Elecciones sin pistolas

No está escrito que los ciudadanos prefieran como gestores de la paz a los que ganaron la guerra. Winston Churchill pagó esta veleidad de los votantes al término de la II Guerra Mundial, Truman se salvó por los pelos en el último minuto y contra pronóstico.

Suponer que el comunicado de ETA con el anuncio del final definitivo de su “actividad armada” es un balón de oxígeno al candidato socialista es, aparte de una suposición gratuita, un pretexto para deslizar de corrido la sospecha de infames pactos hurtados al escrutinio público. El único voto que ETA quiere reforzar es el de la izquierda abertzale, que históricamente ha conseguido sus mejores cosechas en tiempos de tregua terrorista. Evitar que este patrón se repita es una tarea que compete a todos los partidos que concurren el 20-N. Por lo demás, Rubalcaba ha demostrado una extraordinaria eficacia en la fase de acoso y derribo de ETA, al punto de forzar su rendición, pero nada tendría de extraño que una parte del electorado prefiriera a Rajoy para gestionar la extinción definitiva de la banda mediante la entrega de las armas y su disolución.

Por oprobioso que sea el comunicado de ETA -y lo es en sumo grado para las víctimas y para la inmensa mayoría de los ciudadanos-, por complejas que sean las tareas pendientes hasta que la banda terrorista entre definitivamente en la sección ominosa de nuestra historia, no podemos despreciar el hecho de que las elecciones del 20-N van a ser las primeras de nuestra democracia que van a producirse sin la amenaza de las pistolas. En demasiadas ocasiones los ciudadanos de este país han tenido que acudir a las urnas con el alma encogida por asesinatos aún calientes: Francisco Tomás y Valiente, Fernando Múgica (ambos en vísperas de las elecciones de 1996), Fernando Buesa (febrero de 2000) y tantos otros. No siempre o no necesariamente, figuras políticas notorias. En su estrategia de socialización del sufrimiento, no vacilaron en asesinar a socialistas o populares sin mayor relevancia pública, con el solo propósito de aterrorizar a cuantos se movían por territorios ideológicos excluidos en su proyecto totalitario. En el vigilante ejercicio de memoria al que estamos obligados, no está de más recordar que las últimas elecciones generales (9 de marzo de 2008) se celebraron bajo el impacto del asesinato de un exconcejal socialista, Isaías Carrasco, en Mondragón, dos días antes de la cita con las urnas, mediante el método expeditivo del tiro en la nuca.

El, entonces, lehendakari Ibarretxe, que había condenado el crimen con contundencia, se negaba a hacer una lectura política del atentado, quién sabe sipor temor a que pudiera beneficiar las expectativas electorales de los socialistas. Como escribió Soledad Gallego-Díez en estas páginas, a Isaías Carrasco no lo mataron porque fuera un hombre bueno y sencillo, ETA lo hizo solo porque representaba una opción política que los terroristas no estaban dispuestos a tolerar.

Votos frente a pistolas editorializaba EL PAÍS en su primera página el día de reflexión bajo este titular a toda plana: Los partidos llaman al voto masivo frente al crimen de ETA. Ese comunicado conjunto de las fuerzas políticas no estuvo exento de fuertes disputas tras una campaña en la que el PP había aireado profusamente la sospecha de que Zapatero seguía negociando con ETA bajo la mesa. Ignacio Astarloa no la despejó en la conferencia de prensa que dio en nombre del PP después de firmar la declaración unitaria. Es positivo que un Mariano Rajoy que ya se ve preinvestido como presidente de la nación haya proclamado esta vez que el final del terrorismo es una buena noticia y que se ha conseguido sin pagar un precio político, por mucho que en un lateral del proscenio Mayor Oreja pregone su mantra del pacto ETA-Zapatero.

Aquel 9 de marzo de 2008, EL PAÍS abría su primera página con unas emocionadas palabras de Sandra Carrasco, hija del exconcejal asesinado: “Quien quiera solidarizarse con mi padre que vote”. Al lado, una gran fotografía en la que una decena de políticos socialistas, con Patxi López y Jesús Eguiguren al frente, llevan a hombros el féretro de su compañero.

Entonces, como en tantas y tantas ocasiones, no faltaron respuestas miserables que costará superar en el difícil camino de reconciliación al que está abocada la sociedad vasca en la fase posterrorista. Por de pronto, la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, que representaba a una de tantas siglas refugio de la izquierda abertzale (ANV en su caso), votó en contra del comunicado de condena del asesinato, junto a otros seis concejales de su grupo. El máximo signo de respeto que se dignó prestar fue no aparecer por el Ayuntamiento mientras estuviera allí la capilla ardiente de Isaías Carrasco.

El ignominioso mensaje último de la banda, que pretende erigirse en padre de la paz después de medio siglo de crímenes, ¿puede acaso engañar a alguien fuera del círculo de la propia secta?

Desde luego que el cese definitivo de la violencia terrorista no cierra esta pesadilla. Quedan muchos cabos pendientes: más de 700 presos con largas condenas que la mayoría social no está dispuesta a condonar, al menos 300 crímenes aún sin juzgar y la entrega o destrucción de los arsenales, que en Irlanda del Norte fue un incierto proceso que solo culminó ocho años después del Acuerdo de Viernes Santo. ¿Quién será en nuestro caso el general De Chastelain que lo verifique? Tareas arduas que tendrá que incluir en su agenda el próximo presidente del Gobierno, que según todas las encuestas será Rajoy. Pero los vascos -y todos los españoles- podrán votar el 20-N a sabiendas de que ha terminado la pesadilla del tiro en la nuca. En 2008, los socialistas ganaron las elecciones en el País Vasco y lo hubieran hecho sin aquel asesinato. Si la voluntad de los votantes fue capaz de expresarse contra el crimen, ¿por qué hemos de creer que el final del terrorismo favorece inevitablemente a los herederos de ETA? Intentar que no sea así es la primera obligación de los partidos que concurren a las próximas elecciones.

Por Jesús Ceberio.

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