En defensa de las políticas familiares

En un par de ocasiones me he referido en mi artículo anterior a la existencia de una serie de condiciones necesarias para que una política familiar sea eficaz. Vamos a ver ahora algunos de esos requisitos.

El primero es que esa política debe ser universal. Es decir, no debe excluir de sus beneficios a determinados conjuntos o personas por su condición o su pertenencia a un determinado grupo étnico, religioso o de otra naturaleza.

Hoy día los modelos familiares son más heterogéneos que nunca: familia nuclear, extensa, reconstituida , monoparental, etc. No obstante, cuando se habla de política familiar se incluye cualquier modalidad en la que hay niños pequeños. Ellos son los que justifican las ayudas y no la modalidad de la unión o la falta de ella de sus padres.

Una segunda condición de las políticas familiares es que tienen que ser libres. No se trata de «imponer» la concepción de nuevos vástagos, sino de facilitarla. Con ello se ayuda a muchas familias a realizar sus aspiraciones individuales (tener los hijos deseados) que por razones económicas o financieras no pueden cumplir. Con ello, además, se consiguen alinear los objetivos individuales con los colectivos que pretenden también mejorar la situación de la natalidad en un territorio. Y una tercera, ciertamente importante, es la implicación de los poderes públicos en la puesta en marcha de tales políticas. Implicación significa una voluntad decidida y clara de llevarlas a cabo, pero también dedicar el presupuesto suficiente para que sean efectivas. Algunos partidos ante la grave situación de la natalidad y una cierta presión social, adoptan algunas medidas de carácter cosmético con un presupuesto exiguo que no tienen apenas consecuencias. Con demasiada frecuencia el gran inconveniente de las políticas familiares no es de naturaleza técnica, sino de escasa voluntad e implicación de los poderes públicos. Ante una situación de recursos escasos, las políticas familiares no son prioritarias o sus resultados se ven demasiado lejanos para ser consideradas convenientes en el marco, siempre cortoplacista, en el que se mueven las administraciones.

Necesarias sí, pero no milagrosas. En países cuya fecundidad está por debajo de 1,5 hijos por mujer es prácticamente imposible que puedan elevar dicha tasa hasta 2,1 hijos por mujer, el valor que permitiría la renovación de las generaciones. Pero los índices han llegado a cifras tan bajas (España está, por ejemplo, en 1,2 hijos por mujer) que cualquier subida es positiva.

En este sentido, podemos preguntarnos por los contenidos básicos de una política de ayuda familiar correcta. Creo que se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:

–Medidas que tienden a favorecer la vida y la actividad de los padres. Siempre recuerdo la afirmación de Máximo Livi Bacci para quien la mejor política en favor de la natalidad y la familia se relaciona estrechamente con el mercado laboral. Cuando el padre o la madre o, mejor, los dos tienen trabajo fijo y razonablemente remunerado, la natalidad mejora y se reduce en caso contrario. Un trabajo que debe estar acompañado de los correspondientes permisos de maternidad o paternidad, de la corresponsabilidad de las parejas que deben repartirse derechos y obligaciones, de las posibilidades para desarrollar una ocupación a tiempo parcial y de las medidas necesarias para una buena conciliación entre la actividad y la familia.

–Medidas en favor de los hijos: creación de guarderías suficientes con horarios y precios razonables, incluso gratuitas; servicios de cuidado de los niños en el caso de que ambos padres trabajen; ayudas para la educación de los vástagos (actividades escolares y extraescolares); creación de espacios urbanos para la infancia.

–Ayudas indirectas a la familia: facilidades para que las parejas jóvenes puedan acceder a una vivienda digna en alquiler o propiedad; reducciones para las familias numerosas (educación, transporte, sanidad u otros servicios).

–Ayudas directas en forma de prestaciones dinerarias por el nacimiento y después por cada hijo hasta una cierta edad; préstamos a bajo interés o nulo, con la posibilidad de no devolverlo si se llega a un determinado tamaño familiar; exenciones fiscales que deben ser progresivas en función del número de hijos etc.

Algunos manifiestan que todas estas medidas deben ser «publicitadas», aunque sea de manera balsámica. Otros, por el contrario, no lo creen necesario (porque las parejas tienen claro el tamaño familiar que desean) aunque, eso sí, juzgan que han de ser suficientemente conocidas para que nadie quede al margen de sus beneficios.

Concluyo. Mi tesis, como he pretendido mostrar en los párrafos anteriores, es claramente favorable a las políticas familiares, sobre todo en países como España donde hemos llegado a un desequilibrio entre los hijos deseados por las familias y los que acaban teniendo. Una buena política familiar ayudaría a superar los obstáculos que impiden una natalidad mejor. Eso sería positivo para los padres que así lo quieren, pero también para toda la sociedad que hace ya demasiados años que no es capaz de renovar sus generaciones.

Rafael Puyol es presidente de la Real Sociedad Geográfica.

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