Alejandro Lerroux (1864-1949) fue un político con mala prensa. Cordobés de nacimiento y republicano por convicción, en la primera fase de su trayectoria política, a principios del siglo XX, demostró grandes dotes como hábil movilizador de las clases populares de Barcelona gracias a su destreza para conjugar la conspiración, la demagogia y el populismo. Odiado por propios y extraños, los catalanistas de la Lliga lo consideraron la viva encarnación del españolismo centralista, al osar disputarles durante varios años -como si no fuera legítimo- el espacio político. Su imagen va ligada con aquel famoso exabrupto en el que invitó a levantar el sayón a las novicias para elevarlas a la categoría de madres. También, con la corrupción municipal y, ya en el declive de su trayectoria, con los escándalos financieros (el famoso estraperlo) en los que se vio envuelto su partido, el Republicano Radical, y algunos de sus allegados.
No fueron desdeñables, efectivamente, los errores, los despropósitos y los patinazos cometidos por Lerroux a lo largo de su dilatada vida como político profesional. Pero la suya fue una biografía fascinante desde muchos puntos de vista. No en vano, de ella trataron los que sin duda se pueden considerar dos de los mejores estudios de la historiografía española en los últimos 30 años: La rosa de fuego (1975) de Joaquín Romero Maura, y El Emperador del Paralelo (1990) de José Alvarez Junco. Maximalismos de juventud aparte, a nuestro republicano le cupo el mérito de incorporar grandes capas de la población al juego político con el banderín de enganche, como buen jacobino, de luchar contra la desigualdad social y los privilegios territoriales. Ello, enriqueció el mercado de las ideas en Cataluña y, por extensión, en toda España, en un momento en que no era fácil por las limitaciones del régimen liberal, las de las fuerzas que pretendían impugnarlo y las de la propia sociedad española (analfabetismo, atraso económico, desvertebración territorial...).
Hay un Alejandro Lerroux, sin embargo, en el que se suele reparar menos: aquél que dio un giro hacia la moderación en los años inmediatamente posteriores a la Primera Guerra Mundial y cuya mejor proyección se escenificó, con todos los matices que se quiera, durante la II República. Ya era un hombre mayor, muy alejado de sus planteamientos iniciales, pero con una gran experiencia. Desligado muy pronto de la Coalición Republicano-Socialista que alumbró aquel régimen, a diferencia de sus aliados de primera hora, se embarcó en un proyecto liberal-democrático integrador, con el objetivo de construir una auténtica democracia nacional y no un régimen excluyente que arrumbara a toda costa con el pasado. Así, Lerroux representó en la España de los años 30 «la política de centro», la República que no pudo ser, según el afortunado título del magnífico libro de Nigel Townson (2002). Ahora que está de moda reivindicar esa etapa de nuestro pasado, con frecuencia se olvida que entonces no hubo sólo un proyecto democratizador (el del bienio social-azañista, luego prolongado en la etapa del Frente Popular), sino varios.
Cuando constató la imposibilidad de crear un gran frente republicano desligado de las servidumbres que acarreaba a la joven democracia la alianza con los socialistas, Lerroux, por puro posibilismo y lógico afán de formar gobierno, jugó la carta de atraerse al sector accidentalista y a los no extremistas -mayoritarios por definición- de la España católica y conservadora. Ahí fue, ante empresa tan difícil, donde su figura política se agrandó. Tuvo muy claro que había que republicanizar ese universo, convencido de que no se le podía expulsar del régimen ni construir éste sin su colaboración. Lo hizo, desde luego, por pura aritmética parlamentaria, pero también por convicción democrática. Apenas se suele subrayar que, con los conservadores, Lerroux ensayó el mismo papel que Manuel Azaña con los socialistas, aval que al segundo le reconocen los que resaltan sus dotes de estadista.
De esta guisa, una vez que accedió al poder tras las elecciones de noviembre de 1933, el viejo republicano intentó gobernar con templanza, sensatez y realismo. Y no sólo porque su gobierno dependiera de los escaños de la CEDA. En consecuencia, eliminó el anticlericalismo oficial y callejero que se había practicado en el primer bienio, claro atentado a la libertad de conciencia, como ha señalado Manuel Alvarez Tardío (2002). También liberalizó parcialmente el asfixiante corsé intervencionista construido en las relaciones laborales en el periodo anterior, puesto al servicio del poder corporativo de los socialistas. En virtud de ello, suprimió la infumable Ley de Términos Municipales y convirtió los jurados mixtos, encargados de arbitrar entre patronos y obreros, en organismos independientes. Pero su ministro de Trabajo buscó el diálogo con los sindicatos y les dio la razón en no pocos conflictos laborales. Por su parte, el de Agricultura, lejos de paralizarla, aceleró la Reforma Agraria con gran disgusto de los terratenientes.
Cuando la izquierda revolucionaria y el independentismo catalán lanzaron un órdago al Estado republicano en octubre de 1934, a Lerroux no le tembló el pulso al ordenar al Ejército la represión de aquella insurrección armada. Ante el desafío de la violencia, tuvo muy claro que la democracia sólo podía sostenerse bajo el imperio de la ley. Sin embargo, cuando se planteó el enjuiciamiento de los responsables de aquella rebelión, Lerroux predicó la reconciliación y no la venganza, aguantó la fortísima presión de sus socios de la derecha y conmutó casi todas las penas de muerte dictadas por los tribunales.
En los tiempos que corren, muchos ciudadanos de nuestro país echan en falta el realismo pragmático de hombres como el último Lerroux, que, por otro lado, caracterizó también a otros políticos de la República. Singularidades aparte, sería legítimo colocar en un plano similar a personajes que no resultan tan familiares pero que, en un contexto distinto y bajo otros liderazgos, podrían haber realizado aportaciones decisivas para consolidar aquel experimento democratizador. De derecha a izquierda y por sólo nombrar algunos: los católicos Manuel Giménez Fernández y Luís Lucia, el republicano conservador Miguel Maura, los liberales Santiago Alba y Melquíades Alvarez, el catalanista Francesc Cambó, los republicanos de centro-izquierda Felipe Sánchez Román y Diego Martínez Barrio, los socialistas Julián Besteiro y Fernando de los Ríos, e incluso, por qué no, los inolvidables Joan Peiró o Angel Pestaña, sindicalistas de pura cepa que fueron arrinconados durante la República por el sector intransigente de la CNT.
Lo curioso del caso es que en la accidentada Historia contemporánea de España han proliferado los políticos de esta especie, por encima de que su ascendiente público no llegara siempre a ser el deseable. Nos lo refresca la reciente compilación de Javier Moreno Luzón: Progresistas (2006). Y no hablo sólo de la, ahora más que nunca, insuficientemente reivindicada Transición, a la cabeza de la cual hay que situar, claro está, al Rey Juan Carlos y al añorado Adolfo Suárez, pero también al Santiago Carrillo que se desligó de las fórmulas rupturistas, al Manuel Fraga que atrajo el franquismo sociológico al juego democrático, al Josep Tarradellas o al Miquel Roca que apostaron por un catalanismo abierto, o al Felipe González que rompió con el marxismo y, una vez en el gobierno, se rodeó de eficaces colaboradores socialdemócratas y liberales.
Salvando las distancias, podríamos remontarnos incluso a los tiempos de Cánovas y Sagasta, a finales del siglo XIX, aunque siempre habría quien, para descalificarlos, llamara la atención sobre el carácter oligárquico y caciquil de su régimen, realidad que, dicho sea de paso, era la que imperaba en la mayor parte de Europa. Por la vía del pacto, aquel régimen proporcionó una más que razonable estabilidad política a nuestro país durante la friolera de casi cinco décadas. Su gran logro fue poner límites a las legítimas discrepancias de los partidos mayoritarios, el Conservador y el Liberal, lo que les permitió establecer acuerdos intocables en las cuestiones trascendentales: el marco constitucional, la estructura del Estado, la preservación de la alternancia, el modelo económico y el marco cultural-simbólico nacional. El consenso en asuntos tan vitales garantizó la convivencia y evitó que aquella sociedad se deslizara hacia el despeñadero como ocurrió durante la República de 1873 y la de 1936. El turno y la lealtad bipartidistas preservaron así la gobernación del país, evitando que las mayorías parlamentarias dependieran del apoyo de minorías no siempre leales con el sistema y por naturaleza proclives a cobrar un precio desmesurado.
Todos los ejemplos referidos aluden a gentes impregnadas de una cultura que podríamos calificar como liberal o, según los casos, liberal-democrática, pero no sólo por las ideas -en sentido literal en algunos de los citados, no así en otros- sino también por su apego a las fórmulas dialogantes. Obviamente, el sentido que aquí se le confiere a la palabra liberal es muy amplio. Poco tiene que ver -y la idea se podría extrapolar al presente- con aquellos que equiparan el liberalismo, simplemente, con la reducción del Estado a su mínima expresión, la bajada de impuestos o el cultivo de una filosofía social-darwinista. La gente a la que me refiero se identificaba con una concepción de la política que, amén de las libertades individuales, daba prioridad al principio de transacción, a la tolerancia frente al adversario y a las formas educadas escenificadas en la esfera institucional. Por tanto, hablamos de unos líderes que en la competición política se ubicaron muy lejos de los que continuamente recurrieron a las palabras y a las acciones vociferantes, al insulto, la descalificación, la intransigencia y la movilización frentista en la calle, una modalidad de entender la política de claras resonancias totalitarias, en suma, que históricamente ha salpicado también a no pocos de los que se han reclamado herederos de una cierta tradición liberal (acordémonos del Trágala).
No deja de ser triste y revelador que muchos de los personajes a los que se ha reservado un lugar preferente en los manuales de Historia del siglo XX, no sólo por su protagonismo objetivo sino por servir de iconos a cientos de miles de españoles durante el periodo de entreguerras pero también después, hayan sido precisamente los que se definieron por la radicalidad, la justificación de la violencia, el sectarismo, la ingeniería social o una concepción redentorista, excluyente e iluminada de la vida política: Francisco Franco, Dolores Ibarruri, José Calvo-Sotelo, Francisco Largo Caballero, José Antonio Primo de Rivera o Buenaventura Durruti, por citar sólo algunos de los más representativos.
Fernando del Rey Reguillo, profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense de Madrid.