Elegir, decidir y afrontar

Tomar decisiones es un acto de responsabilidad y de compromiso. Crecer significa elegir, decidir y afrontar. Elegir el mejor camino, decidir la manera en que se quiere vivir cada paso y afrontar las consecuencias de nuestras decisiones. Este sencillo ejemplo de cómo cada persona ha ido forjando su carácter es igualmente comparable para el conjunto de la sociedad. La España de 2013 es la suma de todas y cada una de las decisiones de quienes nos gobiernan y nos han gobernado. De quienes decidieron entonces y ahora, y con el convencimiento de que siempre buscaron el beneficio de toda una nación. Por eso, aprender de los errores nos hace más fuertes y más comprometidos con lo que queremos que sea nuestro país.

En el ejercicio de mi cargo como Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, trabajando codo con codo con la ministra Ana Mato y siendo absolutamente consciente del peso de las decisiones que tomamos cada día, me siento en la responsabilidad de explicar cuáles son las consecuencias de las decisiones que se tomaron en el pasado.

La sostenibilidad del Estado de Bienestar no es una cuestión de partidos, sino de grandes valores. La justicia social, la solidaridad y la corresponsabilidad conforman una sólida red de seguridad de todo el pueblo español que ni se nos plantea romper. El Estado de Bienestar es una conquista de todos los españoles, consagrada en nuestra Constitución de 1978, ampliamente respaldada por la mayoría de los ciudadanos. Hace más de 30 años que España empezó a sentar las bases de los tres pilares del Estado del Bienestar: Educación, Sanidad y Pensiones. Hoy en día, estos tres pilares se han convertido en cuatro al incorporar la Atención a la Dependencia.

Sobre este último pilar se han vertido toda clase de comentarios, muchos de ellos con manifiesta intención política, así que, y no me cansaré de repetirlo, insisto: este Gobierno está comprometido con el mantenimiento de la Ley de Dependencia, pero, he de matizar, una Ley con las cuentas en orden y con sus procedimientos asentados en los criterios de la transparencia y del rigor. Porque, desde su entrada en vigor hasta la fecha, no ha funcionado como se preveía. El diagnóstico es unánime: este sistema había acabado convertido en una maraña normativa con enormes deficiencias y desigualdades en la atención recibida. Así lo demuestra el Tribunal de Cuentas, órgano fiscalizador reconocido en la Constitución, en su Informe sobre el Sistema de Dependencia para el período 2007-2011, actualmente en fase de alegaciones. Entre sus conclusiones, podemos destacar tres:

Primera: se han producido «importantes diferencias» en los procesos de reconocimiento del derecho a ser persona dependiente, y por tanto, se podría haber vulnerado el citado derecho. El Tribunal de Cuentas señala, a colación de ello, que existe la posibilidad de que se haya quebrado el acceso al sistema en condiciones de igualdad.

Segunda: el abuso de las prestaciones económicas destinadas al cuidado familiar de la persona dependiente se ha convertido en tendencia generalizada a pesar de que la Ley lo clasificaba como una excepción. A esto añade el Tribunal: «De seguir manteniéndose esta tendencia», el Sistema de Dependencia podría derivarse hacia «un sistema de subsidios en lugar de una red asistencial de servicios».

Y por último, la aplicación informática para el registro de los datos propios del Sistema de Dependencia se ha caracterizado por su «falta de homogeneidad» y de «coherencia», y en consecuencia, se han destapado una serie de «deficiencias» y «distorsiones» en el cómputo de los beneficiarios de prestaciones y en la distribución de los fondos de financiación. Las consecuencias de quienes tomaron decisiones generan nuevas decisiones. Hemos tenido que afrontar un escenario social y económico que, a su vez, nos ha obligado a priorizar los recursos, de forma que las personas más vulnerables, como los dependientes, puedan ser ayudadas en el menor plazo posible.

El informe del Tribunal de Cuentas ha puesto de nuevo sobre la mesa cómo una gestión deslavazada e incoherente puede debilitar algo tan fundamental como el Sistema de Dependencia. Juntos, ahora, tenemos que madurar el modo de conservar la red de seguridad, justicia social y corresponsabilidad de la que gozamos en este país a pesar de los errores cometidos.

Un año después estamos viendo algunas luces. Hemos conseguido reducir la lista de espera de beneficiarios de la Ley de Dependencia en un 25% y las Comunidades Autónomas y el Ministerio nos hemos dado seis meses para construir un registro minucioso de personas beneficiarias (para que no haya desviaciones indebidas de los fondos de financiación) y una simplificación de los niveles de valoración de los dependientes. Objetivo: agilizar los trámites y llegar más rápido allí donde se necesita ayuda.

Creo que nos encontramos en un momento económico y social que necesita de la honestidad de nuestros discursos políticos, de la construcción y no de la destrucción, pero sobre todo, de la suma de todos asumiendo los errores de las decisiones y explicando a los ciudadanos que estamos trabajando para que nuestro Estado de Bienestar siga funcionando espléndido y fuerte, y para que las generaciones futuras sientan el orgullo de pertenecer a un país solidario, corresponsable y justo con quienes más lo necesitan.

Juan Manuel Moreno Bonilla, secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *