En defensa del empleo

Es ya un hecho incontestable que en los próximos meses nos jugamos mucho en el ámbito económico y del mercado de trabajo. Pasada –relativamente– la emergencia sanitaria, las medidas que se adopten para salvaguardar nuestra economía van a ser determinantes para una escalada económica y social que puede marcar el futuro de nuestro país. Si bien Europa nos puede y nos va a ayudar financieramente, España y todos los países van a tener que poner en marcha planes de reconstrucción económica de manera individualizada y se volverá a comprobar –una vez más– si somos un país a la cabeza europea que sabemos recuperarnos con celeridad y eficacia o si, por el contrario, tristemente volvemos a destacar en récords de paro, déficit y bajada del PIB, volviendo a la mala fama que hemos tenido en algunas ocasiones ante los ojos del mundo. Ya la OCDE acaba de lanzar una advertencia seria de una bajada del PIB español escalofriante. Nunca debemos conformarnos o acostumbrarnos con unas tasas de desempleo tan elevadas que pueden, lamentablemente, volver a incrementarse recordando viejos fantasmas del pasado reciente en la última crisis.

En defensa del empleoLa oportunidad que tenemos por delante debemos aprovecharla porque a los problemas de calado hay que hacerles frente, y cuanto antes mejor, mirando hacia el futuro con propuestas consensuadas, desde la colaboración y no desde la confrontación porque siempre he pensado que el empleo no conoce de ideologías sino de iniciativas que lo favorecen o lo destruyen. Para ello se deben superar diferencias siendo conscientes de que la normativa laboral debe ser una palanca para el impulso del sistema productivo, para mejorar la calidad del empleo y no obstaculizar su creación y desarrollo. Con carácter general, las propuestas que pudieran adoptarse en el ámbito del mercado de trabajo deberían girar en torno a cuatro pilares fundamentales: confianza, certidumbre, diálogo y consenso.

En primer lugar, resulta una obviedad que los empresarios son los que crean empleo. Pero para la creación de empleo la premisa básica es mandar desde los poderes del Estado un mensaje nacional, y fuera de nuestras fronteras, de confianza. Confianza en la economía de nuestro país y en las posibilidades de nuestras empresas. No se debe minusvalorar el mensaje y las formas porque tienen un protagonismo tremendo para la inversión y desarrollo del emprendimiento. Por tanto, sin perder el realismo, la confianza es un pilar fundamental para comenzar el saneamiento de nuestra economía.

En segundo término, certidumbre o seguridad jurídica. No hay mayor lastre para el empleo que no conocer una hoja de ruta clara y transparente por la cual transitar en los próximos meses y años. Estamos acostumbrados a numerosos cambios legales en la normativa laboral para adaptarla a las nuevas realidades sociales y económicas que son extremadamente cambiantes. Nada tiene que ver la España de los años 80, cuando se promulgó un Estatuto de los Trabajadores adaptado a la recién estrenada democracia y a un incipiente despegue económico, a una España del siglo XXI con innovadoras formas de trabajo, nuevas necesidades de los trabajadores y una competencia globalizada por parte de las empresas que precisan de herramientas de flexibilidad laboral distintas. Pero los vaivenes y cambios de criterio, poniendo el foco en acontecimientos pasados (ya superados) no ayudan a generar un clima de entusiasmo empresarial para crear masivamente empleo.

En tercer lugar, convendría escuchar y dialogar con voluntad constructiva. En pocas ocasiones hemos visto cómo los empresarios, grandes o pequeños, y los autónomos están alzando la voz de forma pública y decidida pidiendo soluciones a nuestros gobernantes y ofreciendo propuestas para mejorar su situación. Todas las reivindicaciones van en idéntica dirección: salvar el empleo y salvar la empresa. No hay deseos de despedir, hay interés por sobrevivir en esta crisis tremenda que corre el riesgo de acentuarse. Muchas de esas propuestas son muy acertadas y en sectores tan importantes como la hostelería o el turismo son en verdad urgentes. El empresariado y sus empleados han sido en esta crisis un ejemplo de solidaridad hacia la sociedad y la salud, y deben ser, sin duda alguna, responsables como actores principales en la salida eficiente de esta pandemia.

Por último, hace falta consensuar. El consenso social ha sido en nuestro país (y lo es de forma muy clara en otros países europeos) un motor de cambio positivo de nuestra economía y mercado de trabajo. Se observa una voluntad sincera y positiva en la negociación que están manteniendo patronal y sindicatos para elevar propuestas al Ejecutivo. Habrá, por supuesto, disensos en ciertas materias, pero por lo que se puede observar existe un ejercicio muy notable de responsabilidad por parte de los agentes sociales para la búsqueda consensuada de propuestas que puedan mejorar la situación de España. Mantenerse en posicionamientos ideológicos pasados o inflexibles no puede resolver nada. Ahora es más necesario que nunca superar esas diferencias.

Bajo estos cuatro pilares podrían adoptarse algunas medidas laborales en tres áreas básicas: creación de nuevos empleos, mantenimiento del mismo y formación. En este sentido, debieran proponerse una batería de medidas laborales que, algunas de forma transitoria y otras con una vocación de mayor permanencia, modularan la legislación laboral en determinados aspectos, con objeto de facilitar a las empresas el mantenimiento del empleo o al menos su menor destrucción. Desde esta perspectiva el debate Reforma Laboral sí o no es estéril, porque lo importante son las medidas a tener en cuenta para el crecimiento del empleo y su calidad. Al hilo de ello, curiosamente, algunas de las propuestas que deberían acometerse ahondan en instrumentos que ya se recogieron en la Reforma Laboral de 2012 y que tan beneficiosamente han sido rescatados por el Gobierno en estos momentos. Bajo esta premisa mayor, y siguiendo las recomendaciones de la OIT y de los agentes sociales de nuestro país, es el momento de apoyar a las empresas para que mantengan el empleo (con herramientas de flexibilidad) y la actividad (para que sean viables). También, debe protegerse a los trabajadores (seguridad y salud) en el centro de trabajo.

En materia de creación de empleo, sería importante la reducción de los múltiples tipos de contratación laboral a tres únicos: el indefinido, el temporal causal y el de formación; el cambio del sistema indemnizatorio por extinción del contrato de trabajo, al modelo austriaco ya propuesto en muchas ocasiones (BBVA Research) y el establecimiento transitorio de una causa explícita para la contratación temporal, consistente en el lanzamiento o reanudación de actividad tras el coronavirus.

En el ámbito del mantenimiento del empleo, el concepto de flexiseguridad es claramente la estrategia laboral ganadora y así ha sido adaptada por la UE desde 2005. Se trata de propiciar alternativas a la extinción de los contratos. Ello nos llevaría a proponer un mayor espacio para la negociación colectiva. Se trataría de habilitar a la negociación de ámbito sectorial (micro frente a un diálogo social general) para que se pudieran establecer medidas excepcionales de mantenimiento y creación de empleo con mecanismos de flexibilidad interna, sobre todo en los sectores más dañados por el impacto de la pandemia; una prórroga total o parcial, pero automática, de los ERTEs ya aprobados por fuerza mayor, previa justificación de su necesidad por parte de la empresa, más allá del final del estado de alarma, con mecanismos flexibles y apoyos a empresas para la reincorporación de trabajadores; una simplificación notable de los trámites de suspensión temporal de contratos por causas objetivas (por causas económicas, productivas, técnicas u organizativas), al igual que los de reducción y distribución de la jornada laboral; y, finalmente una nueva regulación del teletrabajo, con mayores facilidades y con apoyo decidido por parte de las autoridades gubernativas, al igual que una regulación innovadora sobre Seguridad y Salud en el trabajo, específicas del coronavirus.

Por último, es muy importante potenciar el mecanismo de la formación profesional dual, como la re-cualificación de los trabajadores que han sido impactados directamente por el coronavirus.

En definitiva, medidas que, auspiciadas en un pacto por el empleo y el futuro de nuestro país, nos sirvan para salir más fortalecidos de esta crisis dramática.

Íñigo Sagardoy de Simón es catedrático de Derecho del Trabajo Universidad Francisco de Vitoria y presidente Sagardoy Abogados.

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