En esta misma página, la noble Tercera de ABC, tuve la ocasión de publicar el 2 de noviembre de 2012 un artículo titulado «Yo te voto a ti». Basado en la tesis doctoral «Propuestas para la Reforma del Sistema Electoral», que había defendido meses antes, propuse en él la elección de cada diputado en circunscripción uninominal, como ocurre en algunas democracias occidentales en atención a un mejor conocimiento de los candidatos, así como las circunscripciones homogéneas en número de habitantes en todo el territorio nacional: tantas circunscripciones como diputados. En nuestro caso, 350, con una media de unos 130.000 habitantes.
En aquel sintético ensayo abogaba también por la elección de concejales y diputados autonómicos con el mismo sistema, el de tantos distritos electorales como número de concejales o diputados autonómicos en cada municipio o comunidad. El método es bien sencillo, directo, personal, participativo y profundamente democrático. Cada partido presenta un solo nombre como candidato a un escaño y el que gana en número de votos es automáticamente su adjudicatario. Durante la legislatura o periodo de su mandato, tendrá que responder al Parlamento o Asamblea, sea municipal o autonómico; a su partido, a sus electores y a todos los ciudadanos de la circunscripción por la que ha sido elegido.
Parece claro que este mecanismo facilita la concurrencia de candidatos independientes, que decidan presentarse a título personal, sin el respaldo de unas siglas, pero en igualdad de condiciones: pedirán el voto en un ámbito concreto en donde cada aspirante tiene todas las opciones de ser más conocido. Cualquier discusión teórica o ideológica en relación a democracia representativa o a listas abiertas queda de esta manera superada, puesto que no puede haber forma más directa de representación o mayor libertad para elegir al político, con nombres y apellidos, preferido.
Cabe todavía añadir una virtualidad más. Gracias a la candidatura de persona única y concreta por plaza, cada elector sabe con exactitud quién ha ganado por voluntad popular sin intermediarios. Solo a partir de aquí, recibido el refrendo directo de los ciudadanos, los diputados o concejales proclamados se adscriben al grupo parlamentario o municipal del partido al que pertenecen para el normal funcionamiento de la cámara legislativa o del pleno municipal.
La argumentación de mi tesis sostiene incluso la posibilidad de la elección directa del alcalde y del presidente del Gobierno. En el primer caso, el sufragio del regidor municipal puede perfectamente compatibilizarse con el del concejal haciendo que, en la misma jornada y en cada distrito, el votante deposite una papeleta en una urna correspondiente al edil de su ámbito electoral, y en otra urna, la del candidato que prefiere para alcalde. Estos aspirantes tendrían que hacer su campaña en todo el municipio, y el total de sus votos saldría de la suma de los cosechados en cada uno de los distritos. En este caso, también los ciudadanos sabrían con máxima precisión quién ha recibido el mayor número de apoyos nominales.
Esta persona será proclamada alcalde, con la estabilidad y solvencia de no tener que someterse a pactos postelectorales entre los concejales elegidos de las listas cerradas y bloqueadas. Sabido es que muchas veces llegan a modificar el criterio de la mayoría, eligiendo al cabeza de lista de la segunda o tercera fuerza política. Un gobernante salido de una votación directa no va a quedar a merced de posibles pactos posteriores en la oposición. Le sostiene la voluntad democrática plasmada en las urnas.
La única complejidad podría venir en caso de que el alcalde no contara con una mayoría de concejales afín a su adscripción política. No obstante, en ese supuesto, la fuerza de quien se sabe elegido por cuatro años debería permitir llegar a pactos y acuerdos con los representantes municipales. De ahí la importancia de la clarificación de las competencias de quien encabeza el Ayuntamiento, de su comisión de gobierno y del pleno. Ello garantizaría la gobernanza incluso en los repartos electorales más complejos. Sirva de ejemplo el caso del presidente de Estados Unidos, que con frecuencia tiene que lidiar con el Senado o la Cámara de los Representantes con mayoría del partido contrario al suyo.
Queda concretar la elección directa del presidente del Ejecutivo. España es una Monarquía parlamentaria. La soberanía reside en el pueblo, que decide la composición de las cámaras; y, en concreto, es el Congreso de los Diputados el que designa al presidente del Gobierno. Con nuestro modelo de Estado podría también ser elegido de manera directa. Las fórmulas políticas no están agotadas: los diputados, como ya he referido anteriormente, serían votados directamente en circunscripciones uninominales, y, a la vez, en todas las circunscripciones se depositaría una papeleta para el candidato a la presidencia del Gobierno.
Los candidatos a ocupar La Moncloa se presentarían con su nombre y bajo las siglas de su partido en todos los distritos electorales. El que obtuviera el mayor número entre todos los votos nacionales alcanzaría directamente la presidencia. Sufragio directo, personal, abierto y no sujeto a las aritméticas parlamentarias.
En la misma dinámica antes explicada, la hipotética posibilidad de un Parlamento sin una mayoría que refrende las políticas del jefe del Ejecutivo obligaría a la búsqueda de pactos entre él y los diferentes grupos políticos. Vuelve a ser el caso habitual de Estados Unidos, la democracia más grande y poderosa del planeta.
Aunque de momento esta exposición se queda en el plano teórico, podría ponerse en práctica modificando algún artículo de la Constitución, la Ley Electoral y la configuración de la relación entre el presidente del Ejecutivo y el Parlamento. En democracia, quien gana gobierna y quien pierde hace oposición. Ya no habría legislaturas condenadas a la inestabilidad política, porque el jefe del Gobierno lo sería por cuatro años, y los diputados, representando directa y personalmente a sus electores, ya no podrían ser cargos anónimos, beneficiarios de unas siglas a las que el ciudadano ha votado.
Sobra decir que un sistema de estas características desmontaría la coartada de quienes, normalmente sin un concepto claro del funcionamiento de una democracia occidental, por desconocimiento o por el constante intento de acabar con el sistema, se afanan en deslegitimar el resultado de las urnas tras cada elección. Se quedarían sin argumentos aquellos que pretenden hacer trampa acusando de tramposas a las reglas del juego. Serían desenmascarados quienes pretenden demostrar su talante democrático negando la democracia, cuestionando la decisión del pueblo que acude a las urnas para decir con todas las letras quién quiere que gobierne los destinos de su comunidad.
Francisco Camps Ortiz, Doctor en Derecho.