Empate catastrófico en Cataluña

Cataluña avanza hacia un escenario de sinrazón colectiva generalizada. Un contexto de inestabilidad muy grave que puede proyectar un desenlace inquietante allí, en el resto de España e, incluso, en toda Europa. Barcelona puede ser a nuestro tiempo lo que París fue para la revolución de 1848: el laboratorio de un colapso institucional y legal sistémico que extienda su experiencia populista por toda la geografía de un continente vulnerable y expuesto a la propagación de las pasiones políticas. La razón populista acecha y las sombras sentimentales que la sustentan asedian los fundamentos de legalidad y moderación de todas las democracias europeas.

La aprobación de las leyes de referéndum y transitoriedad catalanas ha provocado un precedente populista que daña gravemente la seguridad jurídica de nuestro sistema de garantías individuales. Se ha iniciado una crisis estructural que afecta al Estado al cuestionarse los resortes institucionales que hacen viable la convivencia legal que caracteriza a las sociedades abiertas. Con estas decisiones se ha excepcionado peligrosamente nuestra democracia formal. Máxime si desde la Generalitat y otras instituciones catalanas se apela directamente a que los sentimientos se adueñen de las calles por aclamación. Cataluña avanza así hacia el desbordamiento de la legalidad por la sinrazón tumultuaria. Con esta maniobra se constata cómo el populismo hegemoniza el desarrollo del proceso soberanista. De hecho, emerge a la superficie de los acontecimientos un vector subversivo que resetea las estructuras de clase que han dirigido el catalanismo histórico desde la Renaixença a la aprobación de la reforma del Estatut de Cataluña.

Esta oleada populista utiliza al nacionalismo para dislocar el aparato institucional del Estado de derecho. Hegemoniza su relato y desactiva la moderación original que inició su andadura con la Transición. El objetivo es disolver el componente dialógico y pactista del catalanismo y combatir explícitamente la fuerza de la ley a la hora de garantizar la seguridad jurídica que plasma la paz social y que es, no lo olvidemos, la razón misma del Estado de derecho. Con estas maniobras se manipulan los malestares colectivos de muy diversa procedencia y naturaleza, y se hacen converger todos ellos en un punto de fricción y tensión insoportables. En este caso, se localizan alrededor de la materialización, como sea y al precio legal que sea, de un referéndum sin garantías de ningún tipo. Con ello no se busca que el pueblo exprese su voluntad acerca de la independencia de Cataluña, sino otra cosa: crear las condiciones para que se produzca un “empate catastrófico” populista que despliegue sus efectos sociales después del 1-O. Un momento de colisión estructural que genere una presión tan intensa y violenta que acabe reventando las costuras de una convivencia social herida por la crisis.

El “empate catastrófico” es para el populismo una etapa más en la estrategia de dislocación del Estado. El objetivo es el colapso de este mediante la confrontación en la calle de los proyectos políticos y los bloques sociales que alimentan la dialéctica amigo-enemigo del populismo. Y todo ello a partir de un pulso de voluntades sin solución. Un pulso que ponga en jaque la paz social y paralice durante semanas o meses el sosiego cívico. Se trataría de condensar emocionalmente los diversos malestares sociales en un excedente de indignación que configure épicamente una voluntad colectiva nacional-popular que rompa la resistencia institucional al someterla a contradicciones legalmente irresolubles que hagan colapsar el statu quo mediante la ruptura de la convivencia colectiva.

El populismo enseña en estos momentos en Cataluña sus dispositivos de acción y relato. Agrega actores diversos y golpea con la violencia de un lenguaje que fractura la sociedad entre amigos y enemigos, al tiempo que proclama la futura construcción de un pueblo renovado que sustituye el todo catalán por la parte independentista. Y todo ello despreciando la institucionalidad vigente al adjetivarla como represora y arbitraria, invirtiendo ante la opinión pública internacional la carga de la prueba y confundiendo sentimentalmente el marco de objetivación social que interpreta la realidad misma.

¿Cómo salir de este bucle de condensación épica que busca la catástrofe de rebasar líneas rojas para las que no hay vuelta atrás si se inocula la rémora de la culpa y la responsabilidad de la ruptura? Rechazando la dialéctica schmittiana del amigo-enemigo e invocando la solidaridad afectuosa que recomponga el “nosotros” del pueblo como sujeto político soberano.

El objetivo es desmentir el empate catastrófico y restablecer los cauces dialógicos de la democracia mediante su cuidado a través del restablecimiento de su plena potencialidad reformista. Pero para que eso opere es necesario, antes, restablecer la legalidad que nos protege a todos de la arbitrariedad. Sin reglas y límites formales y sustanciales no hay democracia sino tiranía del número, sea cual sea este, pues, como señalaba Kelsen: la democracia de la mayoría solo se hace soportable cuando es ejercida de forma procedimental, limitada y regular.

O la democracia es deliberativa o no es democracia. Y esto es fundamental a la hora de reconducir el escenario de aporía al que nos enfrentamos en estos momentos en Cataluña.

Si esa sombra de la democracia que es el populismo se adueña de los acontecimientos, entonces, hay que desarrollar una acción política orientada a disiparla mediante el restablecimiento del único marco posible para el diálogo: la legalidad. Ley ahora y diálogo mañana si queremos restañar las heridas colectivas que se están produciendo e impedir el empate catastrófico que se dibuja en el horizonte. En el diálogo racional que ampara la ley democrática está, por tanto, la derrota del populismo. Pero solo será posible si admitimos que el diálogo debe ser leal y basado en un patriotismo constitucional que renuncie a la confrontación buscada tanto por los nacionalistas españoles como los catalanes. Un diálogo que ineludiblemente tendrá que debatir sobre la identidad colectiva que queremos construir los españoles en el siglo XXI. Circunstancia que tendrá que hacernos revisitar, sin duda, los conceptos de España y Cataluña y si las ideas homogeneizadoras y esencialistas que la Revolución Francesa y el Romanticismo alemán introdujeron al respecto en una y otra siguen siendo viables en los entornos de complejidad posmoderna actuales.

José María Lassalle es secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de España.

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