Empresas democráticas

El Ministerio de Trabajo ha hecho pública hace unos días una propuesta de reforma legal para "adecuar el Estatuto de los trabajadores al siglo XXI" y "democratizar las empresas", dando entrada en sus consejos de administración a representantes de los empleados, ya que, según la vicepresidenta Yolanda Díaz, el actual Estatuto adolece de "deficiencias autoritarias". Tales ideas están en línea con el comportamiento del Gobierno en otros campos de la economía. Pero chocan con algunos principios básicos de la economía de la empresa. Es evidente que la democracia puede ser un buen instrumento para resolver el problema de toma de decisiones colectivas cuando existe una pluralidad de opiniones e intereses enfrentados. Y que el mejor sistema -o el menos malo, podríamos decir parafraseando a Winston Churchill- para elegir, por ejemplo, a un alcalde es el voto popular. Lo mismo cabe decir si se trata de nombrar a un gobierno nacional; y el modelo es extensible a muchos otros supuestos. Pero no a todos los casos, ciertamente.

A nadie con dos dedos de frente se le ocurre que la mejor forma de designar al coronel de un regimiento sea mediante una elección en la que los soldados opten entre diversos jefes del Ejército aspirantes al puesto, ni que las decisiones en una operación militar se adopten por votación. Simplemente, porque el regimiento no puede funcionar de acuerdo con principios diseñados para instituciones muy diferentes.

Y algo similar ocurre con las empresas. En uno de los artículos de economía más importantes del siglo XX, Ronald Coase popularizó la definición de las empresas como "islas de poder" basadas en el principio jerárquico, que actúan en ese marco de relaciones contractuales libres que es el mercado. A ninguna persona se le puede obligar a trabajar en una determinada actividad; pero, una vez que ha firmado su contrato y forma parte de una empresa debe aceptar los principios jerárquicos de ésta en el marco de dicha relación contractual. Cuando en este contexto se habla de democracia, a lo que se hace referencia no es tanto a que las decisiones se adopten por acuerdo como a determinar quién está en la cumbre de la jerarquía. Es bien conocida, en la literatura sobre gobierno corporativo, la distinción entre 'shareholders' -los accionistas dueños de la sociedad- y 'stakeholders' -personas, grupos o incluso entidades que se ven afectados por la actividad de la compañía, los trabajadores entre ellos-. Y se discute hasta qué punto los 'stakeholders' deben desempeñar algún papel en la toma de decisiones de la empresa. Pero no cabe duda de que los dueños de ésta son los accionistas; y habría que preguntarse si existiría gente dispuesta a emprender negocios y a arriesgar su dinero en compañías que podrían tener problemas para controlar.

Cajas de ahorros

Aunque cuando se discute este tema en España se suelen mencionar experiencias internacionales -en especial, la institución alemana del 'Aufsichtsrat', o consejo de vigilancia (que no es lo mismo, por cierto, que el consejo de administración)-, en nuestro país hemos tenido ya alguna experiencia de incorporar a los trabajadores y a los sindicatos a determinados consejos de administración. Y los resultados no fueron precisamente brillantes. Me refiero al modelo de órganos rectores de las cajas de ahorros que estuvo en vigor hasta la crisis financiera, que se llevó por delante a un gran número de cajas y obligó a una reforma total de estas entidades. A nuestros efectos, es interesante releer hoy el texto de la Ley 31/ 1985 -que regulaba esta materia- porque en su Exposición de motivos se habla expresamente de que la norma pretende "democratizar los órganos de gobierno de las cajas de ahorros" y "conciliar esta democratización con las exigencias de una gestión eficaz". Y en su artículo 13, sobre la composición de los consejos de administración de las cajas, se establecía que en ellos debían estar representados, entre otros, el personal que trabajaba en esas entidades. Es decir, algo no muy diferente de lo que parece que pretende el Ministerio de Trabajo; en esta ocasión con un ámbito de aplicación mucho más amplio, que afectaría a un gran número de empresas privadas.

Creo que no hace falta recordar con detalle lo lamentable de aquella experiencia y lo que fueron realmente los consejos de administración de las cajas, en los que había "participación democrática" de corporaciones municipales, impositores, entidades fundadoras, empleados y sindicatos. Esto es, de los 'stakeholders' antes mencionados, en unas entidades sin derechos de propiedad claramente definidos. Si algunos términos pueden definir lo que fue el funcionamiento de tales órganos rectores, éstos serían mala gestión, politización, corrupción y abusos de todo tipo. Hubo excepciones significativas, ciertamente. Pero lo que ocurrió en un gran número de casos debería ponernos en guardia ante las supuestas virtudes de la "democratización" de los consejos de administración en un país como España, con una tradición sindical como la que aquí tenemos.

Es muy probable que esta propuesta acabe en nada; tal vez porque prevalezca el sentido común o, simplemente, porque la compleja estructura de las decisiones políticas la haga fracasar. Sería, sin duda, lo mejor que podría ocurrir; porque "democratizar" y ver lo que pasa después sería realmente peligroso. Para muchas empresas en particular y para la economía española en su conjunto.

Francisco Cabrillo, catedrático de Economía en la Universidad Complutense. Fundación Civismo.

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