En defensa de la democracia liberal

Hace unos días el Vicepresidente de España dijo que se ha dado cuenta de que «estar en el gobierno no es estar en el poder». Lo que parece convertir a España, según el vicepresidente, en una «democracia limitada».

A renglón seguido igualó al fugado Puigdemont con los exiliados republicanos que abandonaron nuestro país hace 75 años, equiparando la nación de la que él es vicepresidente con una dictadura.

Estas declaraciones, tan peligrosas como provocativas, son también la factura del populismo que lleva años carcomiendo los cimientos de la democracia liberal.

No es casualidad que populistas de extremo a extremo ataquen las instituciones democráticas, la separación de poderes, la libertad de prensa, o los límites que la soberanía nacional, a través de la Constitución, impone a los poderes del Estado.

Lo preocupante es comprobar cómo la democracia liberal, después de tantos años y cuando creíamos que estaba consolidada tras haber hecho frente y vencido a todo tipo de totalitarismos -fascista y comunista-, se encuentra ahora vulnerable y atacada sin complejos.

Hace dos siglos los españoles emprendimos un camino de no retorno. El de un liberalismo que defiende que los ciudadanos necesitan ser gobernados por consenso, de modo que se sometan voluntariamente a las leyes hechas por otros hombres y no por el absolutismo, como hasta entonces.

Ser liberal no es ser de derechas o de izquierdas, ser liberal es creer en la soberanía del individuo, con un Estado que garantiza derechos protegiendo a los ciudadanos de la agresión y coerción de terceros, incluyendo la agresión y coerción del propio Estado. Eso de lo que amargamente se queja Iglesias.

Nos recuerda Locke que el individuo mantiene sus derechos como individuo y con independencia del grupo social al que pertenece. Estos derechos obligan a los demás a tratar a cada uno como un ser libre, con soberanía. Es decir, el liberalismo protege los derechos del individuo frente a la tiranía de la mayoría, algo de la que ya nos advertía el pensador británico Stuart Mill hace más de un siglo y medio.

Gracias a esta herencia liberal que hoy algunos repudian, si un gobernante, y no son pocos, decide incumplir una Ley en nombre de la voluntad del pueblo debe ser inmediatamente juzgado.

Porque en democracia la ley no es la voluntad del que tiene el poder, sino que es fruto del consenso entre diferentes. Claro que la base de esta forma de entender la convivencia pasa por defender el derecho a pensar diferente, a poder oponerse. Algo que continuamente niegan todos aquellos que atacan la democracia liberal, como algunos ministros del actual Gobierno de España cuando acusan de fascistas y antidemócratas a todo aquel que no piense como ellos.

El asalto al Capitolio de EEUU que vimos hace unos días, los «rodea el Congreso» o la sedición de algunos representantes del Estado en Cataluña son ataques a esta forma de entender la convivencia. Diferentes en la forma, sí. Pero similares en el fondo.

Los tres se creen engañados, buscan un culpable, y todos creen que la voluntad popular está por encima de la ley. Como si la ley no fuese otra cosa que un pacto entre todos los ciudadanos.

Los demócratas nos estamos jugando mucho: la prosperidad y la libertad de las próximas décadas. La descarnada lucha entre izquierdas o derechas es irreal, hace años que los diferentes conviven con unas mismas reglas de juego.

La verdadera batalla de nuestra generación es entre la democracia liberal y el populismo. Perderla sería volver a la oscuridad del absolutismo. Retroceder dos siglos. Volver a un Estado en el que el disidente es aniquilado y el Poder es ilimitado, como tanto ansían algunos. Porque «El Estado soy yo», decía Luis XIV, y el poder es mío, añadiría Pablo Iglesias.

Por eso, desde el ayuntamiento del municipio más pequeño hasta el Parlamento Europeo daremos la batalla por la libertad y la convivencia porque no solo está en juego el presente, sino también el futuro de nuestros hijos.

Dolors Montserrat es portavoz del PP en el Parlamento Europeo.

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