Sea cual sea el destino parlamentario del decreto ley de reforma laboral que se votará el próximo jueves en el Congreso, así como el desarrollo posterior de la misma, es de estricta justicia destacar el esfuerzo de diálogo y la voluntad de acuerdo mostrada por los actores sociales que la han protagonizado: las dos mayores organizaciones sindicales —CC OO y UGT— y las dos mayores patronales —CEOE y CEPYME—. Esta reflexión la hago como ciudadano y como presidente del Consejo Económico y Social, un órgano constitucional dedicado al diálogo social permanente del que forman parte estas organizaciones.
Es difícil exagerar la importancia de este acuerdo. Especialmente en la encrucijada en la que se encuentran la economía y la sociedad españolas. Enfrentada a profundas transformaciones —económicas, tecnológicas, medioambientales, demográficas y geopolíticas— que desafían los niveles de bienestar, el crecimiento y la capacidad para crear mejores empleos, para más personas, en mayores lugares del país, la sociedad española necesita este tipo de acuerdos para lograr transiciones digitales y verdes justas. De lo contrario, el aumento de desigualdad y de oportunidades, así como de los desequilibrios territoriales que podrían producirse, serían socialmente disruptivos y políticamente inmanejables.
Para lograr una transición digital y verde justa, conviene sacar lecciones adecuadas de lo ocurrido con los procesos de deslocalización y de reconversión industrial del último tercio del siglo pasado. Los impactos sobre el empleo, las oportunidades y el bienestar de comunidades, ciudades y territorios en los que estaban asentadas las industrias más expuestas a la deslocalización fueron tremendas. El cine, a través de películas como Los lunes al sol, rodada precisamente en la ciudad industrial de Vigo, dio buena noticia de ese impacto. No se hizo una reconversión industrial justa. A las personas y familias que quedaron sin empleo y sin expectativas de prosperidad se les dijo que la industrialización era una fatalidad inevitable de la globalización. Que no tenían otra opción que emigrar a otros lugares donde había trabajo o resignarse a quedar ignorados en sus comunidades. El resentimiento, la rabia y la ira social provocados por esa forma de conducir aquellos procesos de reconversión están detrás de la polarización política que ahora estamos sufriendo.
La descarbonización podría tener impactos negativos similares. Muchas empresas y actividades que funcionan con tecnologías contaminantes están localizadas en territorios y comunidades que se verían duramente afectadas si esa transición no se hace de forma justa y no se diseñan políticas industriales centradas en esos lugares. Una descarbonización justa no se puede hacer sin diálogo social y concertación.
Volviendo al acuerdo para la reforma laboral, con ser importantes, lo más relevante no son tanto sus contenidos concretos como el procedimiento seguido para alcanzarlos.
Sobre los contenidos caben valoraciones distintas. La mayoría legítimas. Probablemente, ninguno de los protagonistas está del todo contento con su totalidad. Cada uno hubiese preferido avanzar más o menos en alguno de ellos. Pero todos han cedido en sus pretensiones para buscar el acuerdo con los otros. El máximo común divisor. La grandeza de la propuesta es que constituye un acuerdo armónico de frustraciones recíprocas. En eso consiste la convivencia y la democracia.
Lo más relevante de la reforma es el camino seguido para alcanzarla: el diálogo y la concertación. He escuchado a mi antecesor en la presidencia del CES, Marcos Peña, experto en el arte de la búsqueda de consensos sociales, que la verdad en la ordenación de las relaciones laborales está en el procedimiento de búsqueda. La verdad entendida como lo que es posible y bueno en cada momento.
Para comprender mejor porque doy tanta importancia al “cómo” de la reforma, conviene hacer una distinción entre políticas y reformas. Las políticas son actuaciones que los gobiernos toman (con las reglas e instituciones) dentro de los procesos de decisión vigentes. Para su aprobación sólo necesitan contar con sus mayorías parlamentarias. Un ejemplo de políticas son los Presupuestos Generales del Estado. Por el contrario, las reformas implican cambios en las reglas e instituciones que regulan el funcionamiento de la economía y determinan, por ejemplo, cómo se reparten los costes de las recesiones y los beneficios del crecimiento. Un ejemplo son los ERTE. Han repartido de forma más equitativa los costes de la recesión pandémica de lo que hizo la regla de la “austeridad” utilizada en la recesión de 2008.
Las reformas que cambian las reglas e instituciones vigentes han de buscar el apoyo de mayorías sociales y parlamentarias amplias. Solo así serán estables. Las reformas oportunistas, aquellas que se llevan a cabo sin consenso, aprovechando una crisis o la debilidad de alguno de los actores, quedan sometidas al zig-zag de la política. De ahí que la Economía Política recomiende que las reformas se lleven a cabo mediante procedimientos de diálogo y concertación, de “consenso social”. Por eso es también recomendable que el apoyo político a las reformas vaya más allá de la mayoría simple que necesitan las políticas.
El esfuerzo, el tiempo, las resistencias y las renuncias que han tenido que aceptar todos los actores que han participado en el acuerdo permiten comprender mejor la exigencia de los actores sociales de que en su convalidación parlamentaria no se cambie “ni una coma”. Podría entenderse como una imposición inadmisible dado que la soberanía política, la potestas, reside en el Parlamento. Pero este no es el caso. Esa exigencia es la contrapartida lógica al esfuerzo de consenso social desarrollado. Además, hay que recordar que nuestra Constitución, en su Título Preliminar, junto a los partidos políticos (art. 6), menciona a los sindicatos y a las patronales (art. 7) como actores fundamentales de la vida económica y social, y ordena a los actores políticos fomentar su participación en las decisiones públicas. Esta democracia social mejora la democracia política, no la sustituye.
Un aspecto muy positivo de este acuerdo es que deslegitima el abuso de la temporalidad y la precariedad laboral, a la vez que compromete al mundo empresarial en la formación de los trabajadores y en la lucha por una economía moral. Al contrario de lo que en ocasiones se piensa, una economía justa promueve el dinamismo económico, la innovación, la productividad y el crecimiento. Una economía justa es un pilar básico de una economía vibrante. Al haber logrado convencer de esta visión de futuro, los dirigentes empresariales que han liderado este acuerdo tienen motivos para estar orgullosos.
Junto al elogio, permítanme hacer una defensa del consenso social como procedimiento eficaz y justo para afrontar las reformas que se han de llevar a cabo para enfrentarnos a los desafíos de la digitalización y la descarbonización. Junto con promesas de prosperidad y vida buena, estas transformaciones introducen una elevada incertidumbre frente al futuro. Utilizando la terminología de John Rawls, el gran filósofo de la justicia y del contrato social del siglo XX, esta incertidumbre crea un “velo de ignorancia” que no nos permite saber cómo estaremos nosotros (y nuestros descendientes) cuando surjan los resultados de las reformas. En estas circunstancias, la teoría de la política económica recomienda buscar “contratos voluntarios y unánimes” para las reformas; es decir, el “consenso social”.
La pandemia de la covid ha permitido recuperar la cultura de diálogo social y la concertación, que tantos y tan buenos frutos ha dado a lo largo de la Transición. La manifestación más importante de este retorno del diálogo social es el acuerdo para la reforma laboral. ¡Ojalá no se frustre!
Antón Costas es catedrático de Economía, presidente del Consejo Económico y Social y consejero de Estado.