Tal y como narra el propio José Luis Rodríguez Zapatero en su libro El Dilema, a finales de agosto de 2011, en medio de un debate parlamentario de convalidación de uno de los múltiples reales decreto-leyes aprobados ese año, el presidente del Gobierno sorprendió a la Cámara proponiendo incorporar a la Constitución la conocida como «regla de oro fiscal» para garantizar la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, en relación tanto con el déficit estructural como con la deuda pública, y vinculando a todas las Administraciones Públicas. El 27 de septiembre de ese mismo año se aprobó la reforma del artículo 135 de la Constitución de 1978, la segunda reforma de nuestra Carta Magna en sus casi 26 años de Historia.
Los firmantes de este artículo, pese a ser militantes o simpatizantes del PSOE, no compartimos el procedimiento de aprobación que se eligió, posiblemente demasiado rápido, aunque entendemos que las circunstancias que vivía nuestro país en esas fechas, sometido al vapuleo de los mercados ante la entonces pasividad del Banco Central Europeo (BCE), no daba mucho margen para un procedimiento más pausado y con una mayor participación ciudadana. También echamos de menos que en ese momento no hubiera habido un debate más en profundidad sobre lo que significaba esa reforma. La ausencia de dicho debate ha llenado los medios y las redes de eslóganes políticos que no aguantan un mínimo análisis de rigor. Pero no compartir el procedimiento no quiere decir que no compartamos el contenido básico de esa reforma y la necesidad de mantenerla tal cual se aprobó.
Porque, para empezar, España no estaba haciendo nada especialmente distinto a lo que harían el resto de los países europeos unos meses después. En marzo de 2011, cuando empezaba a quedar claro que se estaba avecinando un enorme tsunami que podría dar al traste con la joven unión monetaria, los países de la zona euro decidieron aprobar el fiscal compact, es decir, el compromiso de unas reglas de equilibrio presupuestario a medio y largo plazo. Entre otras cosas, muchos países esperaban que ese pacto contribuyera a vencer la actitud intransigente del BCE, algo que finalmente ocurrió en el verano de 2012. Por tanto, lo que en realidad hizo España en septiembre de 2011 fue adelantarse al cumplimiento de este pacto europeo, con la esperanza de que los mercados financieros le fueran a dar un respiro a dos meses vista de unas elecciones y un cambio de gobierno.
La zona euro ya había tenido reglas fiscales, como el tope del 60% de la Deuda Pública para ser país miembro o el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limitaba el déficit público al 3% del PIB. Unas reglas que habían saltado por los aires en todos los países por la magnitud y duración de la crisis financiera global, convertida después en una crisis de deuda soberana de la zona euro. Por ello era necesario renovar esas reglas fiscales y ganar la complicidad del BCE en la defensa de la existencia del euro.
ENTRE LOS ESLÓGANES políticos derivados de esa ausencia de debate queremos resaltar los más llamativos:
- «La reforma del 135 pone en riesgo el Estado del Bienestar». Todo lo contrario. El Estado del Bienestar es uno de los grandes logros del siglo pasado y lo que hay que buscar son fórmulas no sólo para preservarlo, sino para ampliarlo, hacerlo cada vez más efectivo, más eficiente, más duradero. La sostenibilidad financiera del mismo es una condición necesaria para lograr ese objetivo. Porque hay una verdad difícilmente rebatible, y es que el Estado del Bienestar se desmoronará en el momento en que no podamos pagarlo.
- «La reforma del 135 es de derechas». En absoluto. La búsqueda de la solidaridad y la igualdad entre los ciudadanos no sólo se aplica a la inmediatez del corto plazo, sino pensando en el largo plazo. Por tanto, no tiene nada de progresista dejar a las generaciones futuras cargadas de deuda pública.
Queremos igualdad de oportunidades para los jóvenes, sin importar las circunstancias en que hayan nacido. Queremos que los jubilados tengan una pensión que les permita vivir dignamente. Queremos que los dependientes y sus familiares no sean abandonados a su suerte. Y queremos que esto sea posible no sólo hoy, no sólo ahora, sino de modo sostenible a medio y largo plazo.
Éste no es un dilema nuevo. Lo hemos visto en otros países, como por ejemplo la Suecia de comienzos de los años 30. Gobernaban entonces los socialdemócratas en mitad de una crisis económica y había déficit en las cuentas públicas. En los presupuestos de 1933 se incluyó un anexo, escrito por Gunnar Myrdal, que venía a decir que en situaciones de crisis habría déficit, causado por la evolución cíclica de la economía, pero que sería compensado en épocas de bonanza por un superávit que permitiera hacer frente a esos gastos extra durante las vacas flacas. Esto es lo que se entiende por «estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo» o lo que es lo mismo, establecer un límite al déficit estructural.
- «La reforma del 135 establece el déficit cero para siempre». Falso. Establece un límite al déficit estructural. Y también establece la estabilidad presupuestaria a lo largo del ciclo, pero no periodo a periodo como, por cierto, erróneamente defendía el PP en 2000.
- «La reforma del 135 limita la capacidad de maniobra de la política fiscal». No es cierto en el corto plazo. Establecer un límite al «déficit estructural» otorga más flexibilidad en caso de una grave recesión que establecer un límite al déficit a secas. Porque un «déficit estructural» del 0,5% es compatible con un déficit del 5 ó 6% en caso de una recesión que genere un fuerte déficit público.
- «La reforma del 135 es la causante de los recortes sociales». Falso. Los recortes en gasto social no tienen nada que ver con estabilidad presupuestaria, son sólo recortes. Las coberturas del Estado serán tan generosas como decidamos políticamente, pero debemos ser coherentes y asignar los recursos necesarios para pagarlos ahora y dentro de 50 años. Además, si la estabilidad presupuestaria genera credibilidad internacional, los acreedores estarán más dispuestos a financiarnos y a un coste menor, lo que favorecerá que se eviten unos recortes sociales que serían ineludibles.
- «La reforma del 135 impide el impago de la deuda». No es correcto. Afortunadamente eso ya lo impedía la Constitución de 1978 en su redacción original. Suponemos que nadie en su sano juicio quiera cambiar eso. Otra cosa es la reestructuración ordenada y parcial de la deuda privada que, siguiendo las directrices del FMI pueda implementarse en algunos casos.
- «La reforma del 135 supone un corsé para la Deuda Pública». Esta frase debe ser una broma. Desde que se aprobó la reforma, el ratio de Deuda Pública ha pasado del 70% al 100% del PIB. Un récord de deuda y un récord de aumento de dicha deuda. No queremos ni imaginarnos lo que hubiera ocurrido sin dicho «corsé».
El PSOE ha vuelto a sorprender, esta vez al renegar de una reforma que su propio grupo propuso y votó hace tres años. Las buenas noticias son que, pese a los tres años de retraso el debate finalmente se ha abierto. Las malas noticias son que, al calificar la reforma de «error», ello no abre el debate, sino que lo cierra.
Miguel Sebastián, ex ministro de Industria; Javier Vallés, ex director de la Oficina Económica de Presidencia; Ariane Aumaitre (Universidad de Deusto); Carlos Ladrón de Guevara (Universidad Politécnica de Cartagena). Además, se suman Jimena García-Pardo, Alonso de Ojeda y 13 miembros del colectivo 'Socialismo es Libertad': Francisco Carrillo, Daniel Díaz, Javier Doblador, Víctor Gómez-Frías, Marina Muñoz, Javier Payo, Luis Guillermo de Pablos, Manuel Lobo, Aurora Nacarino-Brabo, Pau Regañas, Emilio Rodríguez, José Rodríguez y Roger Senserrich.