En defensa de la meritocracia (precisamente porque no existe)

La opinión pública es siempre un régimen imperfecto. En ella conviven argumentos válidos junto con falacias, analogías imprecisas o sesgos malintencionados. Siempre ha sido así y mientras seamos capaces de distinguir la moneda verdadera de la falsa tampoco será tan grave. Sin embargo, el debate en torno a la meritocracia ha inaugurado una nueva estrategia argumental absolutamente insólita y que a duras penas responde a la vocación semántica del concepto.

Desde que Michael Sandel publicara La tiranía del mérito, han sido muchos los seguidores que se han abonado a una tesis que, en puridad, ya aparecía sugerida en la Teoría de la justicia de John Rawls. En su mejor formulación la tesis tiene algo de cierto, esto es, que las élites presentan como mérito individual lo que no es más que una ventaja contextual. Sin embargo, esa intuición atinada y cabal ha degenerado hasta resumirse en un verdadero disparate que no deja de extenderse.

Uno daría en pensar, de forma intuitiva, que la meritocracia es la única forma cabal y republicanamente justificada de permitir ciertas desigualdades legítimas. Incluso los más igualitaristas (aquellos que sostienen que podría, por ejemplo, repartirse el PIB entre los ciudadanos de la nación) tendrían que enfrentar la siempre compleja paradoja del reparto de terminados privilegios finitos como son los cargos públicos.

Ya los clásicos idearon distintas formas para distribuir las magistraturas y, parece obvio, si tenemos que seleccionar quiénes serán los próximos letrados del Consejo de Estado o si debemos elegir al gerente de un hospital público, los criterios consignados en nuestra Constitución (a saber, el mérito y la capacidad) parecen ser dos criterios justos. Son, además, dos marcadores respetuosos con la igualdad civil esperable en cualquier democracia liberal y son, además, sensibles a la retribución de la virtud que debe reconocerse en toda comunidad política moralmente instruida.

En muchas ocasiones históricas las élites han justificado sus privilegios en razón de un mérito que o bien era inexistente o bien era heredado. El ardor guerrero del tatarabuelo o la servil lealtad de algún antepasado era suficiente para intentar justificar la desigualdad que a cada uno aprovechaba. Su justificación podía ser falsa, pero fingía o simulaba su condición legítima a partir del mérito.

No cabe duda de que tales abusos se hacen todavía reconocibles en quienes hoy ostentan privilegios que lo son de cuna, pero este hecho en nada empaña el noble criterio rector que propone la meritocracia. Desde su explícita etimología, la meritocracia aspira a situar en el mérito de cada individuo los beneficios resultantes del ejercicio de su esfuerzo y de su propia excelencia, algo que en principio debería poder satisfacer a cualquier igualitarista cabal.

La meritocracia no establece cuál es el espectro de desigualdad legítimo, ni tan siquiera aspira a promocionar dicha desigualdad sino que subraya, como fundamento último, que cualquier diferencia en forma de renta, reconocimiento u oportunidad debe justificarse en el esfuerzo y el rendimiento de cada individuo.

La condición meritoria y bien instruida de la desigualdad legítima habría de ser siempre aliada de los más débiles, pues quien apenas ha tenido una sola oportunidad para prosperar ha tenido mucho más mérito que quien ha contado con un colchón familiar capaz de irle proveyendo de nuevas ocasiones para el ensayo y el error biográfico. Tal vez por este motivo resulta desalentador constatar cómo quienes estarían llamados a defender a las clases populares se entretienen en una logomaquia contraria a la retribución del mérito.

Lo más insólito de la crítica a la meritocracia es la impúdica contradicción que exhibe ya desde su propio enunciado. Lean en uno y otro lado y constatarán que el tuétano esencial del argumento es tan absurdo como lo que sigue: “la meritocracia debe criticarse porque no existe”, olvidando que la condición de cualquier ideal regulativo es precisamente esa, no existir para servir de horizonte rector de todo lo que nos queda por conquistar.

El absurdo de este razonamiento se demuestra si lo prolongamos sobre otros valores que vertebran nuestro consenso civil. La no violencia, la igualdad de derechos o incluso el derecho a la vida podrían, bajo esa misma estrategia argumental, desacreditarse a partir de su inexistencia. Al paso que vamos, alguna mente preclara acabará censurando la paz en el mundo por la misma razón por la que se censura la meritocracia. Esto es, porque, al igual que cualquier ideal regulativo, no existe.

Diego S. Garrocho Salcedo es profesor de Ética de la Universidad Autónoma de Madrid.

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