz de 2016), este año ha sido relativamente pacífico. Pero en relación con las elecciones nacionales de 2018, que fueron unas de las más pacíficas de los últimos 40 años, las tendencias no resultan tan positivas. Las autoridades ya han advertido que los municipios parecen enfrentar un mayor riesgo de violencia y fraude en las elecciones actuales que en 2018.
El resurgimiento de grupos armados no estatales compitiendo por dominio regional explica al menos parte de la violencia en esta temporada electoral. En los últimos tres años, grupos armados y organizaciones criminales nuevas y en evolución han buscado ocupar los espacios que las FARC dejaron vacíos al desmovilizarse. Más de veinte grupos disidentes de las FARC mantienen el dominio en áreas de la costa Pacífica, regiones de la frontera con Venezuela y partes del interior, como el Bajo Cauca, donde se dedican al cultivo ilícito de coca. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), el movimiento guerrillero subsistente más grande, ha consolidado el control en sus dominios en Arauca y se ha tomado algunos de los mercados ilícitos y territorios antiguamente de las FARC, como los del Chocó. (Las conversaciones entre el ELN y el gobierno se interrumpieron a principios de 2019 y, a diferencia de 2018, no habrá un alto al fuego para las elecciones). El ELN y las disidencias de las FARC también compiten con organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Las elecciones han hecho que la rivalidad entre estos grupos armados resulte más visible y más peligrosa. Las mayores tasas de violencia electoral se han registrado en regiones donde dos o más grupos armados compiten por el control. Estas regiones incluyen Cauca y Nariño en el suroeste del país y el Catatumbo y Arauca a lo largo de la frontera con Venezuela. En algunas áreas, los pobladores ven el aumento actual de la violencia como prueba de que el acuerdo de 2016 no logró alcanzar una paz significativa. Como lo describió un líder comunitario del Chocó, "el conflicto nunca se detuvo".
Candidatos de todas las corrientes ideológicas han enfrentado intimidación, ataques y amenazas de asesinato, a menudo por parte de actores con motivos económicos. Grupos armados que han surgido de las fuerzas paramilitares desmovilizadas y están involucrados en el tráfico de drogas, la minería ilegal y otras actividades del mercado negro tienen un gran incentivo para silenciar a los candidatos (líderes territoriales o indígenas, por ejemplo) que pudieran llegar a oponerse a sus intereses económicos. En algunas partes del Cauca, Córdoba y otros lugares, los grupos han publicado panfletos en redes sociales comunicando sus amenazas contra los candidatos. Fuentes del gobierno informan que los candidatos que se han resistido a las demandas del ELN (por ejemplo, miembros del partido Centro Democrático en Arauca), han enfrentado amenazas e intimidación violenta.
Si bien parte de la violencia de este año está directamente relacionada con grupos armados, las familias acaudaladas e individuos detrás de la política de clientelismo en Colombia también tienen cierta responsabilidad. En zonas como la costa atlántica, dinastías prósperas que se extienden en ambos lados del mundo empresarial y político tienen mayor influencia que los mismos partidos políticos, y pueden valerse de asesinatos y amenazas en un esfuerzo por cambiar los resultados electorales. Los autores intelectuales de la violencia, en estos casos, tienden a ser candidatos o sus patrocinadores, incluso si emplean grupos armados o asesinos a sueldo para ejecutar sus planes.
Aunque la dinámica detrás de gran parte de la violencia electoral en Colombia parece bastante clara, individualizar a los responsables detrás de las amenazas y actos violentos puede ser mucho más difícil. Muchos de los que enfrentan intimidaciones en la campaña de este año afirman que no saben de donde provienen ni por qué. En parte como resultado la violencia electoral rara vez es judicializada, y la impunidad por los recientes actos de violencia política supera el 70 por ciento.
Sin duda, la policía investiga ciertos casos de alto perfil, por ejemplo, el terrible asesinato de Karina García el 1 de septiembre, una candidata del Partido Liberal a la alcaldía de Suárez, Cauca. En ese caso, los informes iniciales indican que un rival político puedo haber contratado como sicarios a disidentes de las FARC. Sin embargo, a las autoridades les resulta difícil conocer el origen de las amenazas denunciadas por al menos otros 280 aspirantes a alcaldías en todo el país.
¿Qué ha hecho el gobierno para proporcionar seguridad a los candidatos en campaña y a los electores el día de las elecciones?
El gobierno ha reconocido el resurgimiento de la violencia política selectiva en vísperas de las elecciones y planea enviar 60 000 soldados para proteger los sitios de votación el día de las elecciones. De igual manera, ha identificado 315 municipios de alto riesgo en los que debe concentrar sus esfuerzos. Además, el estado ha suministrado a más de 1000 candidatos alguna forma de protección, desde chalecos antibalas hasta vehículos blindados, aunque este monto solo representa aproximadamente la mitad del número de aspirantes políticos que solicitaron ayuda. Como medida final, Colombia cerrará sus cruces fronterizos oficiales con Venezuela desde el 24 de octubre hasta el día de las elecciones para limitar la amenaza de grupos armados como el ELN que tienen una fuerte presencia allí.
Como lo demuestran los datos, estos esfuerzos hasta ahora han tenido un éxito mixto. La gran cantidad de objetivos potenciales, los limitados recursos y una respuesta algo fragmentada, con responsabilidades de protección asignadas a diferentes ministerios para diferentes grupos de individuos amenazados (por ejemplo, candidatos, líderes de la sociedad civil y ex miembros de las FARC) y a veces luchando por coordinar sus esfuerzos, han vuelto un problema ya difícil en uno aún más desafiante para el gobierno.
¿Cómo podría influir el acuerdo de paz de 2016 en las elecciones, y cómo podrían afectar los resultados electorales el futuro del acuerdo de paz?
Aunque fue un salto histórico para la paz en Colombia, el acuerdo de 2016 aceleró la ruptura entre las ciudades relativamente seguras de Colombia y las zonas rurales menos favorecidas. En grandes ciudades como Bogotá y Medellín, la implementación del acuerdo de paz no es un asunto electoral de importancia en comparación con el transporte público, el medio ambiente y la delincuencia. Sin embargo, en las zonas rurales, donde persiste el conflicto, una creciente sensación de incredulidad rodea algunas de las promesas más ambiciosas del acuerdo. Principalmente las reformas agrarias y las iniciativas de desarrollo destinadas a eliminar las causas de fondo que dieron origen a las insurgencias en Colombia. Líderes sociales en muchas áreas rurales dicen que el gobierno del presidente Duque ha mostrado un compromiso insustancial con estas reformas.
Sin embargo, es poco probable que los colombianos vean estas elecciones como un referéndum sobre el desempeño del gobierno Duque en su implementación del acuerdo de paz. Las elecciones locales han favorecido históricamente a los partidos tradicionales, por ejemplo los partidos Liberal y Conservador, que intercambiaron el poder en Colombia hasta la década de 1990, junto a sus derivaciones. Es probable que ese sea el caso el domingo, independientemente de si el Centro Democrático, alineado con el gobierno, o los partidos de izquierdas recién surgidos logran o no escaños.
La elección de una nueva generación de líderes apoyados por los partidos tradicionales puede ser positivo y negativo desde la perspectiva de la implementación del acuerdo de 2016. En el lado positivo de la ecuación, muchos candidatos apoyan implementar elementos claves del acuerdo que requieren un impulso político para que sucedan, incluidas las reformas de la tierra y otras reformas rurales, al igual que Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial para áreas en conflicto, conocidos localmente como PDETs. Un mayor esfuerzo por parte de los funcionarios recién elegidos podría generar un impulso detrás de estas reformas y proyectos, que son necesarios para alejar las economías locales de los grupos armados y los narcotraficantes que continúan ejerciendo un gran poder en el campo colombiano.
Pero en el lado negativo, muchos de los candidatos de los partidos tradicionales que probablemente se impongan el domingo dependen en gran medida de intereses poderosos (familias acaudaladas, terratenientes y actores ilícitos), cuyo control sobre la periferia de la nación limita el desarrollo económico lícito y amplio. Esta dependencia a su vez consolida la falta de oportunidades que empuja a las personas a los brazos de los grupos armados. Por esta razón, los socios externos de Colombia deben mantener la presión para las reformas y el apoyo a los proyectos de desarrollo, especialmente las reformas de tenencia de la tierra y los programas de sustitución de coca, que pueden ayudar a crear alternativas a los mercados ilícitos que alimentan el conflicto.
El sucesor político de las FARC participa por primera vez en elecciones locales. ¿Cuáles son sus posibilidades?
Cuando la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (el sucesor político de las FARC) participó en las elecciones legislativas nacionales en 2018, enfocaron sus esfuerzos de campaña en las grandes ciudades y ganaron un minúsculo 0,5 por ciento de los votos. Parecen haber aprendido la lección de esa decepción, y actualmente están concentrando su esfuerzo en municipios rurales donde su insurgencia anteriormente gozaba de apoyo (ya sea real o coaccionado), con el objetivo de obtener cargos de nivel inferior al de gobernaciones o alcaldías, con la esperanza de empezar a construir confianza pública en su habilidad para gobernar.
Al menos 60 exmiembros de las FARC también se han postulado con otros partidos políticos o en coalición con otros partidos. Una de las conexiones más comunes parece ser con Colombia Humana, un partido de izquierda fundado por el exalcalde de Bogotá y segundo en las elecciones presidenciales del año pasado, Gustavo Petro. Al alinearse con este líder nacional altamente popular, algunos exmiembros de las FARC pueden pretender deshacerse de la imagen negativa de la organización y, posiblemente, apelar a un electorado urbano emergente de izquierda.
Elizabeth Dickinson, Senior Analyst, Colombia.