En Argentina, el derecho penal no puede ser la respuesta al conflicto de las tomas de tierras

Un hombre se sienta dentro de su casa improvisada en Guernica, provincia de Buenos Aires, Argentina, el domingo 27 de septiembre de 2020. (Natacha Pisarenko/AP Photo)
Un hombre se sienta dentro de su casa improvisada en Guernica, provincia de Buenos Aires, Argentina, el domingo 27 de septiembre de 2020. (Natacha Pisarenko/AP Photo)

Mientras en el Congreso de Argentina se discute un proyecto de ley de redistribución de la riqueza, el sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires devuelve una imagen panorámica de la necesidad urgente que este aporte extraordinario y solidario de las grandes fortunas se efectivice como una forma más de achicar los abismos en las brechas de desigualdad que se ensanchan con la pandemia en el país. Alrededor de 2,000 familias y personas solas (entre las que se contaron 2,797 niñas, niños y adolescentes) están viviendo a la intemperie distribuidas en menos de 100 hectáreas en Guernica, partido de Presidente Perón. Cuando una recorre el lugar se vuelve con flashes que son como trompadas. Es el claro impacto de la crisis sanitaria en las poblaciones más pobres: familias durmiendo sobre la tierra, debajo de ranchos improvisados con techos de lonas de plástico, nylon o chapas, casillas que no tienen baños, sino pozos, y dependen de vecinos de los barrios aledaños para tomar agua.

Los ranchos son tan precarios que ni el propio Estado los llama viviendas. “Hechos físicos” es el concepto que usó el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires para contar las carpas y construcciones que se despliegan en el territorio.

Cuando las personas que hicieron el relevamiento les preguntaron a los y las ocupantes por qué estaban ahí, 1,544 manifestaron no tener trabajo y no poder pagar un alquiler, 183 explicaron que vivían en condiciones de hacinamiento, 51 contaron que eran víctimas de violencia de género y 32 explicaron que ya estaban en situación de calle.

Aunque el colapso habitacional y la necesidad de una tierra para vivir se tratan de problemáticas sociales, el futuro de estas familias hoy se debate en la justicia penal.

Y es que las causas judiciales atraviesan el predio en cuestión como flechas porque los terrenos, que estaban totalmente vacíos, tienen dueños. El principal denunciante ante el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta es la empresa Bellaco S.A, que se dedica a la construcción de vecindarios privados en la zona. Según una investigación publicada en la revista Crisis, la empresa le debe a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires cerca de un millón de pesos en impuestos.

El 1 de octubre es el día que fijó el juez Martín Rizzo para un desalojo masivo del terreno. La Defensora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham, junto a organismos de derechos humanos con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Servicio Paz y Justicia, entre otros, presentaron una carta ante la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires para que deje sin efecto esta medida de expulsión.

Guernica hoy no es la única ocupación de tierras que hay en Argentina en este momento pero sí es la más extensa. Según la misma investigación de la revista Crisis, las ocupaciones en el conurbano se intensificaron durante la pandemia, registrando tomas de tierras en al menos otros ocho municipios de la provincia.

La semana pasada, el gobierno anunció que mantendrá suspendidos los desalojos por falta de pago y seguirá el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 31 de enero de 2021. Sin bien son medidas que alivian a parte de las familias inquilinas, estos escudos no llegan a las personas que tuvieron que tomar estas tierras en la desesperación ni tampoco pueden ser respuestas extraordinarias a la crisis provocada por el coronavirus. El problema habitacional es histórico y estructural. La pandemia, de acuerdo con el CELS, anudó la precariedad con la que sobrevivían las familias inquilinas: acumulación de deudas, bajos ingresos y gastos habitacionales fuera de proporción.

En Guernica son muchas las mujeres jóvenes que, antes de la pandemia, podían pagar un alquiler. “Muchas de nosotras nos vimos frente a la peor decisión que puede vivir una madre: elegir entre pagar un alquiler o comprar comida y pañales para nuestros hijos”, dicen en la carta de la asamblea feminista de Guernica dirigida a las ministras Elizabeth Gómez Alcorta y Estela Díaz.

Las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran que en el segundo trimestre de 2020, la tasa de desocupación fue de 13.1%. Los números suben en todos los grupos de sexo y edad, pero se destaca el aumento en las mujeres de 14 a 29 años, para las que crece en 4.6 puntos, al pasar del 23.9% en el primer trimestre de 2020 al 28.5% en el segundo trimestre.

El derecho penal no debería ser una herramienta para desarmar este nudo que requieren una respuesta política e integral. La clave ahora está en cómo el gobierno nacional y provincial resuelvan este conflicto. Un gobierno nacional que por primera vez tiene un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y otro de Desarrollo Territorial y Hábitat debería estar a la altura de una respuesta humanitaria y feminista que frene el desalojo y les permita a las familias tierras para vivir, futuros para habitar.

María Florencia Alcaraz es periodista especializada en temas de géneros y derechos humanos. Vive en Argentina y es una de las directoras de LATFEM.

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